El crecimiento de las zonas de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el pleito entre los hermanos Arzate García con el consecuente cambio de mando local en la mafia de Sinaloa y el repliegue de la Policía Municipal de Tijuana, son las causas identificadas por las autoridades del aumento en el baño de sangre que grupos delictivos protagonizan principalmente en Tijuana, pero impacta también en Rosarito y Ensenada.
La reorganización de la estructura criminal en las ciudades, y de hecho en el Estado, con la participación del CJNG y las pugnas internas de la organización criminal de Sinaloa, mantiene vialidades y áreas públicas de estos municipios evidentemente libres y a disposición de los criminales, luego que agentes municipales fueron los últimos en evadir la ofensiva contra los grupos delictivos.
Los militares fueron sacados por orden del Presidente Enrique Peña desde enero de 2013, mientras la Policía Estatal Preventiva (PEP) redujo el combate y búsqueda de los traficantes que encabezan las células delictivas en Baja California, con la llegada de la administración de Francisco Vega de Lamadrid a partir de diciembre de 2013. Y mientras poco se ha esperado de la Policía Ministerial del Estado, la única corporación que en Tijuana por lo menos hacía trabajo de inteligencia y de combate a la criminalidad, la Municipal dejó de hacerlo a partir de la llegada de Juan Manuel Gastélum Buenrostro a la alcaldía, y con él, Marco Antonio Sotomayor en calidad de secretario de Seguridad Pública Municipal.
“También está el hecho de que el Nuevo Sistema de Justicia Penal en sus condiciones actuales es inoperante”, expuso un investigador, ya que los homicidas tienen que ser detenidos en flagrancia para que se queden.
Apenas el martes 31 de enero un hombre fue asesinado en las calles Constitución y Coahuila de la Zona Norte de Tijuana, la Policía Municipal detuvo al presunto responsable Giovanni Gochez mientras tiraba la pistola, pero al final el juez decidió no vincular.
De igual manera recuperó la libertad el hombre aprehendido la mañana del lunes 6 de febrero, cuando dos ladrones que participaron en el robo violento de un teléfono celular, decidieron que no habría consecuencias si en la huida se enfrentaban a balazos con los agentes que los perseguían; uno de los sospechosos fue capturado por los atacados, pero el Ministerio Público estimó que no había elementos para judicializar.
Como resultados de la reinante impunidad, están los 103 asesinatos violentos en enero, más los 45 homicidios ocurridos en los primeros nueve días de febrero en Tijuana, y la ejecución a balazos en Ensenada el martes 7 de febrero del abogado Jaime Palafox Toscano (nota en esta edición), que obligó a recordar el ataque perpetrado en contra del también licenciado en Derecho, Guillermo “El Titi” Ruiz en Tijuana.
Los hechos muestran que los criminales actúan como si ya hubieran negociado con el gobierno y estuvieran seguros que nada les va a suceder; el mismo martes 7, un hombre fue acribillado de carro a carro por la mañana, mientras circulaba por el Bulevar Díaz Ordaz, una de las zonas más concurridas de Tijuana. No hubo detenidos.
Los responsables
Consultadas las autoridades identifican como responsables de las muertes recientes en la pugna de cárteles que ha tenido su mayor número de víctimas en la Zona Norte:
Por el Cártel de Sinaloa, a Alfonso Arzate como cabeza y por debajo de él, a Iván “El Turbo” y / o “El Arcángel”. Y como gatilleros a sujetos identificados como “El Aguacate”, Ángel Martínez Arizmendi, Jesús Adrián “El Picado” y “El Venadito”, este ultimo involucrado en el asesinato de Karla Toral el 1 de febrero en los departamentos Aranda, donde dos hombres más quedaron heridos.
Por el Cártel Arellano Félix (CAF), “Los Monitos”, Roberto Toscano Rodríguez “El Tosco” y su hermano Ladislao. Así como Ignacio Cervantes y Enrique Martínez. Y tras un mensaje de amenaza recibido por los cuerpos policiacos el 7 de febrero, las autoridades agregaron en este grupo a un “Arturito”.
Y por el CJNG, al ya fichado Juan José Pérez Vargas “El Piolín” y Juan Hernández Quintero “El Tortas”, sobre quien pesa una orden de aprehensión. De esta célula, la Policía Municipal detuvo el 9 de febrero a Raymundo Hidalgo Mendoza “El Primo” con 20 envoltorios de cristal.
Los hermanos peleados
De acuerdo a información en poder del Grupo Coordinación, parte del recrudecimiento de la pugna tiene que ver con una división entre los sinaloenses a partir de una reorganización interna. Alfonso Arzate “El Aquiles”, quien encabezara la operatividad de una de las principales células del cártel sinaloense, fue relegado por su hermano René Arzate “La Rana” desde finales del año pasado.
“La Rana” emparentó con un lugarteniente de la mafia sinaloense y quedó mejor ubicado que su hermano mayor en el organigrama delictivo, y éste no reaccionó positivamente, al final tuvo que recibir órdenes de las cabezas criminales desde Sinaloa para ceder, pero sus jefes mafiosos se aseguraron que obedeciera enviándole sicarios desde aquel Estado para que lo apoyaran. Esa es la versión que han dado algunos detenidos, pero las evidencias y detenciones -pocas- indican que en los homicidios siguen recurriendo a adictos y gente inexperta, matones desechables.
Ahora su hermano René -con alerta del gobierno de Estados Unidos- controla la llegada de aviones, lanchas y el trasiego de droga por mayoreo desde Ensenada, por Rosarito y hasta Tijuana rumbo a Estados Unidos. Y “El Aquiles”, quien controlaba criminalmente Tijuana y la Zona Costa, ha tenido problemas en conservar a sus reclutas y vendedores, debido al pleito interno.
En la reorganización van de todas las estructuras. “Se le están volteando. Algunos que eran ex CAF y se habían alineado con amenazas, ahora que los de Jalisco están acuerpando a los que operaron con los Arellano, están regresando y uniéndose con los de Jalisco”, confió un investigador.
Crecimiento del CJNG-CTNG, enfrentamiento por Zona Norte
Además, a quienes no aceptan cambiarse y dejar Sinaloa, los matan, según explicó un integrante del Grupo Coordinación: “Los que se hacen llamar Cártel Tijuana buscan y visitan a los distribuidores y vendedores de calle, les ofrecen reclutarlos y si no aceptan, los matan, muchos de esos son los que asesinan dentro de sus casas, más o menos el 30 por ciento de los muertos”.
También los acribillan en los puntos de venta, “…en este mes, en la última semana, en Avenida 5 de Mayo y Calle Baja California en Zona Norte, han matado a tres”, refirió un elemento de la Procuraduría.
Según reportes policiacos, entre el 3 y el 9 de febrero hubo ocho víctimas de homicidio en esa zona. “Ahí los muertos son de ambos bandos”.
El viernes 3 encontraron a un hombre ejecutado y su cuerpo dentro de un tambo, y ayer jueves 9, otro cadáver en un tambo. Sobre ese primer cuerpo los matones dejaron un mensaje firmado por el “CTN”, en el que advertían: “Ángel, Pancho y Chino vamos por ustedes”.
Desde las áreas de inteligencia advirtieron haber detectado presencia del Cártel Tijuana Nueva Generación (CTNG) “como en el 80 por ciento del territorio de Tijuana, y no es que ya estén establecidos, pero sí lo están peleando. La gente de Sánchez Taboada- zona de mayor influencia del CJNG- está saliendo a vender en otras áreas, esta semana, el lunes 6, en el doble asesinato en Abarrotes y Papelería Los Cochis en la colonia Santa Cruz, uno de los muertos era narcomenudista de la Sánchez Taboada”, informaron desde el Estado.
El efecto ha llegado al punto que en la zona de influencia de “Los Uriarte” -de Sinaloa, parientes de Raydel López Uriarte “El Muletas”-, algunos de sus gatilleros y narcomenudistas “se están dedicando al robo con violencia, y éstos son más peligrosos porque son los que no la piensan dos a veces para disparar cuando alguien se resiste al asalto”.
Autoridad replegada y amenazada
Con 45 asesinatos en febrero, el que solo se conozca públicamente de la consignación de un presunto homicida, Julio César Ramírez Buelna, por un asesinato en Villas del Campo y que un segundo presunto ejecutor, Roberto Cruz Ramos, haya sido prácticamente linchado por vecinos de la Presa Rural tras asesinar a Jesús Díaz, evidencia el poco trabajo de la autoridad. Además, Cruz fue liberado por el juez del caso, con el argumento que fue judicializado en el hospital y no le leyeron sus derechos. “Se los leyeron, el documento no estaba firmado porque no estaba en condiciones de firmar”, alegaron inútilmente en el Ministerio Público.
En enero, con 103 ejecuciones, hubo seis expedientes judicializados y tres vinculaciones a proceso. Pero es la violencia desatada en la Zona Norte la máxima evidencia que las fuerzas del orden están retrocediendo. Los cadáveres sin homicidas detenidos se acumulan, pese a que el área está catalogada irónicamente como “zona segura” y es un espacio donde el Ayuntamiento concentra tres veces más policías que en el resto de las delegaciones, con agentes turísticos, uniformados de a pie y otros grupos activos.
Incluso a pesar de los pobres resultados, las autoridades están siendo amenazadas.
La tarde del martes 7 de febrero, un operativo coordinado de policías municipales y militares tuvo lugar en la Zona Norte donde, además de establecer ocho filtros, entraron en un número similar de cuarterías y dieron respuesta a 28 denuncias ciudadanas recibidas al número 089.
Ante la ausencia de órdenes de aprehensión, detuvieron a poco más de cien personas por faltas, delitos que no ameritaban prisión y temas de narcomenudeo.
Este operativo, donde la intención era enviar el mensaje de “sabemos dónde están”, se hizo en respuesta a la amenaza de muerte que un presunto criminal realizó a la central de radio a las 7:25 am, ese 7 de febrero:
“Una demanda a las fuerzas de la Zona Norte es que la gente que se queda en la unidad panel ahorita que se acaba de acabar el turno, se está pasando de vergas con mi gente y para que queden pruebas voy a matar a su puta madre a dos, tres de ahí, va a haber vergazos hoy antes de las seis de la tarde, van a llover vergazos al gobierno para que quede muy claro de quién es el callejón Coahuila, no quiero que toque a mi gente, soy ‘Arturito’”. Esa noche ningún policía fue atacado.
Ante la falta de resultados y el reclamo de diversos sectores de la Iniciativa Privada, el 8 de febrero, el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro anunció remociones y, al día siguiente, dio a conocer el cambio de los comandantes de región, pero sin dar nombre de los oficiales salientes y entrantes.
Del último paso atrás
Consultados, miembros del grupo coordinación que integra a los tres órdenes de gobierno, consideran que la forma de trabajo del recién estrenado secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Marco Sotomayor, es en extremo técnica: “Es muy de escritorio, llegó con el discurso del Nuevos Sistema, del respeto a los Derechos Humanos y los jefes delegacionales, los policías de calle se están aprovechando para justificar y no trabajar, no agarran a nadie, ya ni de narcomenudeo para buscar información”.
Aseguraron también “falta de supervisión”, ya que hay registros de hasta tres homicidios en periodos cortos de tiempo en una misma zona y nadie es detenido, “eso no es posible sin complicidad oficial”, reclaman.
“La Policía de Tijuana es muy complicada y muy grande, si (Sotomayor) no se pone serio y enérgico, se lo van a comer”, y advirtieron que si no controla a la corporación, seguramente alguien más lo hace.