Hermosillo, Sonora.- La Procuraduría General de la República (PGR) dictó auto de formal prisión contra Édgar Vázquez Tello, un médico del IMSS, por su presunta participación en la compra-venta de 13 niños del DIF Sonora, durante la administración del ex gobernador Guillermo Padrés.
Los delitos que se le imputan son trata de personas, ejercicio indebido del servicio público y delincuencia organizada.
Vázquez Tello, quien fue detenido el pasado 12 de enero, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 12, en Ocampo, Guanajuato. Fue señalado por Vladimir Alfredo Arzate Carbajal y José Manuel Hernández López, principales acusados por tráfico de menores.
El médico vendía avisos de nacimiento de niños en 15 mil pesos, para que fueran registrados como propios por los padres sustitutos.
En 2015 la Fiscalía estatal consignó a 16 personas involucradas por su probable participación en la comisión de los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de padres, así como por la sustracción y tráfico de menores.
Entre los consignados se encuentra el subprocurador de la Defensa del Menor y encargado de la línea Protege, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, y José Manuel Hernández López, abogado de la Unión Ganadera de Sonora, además de los padres sustitutos.
Indiciada, ex primera dama
La ex primera dama de Sonora, Iveth Dagnino de Padrés, y el procurador Carlos Navarro Sugich están en calidad de indiciados ante la PGR por este caso, dijo Juan Manuel Estrada, representante ciudadano ante la Comisión de Trata de la Secretaría de Gobernación (Segob) y presidente de la Fundación Find.
“La primera dama tuvo conocimiento y el ex procurador manifestó que le avisó al ex gobernador y a la esposa; desde entonces ella debió haber ordenado una investigación. Tiene corresponsabilidad en los delitos porque el nombramiento del principal implicado, así como de los otros funcionarios, fueron aprobados por ella”, dijo.
La responsabilidad que pesa sobre el procurador estatal, Carlos Navarro Sugich, es de abuso de autoridad, así como uso indebido de atribuciones y actos de omisión, aseveró Manuel Estrada.