Dentro del cubo de ladrillos, acomodan a Clara, una mujer que, minutos atrás ha visto morir a su hija de 15 años de edad; a su lado a Cinthya, una muchacha de 20 años de edad; luego a una mujer de nombre Patricia y, a la derecha de ésta, a dos varones jóvenes.
Los soldados emprenden una investigación exprés con los sobrevivientes. Algo concluyen los militares que desamarran a quienes continúan atados.
Sobre este momento, dirá Clara ante la autoridad:
“Como a las siete de la mañana —ya con luz del día—, llega una persona alta, de bigote, con uniforme diferente al de los demás militares. Se acerca a los dos muchachos y les pregunta en qué trabajaban y su edad. Les dice que lo acompañen porque les tomarán una foto. Sale esta persona de uniforme distinto y los saca [a los jóvenes]. En eso, escucho disparos provenientes de atrás de la caseta. Después de los disparos, la persona uniformada entra otra vez, pero ya sin los dos muchachos”.
Cynthia también hablará de este momento:
“Un militar le dice a los dos chavos que estaban amarrados junto conmigo que fueran con él para tomarles unas fotos y los lleva a la vuelta del cuarto y escucho unos disparos, después regresó el soldado, pero ya sin los dos chavos”.
[Esta doble ejecución no será descrita en las acusaciones federales. Las autoridades ministeriales y judiciales, civiles y militares, presentarán cargos por homicidio contra un sargento sargentos y dos soldados, cuyos uniformes sólo se distinguen en que el primero lleva dos cintas a manera de insignias y los otros no, aunque este es un pormenor difícil entre civiles ajenos a la milicia, además que en los trajes de campaña las distinciones son camufladas].
—Esa pinche vieja no me convence —repite el militar de uniforme diferente en referencia a Clara.
—¡Si no quieres cooperar, yo veo que te metan 10 años a la cárcel! —la amenaza el militar de vestimenta diferente.
—¡Me violaron! —solloza Cynthia.
—Vamos a buscar al que te violó —propone un soldado y ambos salen del lugar. A unos pasos, Cynthia reconoce, inertes, a los tipos interrogados segundos atrás.
Más balazos. Patricia imagina al joven rostro de Cynthia con los ojos abiertos sin que nadie se compadezca en cerrarlos y ayudarle a descansar en paz.
Pero no, Cynthia vuelve con una cuenta en mente: en medio del matadero humano, ha observado, además de los ejecutados afuera del cuarto, ocho muertos y, del lado izquierdo del lugar, otros cinco, estos encimados como borregos antes de partir con el tablajero.
El militar responsable de transmisiones contacta con la zona militar “a las seis de la mañana”, según las actuaciones, y más personal castrense llega al sitio.
Hacia las 12.30 del día, cerca de ocho horas después dela masacre, se presentan funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y, de acuerdo con al menos uno de los testimonios, también de la delegación mexiquense de la Procuraduría General de la República.
“Un gordito que dijo que era de la PGR de Toluca, nos sacó de la caseta a una por una y nos cruzábamos la calle, en frente de la bodega y nos interrogaba”, revelará Clara y dejará abierto otro dato: personal federal habría conocido, desde el inicio de la investigación o la simulación de ésta, la escena del crimen alterada por el Ejército mexicano.
***
Lo anterior quedará asentado en declaraciones ministeriales, las mismas actuaciones útiles para incriminar a militares de la tropa en los “asesinatos calificados”, según tipificación del entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, “ejecuciones extrajudiciales”, ha definido la Organización de las Naciones Unidas.
Pero lo descrito por el propio agente del ministerio público del Estado de México ofrece más claves. El abogado mexiquense da cuenta de la presencia, anterior a su arribo, de un mando castrense:
“[El] sitio se encuentra resguardado por personal militar, a cargo de tres camionetas de la Secretaría de la Defensa Nacional al mando del Coronel del Batallón 102 de Infantería, con sede en San Miguel Ixtapan, Tejupilco, Estado de México, Raúl Castro Aparicio”, quien, momentos antes, avisó por teléfono al ministerio público del Estado de México, instancia investigadora a la que tocaba intervenir en primera instancia.
En adelante, la Procuraduría mexiquense sostendrá la confiabilidad de su investigación en función del resguardo del sitio realizado por el coronel Castro. La autoridad investigadora dependiente del Gobernador Eruviel Ávila concluirá oficialmente:
“Por las observaciones realizadas en el lugar de la investigación, se determina que este fue preservado en su estado original momentos previos a nuestra intervención criminalística, lo que se corrobora ya que a nuestro arribo al lugar se encontraba resguardado por elementos del Ejército mexicano”.
En el documento existen más referencias de la intervención del coronel en el sitio de la investigación. En algún momento de la mañana, los investigadores descubren un pequeño arsenal en una de las camionetas relacionadas con los supuestos criminales. Entre las armas, incautan una granada con seguro y espoleta, “la cual por seguridad del personal de actuaciones y por indicación del coronel del 102 Batallón de Infantería, Raúl Castro Aparicio, le ordenó al capitán segundo de Infantería a su mando, Alberto Francisco Cruz Hernández, que retirara dicha granada y fuera llevada a sus instalaciones militares para su desfragmentación”.
Castro Aparicio pidió a las autoridades civiles la entrega de la camioneta militar involucrada en el enfrentamiento. Las condiciones de este mismo vehículo luego del tiroteo suponen otra contradicción pues la Secretaría de la Defensa Nacional reportará un número mayor de impactos recibidos al contabilizado en el sitio por la Procuraduría del Estado de México.
Contrario a los discursos de apertura y transparencia propagados por los gobiernos de la federación y mexiquense, el caso Tlatlaya es una caja oscura hoy bajo reserva por la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México hasta el año 2026.
OBERNDORF AM NECKAR II
Hans-Joachim Ahner es director de Cultura, Formación, Juventud y Deporte de Oberndorf. Y es el funcionario designado para atender una entrevista con SinEmbargo a principios de octubre de este año.
— ¿Heckler and Koch? —dispara Ahner antes de cualquier introducción. Es un hombre cerca de sus 50 que muestra una enorme y franca sonrisa.
En diciembre de 2014, el diario alemán Tages Zeitung TAZ dio a conocer hoy en Berlín que al menos 36 armas decomisadas a la policía de Iguala, que presuntamente se usaron en el ataque del 26 de septiembre de 2014 contra normalistas (donde seis personas murieron, 17 fueron heridas y 43 desaparecidas). Se trata de fusiles de asalto alemanes modelo G-36 producidos por la empresa Heckler & Koch.
Antes, el 12 de diciembre de 2011, cuando estudiantes normalistas de Ayotzinapa bloquearon la autopista a Acapulco en demanda de mejores instalaciones y mayor presupuesto para de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, aparecieron armas alemanas.
La policía del estado abrió fuego contra los estudiantes durante el desalojo. Dos jóvenes murieron: Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. En las fotos aparecen policías portando rifles de asalto alemanes G-36, de la fábrica Heckler & Koch.
En Chihuahua, la televisión alemana acompañó a la policía estatal en un recorrido. En las imágenes se ve en primer cuadro que los uniformados portan un rifle G-36. Y en Oaxaca, los G-36 fueron usados en los desalojo de maestros durante las protestas de la APPO.
Todo llevó a la presentación de una denuncia que ha impuesto cateos a la fábrica, la primera empleadora del pueblo.
En Oberndoff, escuchar el nombre de México ocasiona cierta incomodidad.
—Heckler and Koch —confirmo.
— Nosotros somos una ciudad con 13 mil 500 personas y, de estas, 800 trabajan en Heckler and Koch. Muchas otras personas trabajan en fábricas, no sólo en Oberndorf, sino en ciudades de alrededor que hacen piezas para Heckler and Koch. A la vez, entendemos las consecuencias que las armas aquí fabricadas tienen en otros países, pero, entonces, ¿esos otros pueblos que hacen las piezas para las armas son también responsables de las armas de Oberndorf? ¿Lo es IBM —empresa estadunidense— que desarrolla software para la fabricación de estas armas? —expresa Ahner, sociólogo y pedagogo.
— ¿Existe conciencia de lo que pasa en esos otros países? —pregunto.
—Claro, claro. Mi hija, que estudia sociología, me pregunta: “Papá, ¿por qué permitimos que en nuestro Oberndorf existan estas fábricas?”. No toda la gente de aquí está a favor de esta industria.
— ¿Y qué le contesta?
— Que hay 800 personas de aquí que trabajan ahí y que familias enteras han trabajado en las armas desde hace muchos años, desde antes de Máuser. Heckler and Koch paga impuestos, muchos impuestos, y algunos de estos se utilizan a favor de la ciudad. De esos impuestos se paga, por ejemplo, los sueldos de quienes aquí trabajamos —esta idea se debe entender en el contexto de que la mayoría de los alemanes aprecian el trabajo de sus servidores públicos—. ¿Está mal esto? No digo que esté bien, sólo pienso que no es tan sencillo resumirlo.
—En México, el Ejército mexicano realizó ejecuciones extrajudiciales en contra de supuestos narcotraficantes rendidos, entre estos una niña de 15 años. ¿Cómo ven ustedes esto?
— Por supuesto que estas situaciones no deben ocurrir. A la vez, la idea que se tiene de México es que sufre por un gobierno con problemas de corrupción y de violaciones a los derechos humanos. No sólo Oberndorf fabrica armas en Alemania. Existen otras empresas armamentísticas cuyas ciudades no enfrentan el desprestigio que nosotros. ¿Debe Alemania asumirse como un Estado pacifista y renunciar por completo a la fabricación de armas? Esto es algo que nosotros no podríamos decidir. En tanto, no es justo que se tenga a Oberndorf en la esquina del salón de clases como el mal portado.
—Este un lugar muy hermoso, ¿existen los problemas aquí?
—¿Problemas? Sí, sí, hay problemas. Ahora mismo ocurre la situación de los refugiados sirios y hay gente que les ha abierto las puertas de sus casas.
—¿Vienen militares mexicanos por acá?
— Sí. Le contaré algo. En unas vacaciones que hice en Inglaterra, cerca de Londres, entré a un bar y caminé a donde había un círculo para tirar dardos. Había un hombre que no me pareció originario de ahí y su acento tampoco me resultó común. Conversamos.
—¿De dónde es usted? —me preguntó.
—De Alemania, del sur. Entre Stuttgart…
—Oberndorf —me interrumpió y esto llamó mi atención, porque, como usted ha visto, nuestra ciudad es pequeña.
—¿Y usted?
—Mexicano. Soy el agregado militar de la Embajada de México en el Reino Unido.
En el resto de Alemania, quienes reconocen el nombre de Oberndorf am Neckar inmediatamente relacionan el pequeño pueblo con las armas. Si en otras partes del país se desarrollan aviones, automóviles o máquinas de precisión, aquí se hacen armas, buenas y precisas máquinas de guerra.
La industria está enraizada desde hace dos siglos, cuando el Rey Federico I de Wurtemberg (1754-1816) trasladó la Real Fábrica de Armas de la villa de Christophstal a Oberndorf am Neckar, específicamente a un ex convento agustino.
Luego, en 1872, los hermanos Wilhelm y Paul Mauser, fundaron la armería que existe hasta con su apellido y que abasteció los ejércitos de Prusia, del Segundo Imperio Alemán y del III Reich. Su producto estrella fue el Mauser 98, innovador rifle de cerrojo de gran difusión mundial y que se convirtió en arma regular del Ejército mexicano de Porfirio Díaz y que, durante la Revolución Mexicana, fue adquirido también por las facciones rebeldes: máuseres de un lado y máuseres del otro y más de un siglo de Oberndorf y sus eficientes máquinas de matar en México.
TLATLAYA IV
El militar envuelve con su mano el pistolete del fusil, posiblemente un AR-15, la versión deportiva del M-16, el fusil de asalto oficial de las fuerzas armadas estadunidenses.
El hombre aprieta y suelta el gatillo por primera vez.
En los tubos y cajas de acero, el percutor se libera y golpea el cartucho. La bala se expulsa y gira por los ranuras del cañón donde el pequeño cono de plomo vestido de latón se raya de manera única e irrepetible.
La masacre de Tlatlaya tiene por protagonistas a soldados del Ejército mexicano y por escenario una bodega de apenas 400 metros cuadrados en un solo nivel.
El gas de la detonación inunda el túnel de salida del rifle y mil luciérnagas parecen salir de la punta del conducto, pero lo que sale es la muerte, exactamente, a 975 metros por segundo.
La culata golpea el hombro cubierto de verde olivo. Dos, tres, cuatro, cinco veces más ocurre el retroceso y regreso del cilindro del émbolo. Los cinco proyectiles atraviesan al hombre contra el que dispara de lado alado, del pecho y el estómago a la espalda.
Los cinco casquillos empleados salen, uno a la vez, expulsados hacia un lado, pero las vainas de cobre golpean en silencio el suelo, que es de tierra floja. Cesan los lamentos de Miguel Ángel Rodríguez Viviano, un chavalo de 17 años originario de Ajuchitán del Progreso, Guerrero. Esto se sabe porque su madre lo reconocerá en pocos días con la barriga zurcida de arriba abajo y los ojos abiertos a la nada.
El fusil recogido de entre los cadáveres por el militar y utilizado para asesinar al muchacho es marca DPMS Phanter Arms, una firma basada en Saint Cloud, Minnesota, proveedora de ejércitos y policías. En Estados Unidos, por ejemplo, provee a la Patrulla Fronteriza. En su publicidad, la compañía se dice “orgullosa de proveer a aquellos que pelean por defender nuestra libertad” o lo idea que de esto tienen los militaristas estadunidenses. Con este mismo rifle será asesinado en unos momentos Jesús Jaime Adame.
Los soldados han conducido a Miguel Ángel y otros cuatro hombres hacia el muro izquierdo de la bodega, un lugar en medio de la nada o del infierno, como se quiera, y los colocan contra la pared.
Pero decir hombres es sólo un decir: dos apenas han pasado los 20 años de edad, uno los 18 y, los dos restantes, 17. Pero, para los militares, eso no importa. En el mejor de los casos para su conciencia, son sicarios, cuando mucho niños asesinos cuya vida no sólo es prescindible sino de erradicación obligada. En la peor de las posibilidades, los militares están aquí para tomar la vida de esos “contras”, rivales de negocios de drogas y secuestro y extorsión.
Nadie sabe bien cuáles son los motivos que han traído hoy, 30 de junio de 2014, a ocho militares a este lugar en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, al sur del Estado de México.
Los soldados han entrado con la adrenalina al tope. Vienen de ocho minutos en que a ese pedazo de la Tierra Caliente el aire se le convirtió en fuego. Y ahora, ellos tres, un sargento y dos soldados de infantería, están ahí dentro y lo que no huele sangre se oye a muerte.
Hasta 15 varones y una muchachita han muerto o agonizan y los uniformados quieren más. Reúnen a los hombres rendidos, al menos ocho, y los llevan a un cuarto interior, una caseta en que los interrogan al vapor. Escogen a cinco de ellos que, sin las armas, no son más que niños suplicantes.
Los llevan a la pared izquierda, orientada hacia el norte del lugar. Los muchachos evitan los muertos regados en la tierra floja.
Ponen a los jóvenes contra la pared.
—¿No irá a rebotar? —duda uno de los de verde.
El llanto de los chavos espolea la furia.
—No, no hay problema —resuelve otro.
Uno de los soldados se dirige a un grupo de tres mujeres y dos hombres atados con cable de las manos en la espalda y sentados sobre ladrillos.
—Agachen la cara, no volteen —ordena el militar, pero es imposible cerrar los ojos, al menos una mujer que ha llegado ahí para ver la muerte de su hija de 15 años decide no enceguecer.
—¿No que muy cabrones? —la voz del militar es un relámpago golpeando la lámina galvanizada de la construcción.
¡Pum! El primer disparo se escucha como una barda cayendo contra el suelo dentro de la cabeza de quienes escuchan.
—¡Aguanten la verga!
¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!…
—¿No que muchos huevos, hijos de su puta madre?
¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!…
Los cadáveres yacen apilados y los militares dan vuelta, porque el trabajo de paredón no ha terminado.