En octubre de 2008, como parte de la Operación Conjunta Chihuahua, Saúl Becerra Reyes y otras personas fueron detenidas en Ciudad Juárez. A todas se les recluyó en el centro de mando militar y después las mandaron a la Procuraduría General de la República, menos a Saúl. Meses más tarde su cadáver apareció, momificado, lejos del sitio donde lo detuvieron. Si bien hay efectivos castrenses acusados y procesados por este caso, el mismo no está cerrado. Y sobre la mencionada operación recae el negro antecedente de contar con más de mil 300 quejas por violaciones a los derechos humanos, según registros periodísticos.
CIUDAD DE MÉXICO.- La última vez que Brenda Patricia Balderas Contreras vio con vida a su esposo, Saúl Becerra Reyes, fue la tarde del 21 de octubre de 2008, cuando ella se aproximaba a su casa, en el sector Delicias, uno de los más violentos de Ciudad Juárez, Chihuahua, y se encontró con que vehículos blindados del Ejército tenían todo cercado en tres cuadras a la redonda.
Vio que detrás de los militares había gente detenida. A lo lejos alcanzó a distinguir que un soldado tenía a Saúl en el suelo, con un pie sobre su cabeza. Quiso correr hacia él, pero un guardia le impidió el paso. Pudo ver que al lado de su marido había otros hombres tirados en la calle; poco después los taparon a todos con cobijas antes de subirlos a un camión militar de redilas y llevárselos.
El despliegue de aquella tarde formaba parte de la Operación Conjunta Chihuahua, que había arrancado en abril de 2008 en ésta y otras ciudades del estado.
Ese día el operativo tuvo lugar en el cruce de las calles Platino y 16 de Septiembre, donde Arturo Martínez Garza preparaba su mudanza. Cuando llegaron los soldados, vio desde la ventana de su casa cómo encañonaban a varios de sus vecinos, que estaban en la calle, platicando afuera de una pizzería. Dijo que escuchó cuando los militares gritaron que no se movieran, los hincaron a todos y les ordenaron que se taparan la cara con sus camisetas. Salió a ver qué pasaba y a él también lo detuvieron.
Después de que un grupo de soldados se llevó a 10 civiles detenidos, Brenda se acercó a preguntar a dónde los llevaban. Le respondieron que a la Procuraduría General de la República (PGR). Fue con otros familiares a las oficinas de la dependencia, donde les dijeron que “era muy pronto”, que los militares tardaban por lo regular de dos a tres días en presentar a los detenidos ante la autoridad ministerial.
Pasaron los días y Brenda regresó varias veces a las oficinas de la PGR, donde no le dieron informes acerca del paradero de su esposo. Tiempo después algo supo de él por otro de los detenidos, Pablo Castillo López, cuyo testimonio rendido ante el Juzgado Sexto de Distrito en Chihuahua forma parte de la causa penal 93/2013 instruida contra 18 militares, seis de ellos oficiales, acusados de la desaparición forzada y homicidio de Saúl Becerra Reyes.
Castillo López relató que los militares se lo llevaron junto a Saúl Becerra. A los dos los tuvieron encerrados en el cuartel de la guarnición militar de Ciudad Juárez. Dijo que ahí vio a Saúl “muy herido y golpeado”. Preguntaba a los militares qué estaba pasando, por qué los habían detenido. Lo único que le contestaban era que no hablara.
“Nos llevaron a la guarnición y ahí nos retuvieron. Nos maltrataron y nos tuvieron como cinco días vendados de los ojos, nos dieron toques eléctricos en las partes y ya después fue derechos humanos a buscarnos a la guarnición. Todos los días iban a buscarnos ahí.
“Los militares nos decían: ‘Ya llegó la visita’, y nos sacaban hacia el cerro en una hielera de carnes frías y ahí nos tenían toda la noche y el día, nos regresaban al cuartel y decían que iban a continuar con lo mismo. Y decían que quién era el bueno de esas armas, y yo les decía que yo no. Ya después los militares me preguntaban por Saúl, y yo les contestaba que no lo conocía. Y ya cuando llegamos a la PGR nos dimos cuenta que no iba Saúl ahí con nosotros”, declaró Castillo ante el juez Sexto de Distrito de Ciudad Juárez, en una audiencia efectuada en septiembre de 2013.
Cuando llegó a la PGR, Castillo recordó que eran 10 los detenidos a quienes acusaron de delitos contra la salud, portación de armas exclusivas del Ejército y delincuencia organizada, por haberlos encontrado en “flagrancia delictiva”. El único que no estaba en ese grupo era Saúl Becerra Reyes; sin embargo, el vehículo que era de su propiedad estaba asegurado.
Durante una audiencia en el Juzgado Sexto de Distrito, Brenda declaró que al paso de los días comenzó a buscarlo en el Servicio Médico Forense (Semefo), en hospitales y en el cuartel. En diciembre de 2008 decidió presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la desaparición de su esposo, detenido por los militares pero “nunca puesto a disposición de la autoridad ministerial”.
Saúl Becerra era rotulista, vivía en unión libre y había procreado dos niñas con Brenda. Estaba fichado como miembro de la pandilla Los Aztecas, le decían El Cholo Fresa; lo detuvieron en 1998 y fue sentenciado a ocho años de cárcel por un homicidio en Ciudad Juárez. Cumplió su condena y estaba libre desde diciembre de 2006.
Los cinco meses que transcurrieron para que Brenda conociera el paradero de Saúl finalizaron la mañana del 5 de marzo de 2009, cuando abrió el periódico PM de Ciudad Juárez. Ahí leyó que un cuerpo momificado había sido encontrado en la carretera Casas Grandes-Ascensión, en una brecha conocida como El Zorrito, distrito de Galeana, a la altura del kilómetro 68, de donde fue llevado al Semefo.
Saúl tenía tatuado su nombre en el hombro y antebrazo derechos. Gracias a ese tatuaje identificaron el cuerpo.
El Quinto Batallón
En octubre de 2008 una denuncia anónima fue recibida en el campamento del Quinto Batallón de Policía Militar, establecido en un campo deportivo del sector Delicias de Ciudad Juárez; el agrupamiento había venido de su base en Santa Lucía, Estado de México, para sumarse a la Operación Conjunta Chihuahua.
El mensaje anónimo decía que había un lugar donde se reunía gente armada y vendían droga, en terrenos de la banda conocida como Los Aztecas, según recordó el mayor de infantería Ignacio Juárez Rojas durante una de las audiencias del juicio.
Juárez Rojas era el jefe de la Sección de Personal, Abastecimientos y Ayudantía del batallón, el cual estaba al mando del coronel Eloy Magaña Barrios, quien aquella tarde le ordenó que saliera a verificar la denuncia. Juárez se dirigió con un grupo de soldados encabezados por el capitán Eusebio Huerta Miranda a la calle Platino, donde llegaron a bordo de varios vehículos artillados y de transporte de tropas.
En el relato que se encuentra en el tomo 12 de la causa penal 93/2013 –del cual Proceso tiene copia–, que por desaparición forzada, homicidio y abuso de autoridad se lleva en el Juzgado Sexto de Distrito en Chihuahua contra el coronel Magaña Barrios, el mayor Juárez Rojas, el capitán Huerta Miranda, más tres oficiales y 12 elementos de tropa que pertenecieron al Quinto Batallón de Policía Militar, se recoge la versión castrense de cómo se dio aquella detención de los 10 civiles, entre quienes iba Saúl Becerra Reyes.
Juárez declaró que cuando llegaron al sitio vio que había cuatro hombres sentados “en actitud sospechosa” en las inmediaciones del domicilio que les habían indicado. Ordenó a su personal que los revisaran y les encontraron dinero en efectivo; detuvieron a otro que salió del vecindario donde momentos después irrumpieron. Eran unos cuartos abandonados donde presumían que se reunían esas personas. Ahí encontraron armas, cartuchos y droga que aparentemente pertenecían a esos individuos.
El jefe militar informó al coronel Magaña del hallazgo y le solicitó apoyo de un vehículo más grande para trasladar a los sospechosos al puesto de mando de la Operación Conjunta, ubicado en la guarnición militar de Ciudad Juárez. Pronto llegó el capitán Salvador Mejía Rangel, con tropa bajo su mando, en un camión al que subieron a los detenidos.
Más tarde llegó al vecindario el coronel Magaña, quien recibió los pormenores mientras entraba a inspeccionar el lugar donde, según los reportes, encontraron dos fusiles AK-47, una pistola escuadra calibre .40, cartuchos diversos y alrededor de 27 kilos de mariguana. Ordenó que trasladaran a los detenidos al cuartel de la Operación Conjunta, y antes de que se los llevaran les preguntó de quiénes eran tres vehículos estacionados afuera del inmueble. Respondieron que de ellos. Tras revisarlos, también se los llevaron a la guarnición.
Un testigo, Guillermo Andrés Moreno, declaró ante el juez que no vio que los soldados sacaran droga; más bien, dijo, salieron de esa vecindad con un televisor, un ventilador, despensa y ropa que echaron en el camión.
Tocó al capitán Eusebio Huerta Miranda entregar a los detenidos en el cuartel; los recibió el capitán Heriberto Godínez Sánchez, en su calidad de subjefe del Estado Mayor de la Operación Conjunta Chihuahua, la cual estaba al mando del general de brigada Felipe de Jesús Espitia Hernández.
Los detenidos que ingresaron al cuartel –y de quienes quedó registro– fueron Juan Arturo Padilla Juárez, Juan Pablo Castillo López, Guillermo Andrés Moreno, Jorge Alberto Martínez, Mario Amaya y Saúl Becerra Reyes.
Todos “fueron trasladados aquí a la Operación Conjunta, entregados según me dio parte el capitán Huerta, que se los había entregado a un tal capitán Godínez y todo esto en razón de que así se había ordenado, pues todos los aseguramientos de personas, drogas o armamento eran concentrados al puesto de mando para su posterior puesta a disposición”, declaró Magaña.
El Quinto Batallón de Policía Militar operó en Ciudad Juárez durante octubre y noviembre de 2008 y regresó a su base en Santa Lucía los primeros días de diciembre. Fue una de las unidades que participaron en la Operación Conjunta Chihuahua, la cual involucró a más de dos mil 500 militares y acumuló más de mil 300 quejas por violaciones a los derechos humanos, según registros periodísticos.
El general “intocable”
El general Felipe de Jesús Espitia Hernández, excomandante de la Operación Conjunta Chihuahua, se resistió durante varios meses hasta que, en enero de 2016, se presentó con un amparo para no declarar ante el Juzgado Octavo de Distrito del Reclusorio Sur, que vía exhorto lleva las diligencias contra los 18 militares del Quinto Batallón de Policía Militar procesados por el caso de Saúl Becerra Reyes ante el juez Sexto de Distrito en Chihuahua.
Tuvieron que pasar varios meses para que de nuevo fuera citado a declarar, y lo hizo el pasado 7 de julio, ahora ante un juzgado castrense en el Campo Militar Número Uno de la Ciudad de México, que mediante exhorto desahogó la diligencia donde estuvieron presentes los seis oficiales y 12 elementos de tropa implicados en la desaparición y homicidio de Becerra Reyes.
Espitia pasó a retiro en enero de 2016, aunque hasta septiembre último seguía apareciendo en el organigrama de la Secretaría de la Defensa como coordinador de asesores de la dirección del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Fue señalado por sus subordinados como quien ordenaba revisiones de vehículos sobre las vías de comunicación, acordonamiento de calles, cateos a domicilios y detención de personas sin los requisitos de ley, entre otras irregularidades.
Fue considerado también uno de los principales responsables, en la cadena de mando, de todo lo que ocurrió en el terreno durante los meses en que el Ejército aplicó el operativo que dejó una estela de denuncias por violaciones a los derechos humanos, asesinatos y desapariciones de civiles (Proceso 1967).
Poco antes de las 11:00 horas del pasado 7 de julio, Espitia llegó vestido de civil al juzgado militar. Ahí lo esperaban sus antiguos subordinados encabezados por el coronel Magaña Barrios, el mayor Juárez Rojas y el capitán Huerta Miranda. En el interrogatorio sobre su papel en la Operación Conjunta negó muchas cosas. Primero dijo que era el coordinador y después aceptó que él era el comandante, pues tenía también a su cargo la Quinta Zona Militar, con sede en la capital del estado.
Según testigos militares que pidieron a este semanario la reserva de sus nombres, Espitia fue cuestionado sobre los reglamentos militares, le recordaron que él ordenó que a todo civil que fuera detenido lo trasladaran al puesto de mando y que ahí su gente se haría cargo de todo.
Sobre el destino de Saúl Becerra Reyes, dijo que no sabía nada pues supuestamente no le habían informado de ese caso. Hubo un momento durante su comparecencia, que terminó alrededor de las 16:00 horas, en que el general empezó a notarse nervioso, ya sin el aire de arrogancia que, señalan, lo caracteriza.
Tanto Magaña como Huerta le señalaron que mentía. Por sus atribuciones, Espitia era el primero en estar informado de todo lo que ocurría con los detenidos, especialmente con aquellos que llegaban al puesto de mando a su cargo.
Tanto Magaña como Juárez Rojas y Huerta Miranda han alegado que sólo cumplieron órdenes. Ninguno acepta haber participado en los interrogatorios a detenidos, que se realizaban dentro de la guarnición militar donde operó el equipo del general Espitia.
Uno de los integrantes de ese equipo era el capitán Heriberto Godínez Sánchez, a quien le entregaron con vida a Saúl Becerra y uno de los primeros que declaró en el juicio, donde, muy nervioso, negó los señalamientos que le hicieron sobre su papel en el puesto de mando. Evadió preguntas, siempre dijo que no se acordaba y que no sabía nada, recuerda uno de los militares procesados, quien respondió un cuestionario hecho llegar por el reportero mediante los abogados del militar.
Cada uno de los 18 acusados ha negado por diferentes vías en estos últimos años tener responsabilidad en la desaparición y homicidio de Saúl Becerra. Los alegatos se han centrado en las evasivas de Espitia para asumir la responsabilidad que tuvo como comandante de la Operación Conjunta, y que sigue sin aclarar en un juicio que no se ha cerrado.