Tras la ola violenta que se vivió el pasado fin de semana, con saldo de al menos 26 muertos en diferentes puntos de la entidad, autoridades estatales y federales anunciaron el fortalecimiento de la estrategia de seguridad.
A través del delegado de la Secretaría de Gobernación en Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, se anunció que los municipios donde se reforzará la seguridad son: Teloloapan, Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Tixtla y Chilapa, donde el narcotráfico controla territorios enteros con la complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno y el Ejército.
El representante del gobierno federal, quien a su vez se desempeña como vocero de seguridad en el estado, precisó que se instalarán tres bases de operación mixta en los municipios de Arcelia y Teloloapan, conformadas por soldados y policías estatales.
Mediante un comunicado oficial, también anunció tres retenes sobre la carretera Iguala-Ciudad Altamirano para la revisión de automovilistas particulares y de servicio público.
En el caso de Tixtla y Chilapa, el vocero y delegado federal sostuvo que se dispuso del envío de más policías estatales y soldados en esa zona, donde la Policía Federal asumió las funciones de seguridad desde hace dos años.
Y prometió que ahora sí reforzarán las acciones de inteligencia “para detectar a los grupos delictivos y consignar a los líderes criminales”, no obstante que las autoridades federales y estatales tienen conocimiento de los nombres de los jefes delincuenciales, así como su zona de operación y las redes de complicidad que ha tendido con políticos y funcionarios de los tres niveles.
En el caso de la banda de Los Rojos, su líder es identificado como Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, y tiene su bastión en Chilapa y Apango, mientras que el grupo de Los Ardillos es liderado por Celso La Vela Ortega Jiménez –hermano del expresidente del Congreso local y actual dirigente del PRD, Bernardo Ortega–, y su bastión se encuentra en el poblado de Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
La familia Ortega tiene el control político de esa zona a través de la imposición de alcaldes y diputados locales, según reportes federales difundidos hace cuatro años.