El año pasado Joaquín El Chapo Guzmán se escapó por un túnel de 1.5 kilómetros cavado debajo de una de las cárceles de mayor seguridad del país, con evidente complicidad desde las más altas esferas del gobierno federal.
El capo posteriormente se dejaría “recapturar” por Miguel Ángel Osorio Chong, al parecer bajo la condición de no ser extraditado inmediatamente a los Estados Unidos.
Hace unas semanas, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte se fugó del país utilizando un pasaporte falso. La entonces procuradora general de la República y ahora secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, coincidentemente esperó hasta unas horas después de la desaparición del gobernador para girar los órdenes de aprehensión correspondientes en contra del veracruzano por haber encabezado uno de los robos más grandes del siglo.
Hace unos días, quien fuera secretario de Hacienda de Felipe Calderón (2006-2009) y ahora gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, anunció que él también está haciendo maletas para abandonar el país. Como bien demostró Proceso la semana pasada, la normatividad no permite la renuncia de Carstens. Pero no le importa la ley al principal arquitecto de la fallida estrategia económica neoliberal de la última década. Prefiere huir antes de tener que rendir cuentas frente al total colapso económico que se acerca en 2017.
Como ratas saltando de un barco a la deriva, estos tres personajes emblemáticos de la estructura prevaleciente de criminalidad, corrupción y desigualdad son protegidos por las instituciones realmente existentes. Quienes se quedan al mando les deben demasiados favores a los fugados para castigarlos como se merecen. Lo mismo ocurre con otras figuras como Tomás Yarrington, Rodrigo Medina, Roberto Borge, Humberto Moreira, Fausto Vallejo, César Duarte, Guillermo Padrés, Miguel Alonso Reyes y el mismo Felipe Calderón. Las redes de complicidad que tejieron cuando ocupaban sus tronos respectivos hoy siguen operando a su favor para garantizar su más absoluta impunidad.
La gran pregunta, sin embargo, es: ¿Dónde se esconderá Enrique Peña Nieto al final de su sexenio? ¿Quiénes lo protegerán una vez que él también se salte de la nave del Estado mexicano que ha naufragado y despedazado con tanta efectividad?
Esta es la pregunta clave que marcará todas y cada una de las acciones y decisiones del actual ocupante de Los Pinos hasta el último día de su sexenio. Peña Nieto sabe que no podrá colocar como su sucesor a uno de los integrantes de su círculo cercano, como Chong, Aurelio Nuño o Luis Videgaray. Tanto la incompetencia manifiesta de los integrantes del gabinete presidencial como los cada vez más escandalosos casos de corrupción han desfondado por completo la legitimidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De ahí el interés del exgobernador del Estado de México en pactar con Margarita Zavala, o incluso con Ricardo Anaya, Miguel Ángel Mancera o Movimiento “Ciudadano” (MC), con el fin de cerrarle el paso a una verdadera alternancia en el poder en 2018 que podría acabar con la impunidad.
Tiene el mismo fin, de blindaje e impunidad, el ascenso de Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar en Guerrero durante la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa en 2014, primero a general de división, y ahora al importante cargo de inspector y contralor general de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los nombramientos de Raúl Cervantes como procurador general y probablemente también como fiscal general, y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral, responden al mismo propósito.
Pero conforme se acercan las elecciones de 2018 en un contexto de colapso económico, corrupción desbordada e indignación rampante, es probable que se deshaga la madeja y se caiga todo el edificio de impunidad pactada como un castillo de naipes.
El mantenimiento del sistema actual de corrupción estructural depende de que todos los actores tengan la confianza de que sus actuales cómplices les cubrirán la espalda en el futuro. Pero en cuanto la seguridad de la impunidad eterna sea reemplazada por una auténtica incertidumbre con respecto a las coordenadas del poder futuro, los cálculos estratégicos empiezan a transformarse.
En otras palabras, una vez que quede claro que el pacto de impunidad transexenal firmado entre PRI, PAN, PRD, que ahora también incluye a MC, PT e “independientes”, no tiene suficiente fuerza para imponer al próximo presidente de la República, podría iniciarse una desbandada generalizada. Cada vez más funcionarios y delincuentes cavarán túneles de escape, desempolvarán sus pasaportes falsos y buscarán jugosas chambas en organizaciones y empresas trasnacionales.
Esta fuga generalizada dejaría a las instituciones públicas totalmente vacías y colapsadas, abriendo el escenario para una lucha política descarnada entre los militares y los morenos, entre la fuerza bruta y la esperanza ciudadana. Este probable escenario implicaría una verdadera coyuntura “revolucionaria” para las elecciones de 2018 en que todos los mexicanos tendremos que decidir si estamos decididos a seguir luchando por una república soberana y democrática o si de plano nos rendimos y aceptamos convertirnos en una estrella más en la banda presidencial de Donald Trump.