Como los grandes capos del narcotráfico, en algún momento fueron reyes en sus territorios: intocables, venerados, envidiados, asediados por débiles y poderosos.
Hoy huyen de la justicia por cargos relacionados con lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado, asociación delictuosa, mientras permanecen ocultos entre las sombras buscando todo tipo de asideros jurídicos y amparos legales para evitar ser detenidos.
Mario López Valdez puede seguir amparado en su cargo como gobernador, pero ello no garantiza que una vez concluido su fuero constitucional, el brazo de la justiciano lo persiga por corrupción, como ocurre con otros ex gobernadores del país.
“Es grave el caso deMalova, y considero que deben revisarse a fondo las acusaciones federales que tienen ciertos funcionarios de su administración, y estar muy pendientes del desenlace que tengan”, consideró Valeriano Suárez Suárez, vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
De acuerdo con información previamente publicada por Ríodoce(Edición 718, 30/10/2016), existen ocho averiguaciones abiertas en contra de la administración de López Valdez por malversación de fondos federales y sobreprecios en compras, y no se descarta la posibilidad que en Estados Unidos tenga alguna averiguación abierta en su contra por lavado de dinero, protección a narcotraficantes, o asociación delictuosa.
De existir investigaciones de esa magnitud, ocurriría lo mismo que con TomásYarrington Ruvalcaba, quien siete años después de dejar su cargo como gobernador de Tamaulipas, un Juez del Distrito Sur de Texas del Departamento de Justicia (USDOJ), giró orden de aprehensión en su contra dadas las pruebas presentadas por fiscales estadunidenses.
“No vamos a decir si ese gobernador (Malova) o cualquier otro es investigado, pues nosotros nunca revelamos información cuando se está armando un archivo en contra de alguien”, dijeron voceros del USDOJ.
En una entrevista reciente con el abogado neoyorkino Michael Kramer, explicó que las fiscalías estadounidenses son muy sigilosas, pues mientras reúnen las evidencias necesarias en contra de un acusado, nunca avisan a nadie, pero una vez robustecida una acusación, la presentan ante un juez, y éste gira la orden de aprehensión.
Para líderes activistas que participan en la cruzada nacional contra la corrupción, el tema de Malovaes grave, y el hecho de que haya ocho averiguaciones previas en su administración deja entrever lo podrida que está la corrupción entre administradores públicos.
“Se han instalado comisiones contra la corrupción en cada estado y en cada municipio, y aquí en Sinaloa no es la excepción, pues es lamentable que haya servidores públicos que sacan provecho de sus puestos y se les debe castigar con cárcel, pero además, se debe restituir el daño hecho”, opinó Suárez Suárez.
Ex gobernadores al banquillo
En Sinaloa hay casos donde se han señalado actos de corrupción y enriquecimiento ilícito en contra de ex gobernadores, como es el caso de Antonio Toledo Corro; Malovaseñaló a Jesús Aguilar, mientras que Juan Millán y su primer círculo fueron evidenciados por sus fortunas hechas desde sus cargos públicos.
Sin embargo, hasta el momento no se ha dado ninguna denuncia formal en contra de ningún ex gobernador de Sinaloa, aunque existen casos de otros ex mandatarios estatales que tienen denuncias en su contra, y dos de ellos se encuentran prófugos de la justicia: Tomás Yarrington y Javier Duarte.
YarrintonRuvalcaba y DuarteOchoa, andana salto de mata. La PGR ha publicado recompensas por 15 millones de pesos por información que conduzca a su localización o captura.
Yarrington Ruvalcaba, quien gobernó Tamaulipas en el mismo sexenio que Juan Millán de 1999 a 2004, en su momento lo tuvo todo. Tuvo tanto, que quiso más, y en medio de su ambición, terminó asociado con grupos ligados a la delincuencia organizada, particularmente al Cártel del Golfo, de quien se dice recibió millones de dólares.
Pronto empezó a adquirir bienes inmuebles en varios municipios de Texas, través de varios prestanombres, que eventualmente fueron ubicados por agentes encubiertos de la DEA, iniciando una investigación que duró varios años.
Hasta que el 2 de diciembre de 2013, un juez federal del sur de Texas, giró una orden de aprehensión en su contra, y agentes en México y Estados Unidos iniciaron su cacería.
Los delitos por los que se le acusó, según constan en documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ), son enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa, peculado y malversación de fondos.
Ello habría obligado a la PGR a también girar una orden de aprehensión en su contra el miércoles de la semana pasada.
El caso de Javier Duarte fue diferente, pues aunque hasta el momento no ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos, quien generalmente se tarda años en reunir las evidencias necesarias para girar una orden de aprehensión, es acusado por malversación de fondos federales, que es el mismo tipo de acusaciones que enfrenta la administración de Malova.
No obstante es Yarrington quien parece estar en medio del fuego, pues una vez que un juez federal estadounidense lo señala es porque las pruebas en su contra son abrumadoras, pues no sólo lo acusan de lavado de dinero y asociación delictuosa, sino Estados Unidos va más allá, y utiliza todo su poder para señalarlo de malversación de fondos y peculado, que son delitos que ocurren fuera de su territorio.
“Cómo es posible que autoridades de otros países persigan delitos de corrupción que ocurren en nuestro país, y nuestras propias autoridades no lo hagan; allí se muestra el nivel de corrupción que existe aquí”, dijo Valeriano Suárez.