En tres juicios distintos -entre sentencias y apelaciones-, el juez Sim Lake, de la corte de Houston, Texas, consideró que la paraestatal y su filial Pemex Exploración y Producción (PEP), no aportaron evidencia suficiente para probar el delito, o no pudieron cobrar el dinero que le tenían que ser restituido.
“De los 300 millones de dólares que pedía para la reparación del daño, Pemex recuperó judicialmente sólo 71 millones de cinco empresas y una persona de las que demandó, pero ninguna tuvo fondos para pagar.
Al final, la empresa mexicana no obtuvo un solo dólar.”, informó el portal Animal Político. Además de haber perdido los procesos legales, el juez determinó que Pemex debía pagar a las empresas que demandó 830 mil dólares por gastos legales.
Sin embargo, la paraestatal no ha realizado dicho pago y señaló que firmó un acuerdo con el despacho de abogados que la representó -del cual no otorgó el nombre-, para que, en caso de que la resolución no fuera a su favor, éste pagara los gastos vinculados al proceso legal.
En documentos desclasificados obtenidos por el portal Animal Político, se detalla la demanda de Pemex interpuesta en la Corte del Distrito Sur de Texas, en Estados Unidos: “[…] alego que los acusados, violaron las provisiones de la ley 18 u.s.c 1962 realizando actos de venta e importación en los Estados Unidos de condensado robado del campo de Burgos, México”.
La cuenca de Burgos se ubica a lo largo de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y según Pemex es el yacimiento de gas más grande de México, una zona que ha sido dominada por el Cártel del Golfo y por Los Zetas.
Además, acusó a las empresas que “presuntamente han comercializado gas condensado mexicano robado que se vende en Estados Unidos desde agosto de 2006 a mediados de 2011”. Y Pemex sabía que le estaban robando desde el 2010, ya que diversas agencias de seguridad estadounidenses la habían notificado, asegura Animal Político.
La empresa paraestatal mexicana aseguró que “la existencia del esquema de comercialización en los Estados Unidos está bien establecido y es bien conocido por las fuerzas del orden estadounidenses, incluyendo el servicio para la administración y control de aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional”.
Una de las empresas acusadas concedió que “Pemex exploración y producción es una víctima de los cárteles [del crimen organizado]”, pero se defendió también al argumentar que la paraestatal mexicana “permite a los cárteles tomar el gas condensado”. “[El robo del gas condensando] sirvió como pago de protección, es decir, en vez de pagos de protección en efectivo a los cárteles, les permitió tomar producto y así evitar otras represalias más dañinas de los cárteles”, afirmó una de las empresas acusadas.
El medio por Internete le preguntó a Pemex si existen funcionarios públicos involucrados en esta acusación, a lo que la paraestatal contestó el pasado 23 de julio, que: “No encontró documento alguno que satisfaga total o parcialmente la información solicitada”.
EL MODUS OPERANDI DEL ROBO A PEMEX
De acuerdo con los alegatos que Pemex presentó ante la corte, el modus operandi de las empresas que supuestamente compraron combustible robado durante los cuatro años que duró esta red binacional era que compraban el condensado robado y mandaban a México camiones cargados con agua, que iban etiquetados como “nafta”.
Al cruzar la frontera vaciaban los camiones y los llenaban con condensado de gas natural que había sido robado. Además, creaban documentación falsa para justificar la posesión del combustible y sobornaban a funcionarios aduanales para cruzar la frontera.
De esta forma, los camiones volvían a Texas y el producto se almacenaba para ser revendido a otras empresas a cargo, según Pemex, de borrar las pistas sobre el origen ilícito, detalló Animal Político.