La violencia se desborda en Guerrero, donde el gobernador, lejos de garantizar la seguridad a sus representados, durante 2016 sólo se ha dedicado a “negociar” con las bandas delincuenciales, en especial con las del Mojarro y del Tequilero. Lo hizo en enero, junio, agosto, septiembre, noviembre y la semana pasada, luego del secuestro de un ingeniero oriundo de San Miguel Totolapan. En esta ocasión los totolapenses, hartos del vacío de poder, imitaron a sus vecinos de un poblado del municipio de Ajuchitlán del Progreso y formaron un grupo de autodefensa.
CHILPANCINGO, Gro.- El lunes 12, habitantes de la cabecera municipal de San Miguel Totolapan y comunidades del vecino municipio de Ajuchitlán del Progreso decidieron tomar las armas para defender su vida y patrimonio con el objetivo de revertir los efectos de la narcoviolencia en la zona.
El hartazgo de los pobladores de la primera localidad, ubicada en el municipio considerado como el principal productor de amapola y heroína en la entidad, enclavado en la convulsionada región de Tierra Caliente, estalló el domingo 11, cuando sicarios de la banda Los Tequileros, liderada por Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, secuestraron al ingeniero Isauro de Paz Duque, un contratista originario de ese poblado, quien se ha beneficiado con obra pública federal y estatal en la región.
El lunes 12, acompañados de algunos totolapenses, los familiares de De Paz Duque realizaron una protesta en la cabecera municipal. Se lanzaron contra varios jóvenes, a quienes señalaron de ser halcones de Los Tequileros, así como en contra de María Félix de Almonte, la madre del líder de la banda, y de la regidora priista María del Carmen Barrera Navarro, por presuntos nexos con esa organización delincuencial.
Después anunciaron la conformación de un grupo de autodefensa y reprocharon la incapacidad del gobierno de Héctor Astudillo Flores para garantizar la seguridad en la Tierra Caliente y el resto de la entidad.
Mediante videos difundidos en redes sociales, la esposa del contratista secuestrado, Yadira Guillermo García, advirtió que la madre de El Tequilero, la regidora Barrera Navarro y una veintena de jóvenes considerados halcones serían liberados cuando soltaran a De Paz Duque.
El grupo de autodefensa de la cabecera de San Miguel Totolapan también difundió un videomensaje en el cual aparecen varios encapuchados empuñando armas de bajo calibre:
“El gobierno se ha mostrado incapaz de restablecer la paz y tranquilidad de nuestro pueblo –dice uno de ellos–. Nos pronunciamos como un movimiento totolapense por la paz y la seguridad de todos. Demandamos la liberación de los levantados y secuestrados, que cese la violencia y se restablezca la paz para seguir trabajando con tranquilidad, como lo anhelamos y lo deseamos todos. Somos un pueblo pacífico y trabajador y nos negamos a seguir bajo el yugo de la delincuencia.”
También hizo un llamado a los desplazados por la narcoviolencia para que regresen y coadyuven a retomar el control de este municipio castigado por el crimen:
“Ya no estamos dispuestos a seguir de espectadores e indiferentes a tanta sangre derramada. Ya no queremos que se sigan violentando nuestros derechos humanos, ya no queremos que nuestro municipio, nuestra región y nuestro estado de Guerrero siga siendo un cementerio y un valle de lágrimas de las madres que pierden a sus hijos por culpa de la violencia y la inseguridad que nos azota y por la disputa entre los grupos del crimen organizado.”
El mismo lunes 12 por la noche, habitantes del municipio de Ajuchitlán del Progreso difundieron un tercer video para anunciar la creación de una guardia comunitaria en los poblados de El Coco y La Laja para defender su vida y patrimonio, y confrontar directamente a Los Tequileros.
Al siguiente día, el gobernador Astudillo anunció la conformación de un grupo para proteger la integridad de la señora de Almonte y negociar con El Tequilero. El propósito: liberar al ingeniero secuestrado.
En un comunicado, expuso: “El propósito del equipo negociador es buscar que no lastimen a la persona reportada como desaparecida, ni tampoco a la madre del jefe de la banda de Los Tequileros, que al parecer se encuentra en manos del grupo de autodefensa”.
La amenaza del “Tequilero”
El miércoles 14 fue liberado el ingeniero Isauro de Paz; en reciprocidad, el grupo de autodefensa de la cabecera municipal entregó a la Policía Estatal a la señora De Almonte. La mamá del Tequilero fue escoltada por la Policía Estatal hasta el poblado de San Antonio La Gavia, su lugar de origen, considerado el bastión del líder de la banda.
El grupo de autodefensa decidió retener a la regidora Barrera Navarro, quien es señalada como enlace del narco y la política, así como a los jóvenes. Asimismo, exigió al gobernador Astudillo presentarse en San Miguel Totolapan, asumir el compromiso de garantizar la seguridad para los pobladores y cumplir con su promesa de detener al Tequilero.
El jueves 15, el mandatario estatal acusó a la autodefensa de actuar al margen de la ley y de cometer delitos, entre ellos la retención de la señora De Almonte, sin contar con “ningún elemento de carácter legal para hacerlo”. Luego anunció que sólo acudiría a la cabecera de San Miguel Totolapan si había condiciones de seguridad para él y sus colaboradores, y exigió que los jóvenes y la regidora fueran liberados.
Ante la presión de los inconformes, Astudillo se asumió como negociador entre la autodefensa de San Miguel Totolapan y Los Tequileros. El viernes 16, durante un acto público en la residencia oficial Casa Guerrero, volvió a justificar su papel de negociador entre los narcos que operan en la entidad y el grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan.
“Peor hubiera sido que el gobierno no hubiera puesto su parte y eso hubiera terminado en una gran tragedia. El gobierno puso su parte –dijo–. Pueden criticarme mucho, pueden decir muchas cosas, pero yo estoy consciente que hice lo más adecuado para evitar que en ese lugar se cometiera una barbarie.”
Horas después, los totolapenses liberaron a los presuntos halcones retenidos y se informó que sólo cuatro personas, entre ellos la regidora, serán consignados ante autoridades ministeriales, pese a que, según el gobernador, los inculpados no pueden ser vinculados a proceso porque fueron detenidos por un grupo de civiles armados.
La autodefensa afirma que el conflicto en la zona no se ha resuelto porque aún sigue libre El Tequilero, quien incluso ya amenazó que en cuanto se retire la vigilancia policiaca de la cabecera su banda va a arremeter contra los pobladores que mantuvieron cautiva a su madre.
Los secuestros
No es la primera vez que el mandatario estatal funge como “negociador”. En enero pasado hizo tratos con la banda del Tequilero, presunto brazo armado del exalcalde priista totolapense, Saúl Beltrán Orozco, quien es señalado como uno de los principales impulsores y financiadores de la campaña del propio Astudillo.
El año pasado, Catalino Duarte Ortuño, un exdiputado federal perredista presuntamente vinculado con el narco, acusó públicamente a Beltrán Orozco de ser compadre del Tequilero y de permitir que San Miguel Totolapan, considerado el principal productor de heroína y mariguana, se convirtiera en el bastión de ese grupo delincuencial.
En junio último, sicarios de la citada banda irrumpieron en tres poblados del municipio de Ajuchitlán del Progreso y ejecutaron a un hombre, incendiaron vehículos y se llevaron por la fuerza a 10 personas, una de las cuales fue asesinada. Su cuerpo fue localizado días después. El resto continúan desaparecidas.
A finales de agosto y principios de septiembre Los Tequileros secuestraron a una decena de trabajadores de la empresa minera Beneficiadora de Minerales Temixco, localizada en Arcelia, cuyo propietario es el empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz.
Astudillo anunció entonces que estaban negociando con El Tequilero para liberar a los trabajadores de la minera, como lo hizo con el caso del secuestro masivo que se registró a principios de enero en esa franja de la entidad controlada por la delincuencia.
En esa ocasión el grupo criminal secuestró a 21 personas de los municipios de Arcelia y San Miguel Totolapan. Sus captores los liberaron después de que el gobierno de Astudillo negoció con el líder de la banda y se comprometió a detener a su rival Johnny Olascoaga Hurtado, El Mojarro, jefe de La Familia afincado en Arcelia.
En esa ocasión el grupo del Tequilero difundió un video en redes sociales en el cual confirmó que la liberación de las víctimas fue pactada con las autoridades.
En la grabación, un hombre armado y encapuchado afirma que El Mojarro provocó el cierre de la mina de oro Campo Morado, en Arcelia, en febrero del año pasado, porque les exigió una cuota de 20 millones de pesos a los empresarios belgas que la explotan, y sostiene que el líder de La Familia tenía una flotilla de camiones de carga que rentaba a la compañía.
Además, El Tequilero exigió al gobernador Astudillo y al fiscal Xavier Olea Peláez cumplir su compromiso de detener al Mojarro, pues de lo contrario, advirtió, la violencia seguirá en esta zona productora de oro y de amapola.
Hasta el momento El Mojarro sigue operando impunemente en Arcelia, donde es protegido por autoridades de los tres niveles y empresarios mineros, mientras que El Tequilero mantiene su bastión en el municipio vecino de San Miguel Totolapan.
Desde hace dos años, Proceso ha documentado la lucha que mantienen El Tequilero y El Mojarro por el control de las zonas de producción y trasiego de drogas en la zona norte y la región de Tierra Caliente, así como la forma en que la delincuencia se enquistó en la industria minera.
A mediados de noviembre, Los Tequileros secuestraron al menos a 10 personas en el poblado de San Jerónimo, municipio de Ajuchitlán del Progreso. En esa ocasión los lugareños se organizaron y formaron un grupo de autodefensa.
A pesar de que los plagios masivos se han convertido en una práctica sistemática de los grupos armados, ninguna autoridad ha implementado hasta ahora un mecanismo para revertir los efectos de la violencia en este lugar controlado por el narcotráfico.