Desde 2007, se han presentado 273 denuncias contra 26 estados
Las deudas estatales llegan a los 245 mil 895 millones 62 mil 848.16 pesos, cantidad muy superior al subsidio de la gasolina, que después de eliminarlo provocó el gasolinazo
Las administraciones de al menos 26 estados de la República que incurrieron en actos de corrupción implicaron un grave daño al patrimonio federal y estatal, el cual asciende a 245 mil 895 millones 62 mil 848.16 pesos, cantidad muy superior al subsidio para la gasolina, que era de 200 mil millones de pesos, con el cual se desató el gasolinazo y el aumento a diferentes productos de la canasta básica y el transporte público.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de 2007 a 2016 presentaron 273 denuncias en contra de estos 26 estados, ya que causaron afectaciones al erario federal.
Uno de los delitos detectados por la ASF es la simulación de reintegro de dinero, que consiste en tomar recursos de una partida para cubrir otra, aunque se supone que el gobierno debe reponer dicho monto a los días lo vuelven a retirar, acción que es practicada en las 32 entidades federativas, aunque hasta el momento sólo 14 de ellas han sido acusadas penalmente.
Algunas de las prácticas más comunes son despedir a trabajadores pero mantenerles el pago como si aún estuvieran trabajando, simular la compra de chalecos para policías, solicitar millones de pesos a la Federación para construir un puente que ya existía, comprar medicinas a sobreprecios, pagar aviadores, erogar por servicios de lavandería que no fueron realizados, pagar licencias sindicales que por ley no tienen derecho a ingresos, por mencionar sólo algunas de las cientos de prácticas fraudulentas en las que incurren algunos gobiernos.
Ninguno de los partidos políticos se ha salvado de esta práctica, ya que se han visto involucrados los gobiernos de estados como Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas, Campeche, Colima, Coahuila, Hidalgo, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz.
Cabe destacar que los aspectos más dañados con estos delitos fueron los ramos de educación, salud y seguridad pública, donde los más afectados fueron los estados de Chiapas, Guerrero y Michoacán.