Legalizar tareas de seguridad de las fuerzas armadas agudizará asesinatos, torturas y desapariciones: especialistas
La intención de los diputados del PRI para impulsar una iniciativa de ley encaminada a reformar el marco jurídico que de facultades legales a las fuerzas armadas para ejercer tareas de seguridad, encendió los focos rojos y puso en estado de alerta a especialistas, académicos, organismos defensores de los derechos humanos y luchadores sociales que advierten una guerra de baja intensidad con claros visos de incrementar la violación de los derechos humanos, asesinatos, desapariciones forzadas y torturas para infundir el miedo como forma de control de la sociedad civil y disuadir los movimientos de protesta social.
Los investigadores universitarios, juristas y periodistas especializados en seguridad pública y justicia en la ciudad de México, sostienen que darle a los soldados y marinos poder legal para realizar tareas policiacas y de investigación, agudizará la crisis de derechos humanos que vive el país, pues las estadísticas revelan que cuando los militares salieron de los cuarteles a las calles para combatir el narcotráfico, se dispararon los asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas de personas.
Sus declaraciones coinciden con los informes de organismos internacionales por la defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Open Society Justice Initiative, que señalan a las fuerzas castrenses mexicanas como responsables de centenares de casos documentados sobre personas desaparecidas hasta antes de agosto del 2015, y decenas de mujeres presas en cárceles que afirman haber sido violadas y torturadas por militares que les obligaron a confesar delitos no cometidos.
El pasado jueves, el presidente Enrique Peña Nieto exhortó al Congreso de la Unión a establecer un marco legal para dar certidumbre a las fuerzas armadas en la realización de tareas relacionadas con la seguridad pública del país.
En el acto conmemorativo del Día de la Armada, Peña Nieto refrendó el posicionamiento que cuatro días antes —justo en el aniversario de la Revolución Mexicana— hiciera el Secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón, en el sentido de impulsar una norma legal para facultar a los soldados del Ejército y la Marina en labores policiales, “encaminadas a recuperar la paz y la tranquilidad en zonas donde se requiera su presencia”.
El abogado constitucionalista Elisur Arteaga calificó esta propuesta de ley como “anticonstitucional y peligrosa”. Y señala que darle un poder “omnipotente” a los militares para investigar delitos de cualquier índole es muy arriesgado, porque se pueden emprender trabajos de hostigamiento y persecución contra ciudadanos opositores al gobierno: luchadores sociales, defensores de derechos humanos y hasta periodistas críticos del sistema.
El catedrático e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco, ratificó lo anticonstitucional de la iniciativa de ley, porque las facultades de investigar están atribuidas solo a los ministerios públicos local o federal.
Insistió que el artículo 129 de la Carta Magna establece que en tiempos de paz, ninguna autoridad puede ejercer mas funciones que las que tengan exacta conexión con las fuerzas castrenses.
La académica e investigadora del Posgrado en Estudios Sociales de la UAM, Laura del Alizal Arriaga, advirtió que la intención de modificar el marco legal para dar poder a los militares en la realización de tareas policiacas, sería empujar al Ejército a un proceso de descomposición que tendrá serias repercusiones en su imagen institucional.
“No creo que los altos mandos del Ejército, incluido el Secretario de la Defensa Nacional, estén convencidos y de acuerdo con esta iniciativa, porque de modificarse la ley, meterá al Ejército en un severo problema de acusaciones y demandas por parte de la sociedad civil y organismos defensores de los derechos humanos”.
La catedrática externó que sería un error histórico para la vida institucional de las fuerzas castrenses mexicanas modificar la Constitución y convertir al Ejército en centinela del país.
“Los militares están formados para defender al país en tiempos de guerra, cuidar nuestras fronteras o cuando se amenaza la soberanía y la seguridad nacional, y sobre todo, apoyar a la sociedad en situaciones de emergencia y salvaguarda de la población ante situaciones de desastre. Esto último fue lo que les dio la aprobación de la sociedad”, declaró la especialista y coordinadora del libro Relaciones entre Poderes del Estado: Acuerdos y Divergencias, editado por Editorial Anthropos y la UAM.
En su opinión, el deterioro de la imagen que sufre esta institución surge a partir de que salen a las calles a realizar tareas de combate contra las drogas y la delincuencia en general. Los supuestos abusos que denunció la población civil sobre violaciones cometidas en los retenes militares instalados en gran parte del país, casos sobre desaparición forzada y el desplazamiento forzado en comunidades y hasta supuestas violaciones contra mujeres que involucran a militares, es un reflejo de lo que puede venir, pero a gran escala ante los abusos de autoridad en que incurran elementos de las fuerzas armadas.
Ante eso, recomendó que la nueva legislación defina claramente las tareas que tendrá el Ejército en esta nueva encomienda que se empuja a través del Grupo Parlamentario del PRI para adaptar el marco legal y darle plenas facultades para investigar y actuar contra todo lo que ponga en riesgo la paz social y la seguridad interna del país.
Periodistas especializados en el tema de seguridad pública y justicia que han laborado por más de una década en medios de la capital del país, consideran que es un gran error ratificar la permanencia del Ejército en las calles para realizar actividades de seguridad pública.
Los militares, opinan, no están capacitados para perseguir defraudadores, narcos o delincuentes de cuello blanco.
Cierto es que su presencia en las calles inhibe los delitos, pero también que su salida de los cuarteles para enfrentar a la delincuencia callejera propició un repunte en los asesinatos, revela un periodista asignado a la fuente por 24 años.
Explica que según estadísticas del Secretariado de Seguridad Pública Nacional, el sexenio de Vicente Fox registró un promedio anual de 12 mil 500 homicidios dolosos, mientras que en el actual gobierno la cifra se ha disparado entre 18 y 20 mil casos.
Ejemplificó que Estados como Guerrero, Sinaloa, Oaxaca, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz y el Estado de México llevan hasta 15 años con presencia militar y son Entidades donde las estadísticas sobre homicidios dolosos va en aumento, y son precisamente estos lugares del país los que reportan mayores casos de violaciones a los derechos humanos sobre todo contra los grupos indígenas, campesinos y mujeres, como ocurre en el Estado de México.
La presencia de retenes disparó las denuncias sobre atropellos y abusos de autoridad, alteró la convivencia social y sobre todo en aras de esa estricta vigilancia se cometieron errores garrafales, donde militares dispararon y asesinaron a civiles bajo el pretexto de ser sospechosos por no detener sus vehículos para las revisiones de rutina.
Algunas opiniones coinciden en que una de las bondades es que la presencia de los militares ha disuadido a los delincuentes, pero ha sido mínimo comparado con las violaciones que cometen contra la población civil.
Señalan que lo que Peña Nieto pretende hacer para formar a las fuerzas castrenses en tareas de seguridad pública, será como en el Sistema Penal Acusatorio, los resultados se verán en treinta años más.
Acaso le preocupa al Mayo Zambada o al Chapo, que el Ejército permanezca en las calles, se cuestiona uno de los reporteros. Los militares en las calles lo que va a provocar es un desplome en la afluencia de visitantes nacionales y sobre todo extranjeros que con esta ola de asesinatos, secuestros y desapariciones, han cancelado masivamente sus viajes al país porque no hay la mínima seguridad y tranquilidad en los destinos turísticos, afirma.
En el seguimiento puntual que Open Society Justice Initiative y Amnistía Internacional han hecho a esta cruzada de lucha contra las drogas, han sugerido al gobierno de México regular el uso de la fuerza pública, pues en sus esfuerzos por combatir la delincuencia organizada ha aplicado una política de uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza recurriendo al asesinato, la tortura y la desaparición forzada en perjuicio de la población civil mexicana.
Open Society Justice Initiative en su informe 2016, señala que desde que asumió la Presidencia del país, Enrique Peña Nieto se ha apoyado en la militarización del país como la vía más efectiva para ejercer la aplicación de la ley civil. De tal magnitud es la fuerza militar, que de 11 mil elementos que tenía la PFP, al 2014 ya contaba con 30 mil.
Además su propensión a ejercer el uso de l a fuerza lo explican con la represión brutal que ordenó siendo Gobernador del Estado de México, al desplegar policías municipales, estatales y federales contra campesinos de Atenco opositores al Proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Pero además, el organismo internacional consigna que ya desde 2006, el ex presidente Felipe Calderón identificó la presencia del crimen organizado como una amenaza para la seguridad del país, asumiendo que le haría frente por encima del costo social. En agosto del 2010 reiteró que lo enfrentaría mediante el uso de la fuerza. Admitiendo que “será una batalla dura y difícil que le costaba al Estado significativos recursos… que va a tomar tiempo y que por desgracia, seguirá cobrando vidas humanas.
Dos años después, en 2012, el entonces Secretario de la Defensa Nacional argumentó que las prácticas del crimen organizado se consideran hostiles hacia el estado y la sociedad y por tanto las fuerzas armadas deberían intervenir con rigor y fuerza par abatir a los criminales.
El General retirado Carlos Bibiano Villa Castillo, ex secretario estatal de Seguridad Pública en Coahuila, justificando el uso extrajudicial de la fuerza contra sospechosos de participar con el crimen organizado dijo textualmente que “el personal militar está adiestrado para el combate… correteamos a los balandros y donde los alcanzamos los matamos”. En 2011declaró que las fuerzas de seguridad habían matado ya a 200 presuntos criminales en Coahuila, mientras que solo seis policías sufrieron heridas leves.
Bibiano Villa le confesó a Isabel Arvide, entones asesora en materia de seguridad del gobernador en turno, que había consigna entre los comandantes y jefes de las zonas militares de eliminar a los criminales. Y no entregarlos a las autoridades, porque los jueces y ministerios públicos corruptos terminarían liberándolos.
Esto mismo expresó en 2011 el General Francisco Gallardo, quien asegura que “al tomar la decisión de que las fuerzas armadas deben participar en tareas de seguridad pública, ellos —los militares— aplican una visión de la fuerza, del uso de las armas y del poder para abatir a los criminales, o mejor dicho, aniquilarlos o matarlos en lugar de detenerlos o entregarlos a la autoridad civil”, cita el documento de Open Society Jusstice Iniciative.