Nuestro país enfrenta un gran reto en materia de seguridad pública desde hace varios años. Los grupos criminales se han ido apoderando, poco a poco, de pueblos, colonias, ciudades y regiones enteras, corrompiendo autoridades o simplemente deshaciéndose de ellas y de todo aquel que se ha atrevido a enfrentarlos.
Todo ello afecta la estabilidad y la gobernabilidad del país, incrementa la percepción de inseguridad en la ciudadanía y perjudica la imagen de México en el extranjero.
En este camino en el que la delincuencia ha avanzado, las policías estatales y municipales han quedado siempre muy mal paradas. Por amenazas, homicidios o sobornos han caído en las redes criminales o simplemente se han visto rebasadas en número, preparación o armamento por quienes se dedican a traficar con drogas, armas y personas.
De esta manera es como se ha hecho necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de diversos estados del país, con el objetivo fundamental de enfrentar las amenazas y peligros que afectan la paz pública y la tranquilidad de las familias. Y lo han hecho tan sólo por el deber que tienen de velar por la seguridad y la integridad de los mexicanos.
Desde luego, existen voces que no están de acuerdo en que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea participen en estas actividades, pero la realidad es que, si no fuera por ellos, nuestra sociedad y su futuro estarían perdidos.
Es verdad que los soldados y marinos no fueron entrenados para cuidar, ante la delincuencia, las calles, pero no es menos cierto que los que tienen a su cargo dicha labor, lamentablemente y por diversas razones, no han podido salir adelante. Estoy seguro de que no ha sido por falta de voluntad o por descuido de sus deberes, pero eso tampoco cambia el resultado.
También es verdad que los miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran en desventaja ante la delincuencia organizada, ya que no cuentan con las leyes que los ayuden a desarrollar dichas actividades ni mucho menos que los defiendan ante posibles eventualidades. Por eso resulta más que necesario que, a la brevedad posible, cuenten con reglas claras que los ayuden a llevar a cabo esta delicada misión, con la certeza de hacer lo correcto y de que nadie se los recrimine jamás.
Afortunadamente, muchos ya nos hemos dado cuenta de ello y hemos pugnado por la expedición de una ley de seguridad interior en la que se establezca cuándo y cómo deben intervenir para garantizar la seguridad de la sociedad, en un marco de respeto a los derechos humanos, de transparencia y de rendición de cuentas que evite excesos y brinde certeza jurídica a todos, pero, principalmente, que fortalezca las instituciones de seguridad pública que hoy tienen carencias que les impiden cumplir adecuadamente con su labor.
Esta ley deberá establecer también las herramientas, los mecanismos de coordinación, los alcances y las responsabilidades de cada uno de los órdenes de gobierno, así como definir las atribuciones y competencias de todos los involucrados en la seguridad pública.
Quiero dejar claro que no se trata de legislar al vapor, pero sí con la idea de no dejar pasar más tiempo para cumplir con esta serie de objetivos. Tampoco se trata de dejar fuera de la discusión a nadie, sino de contar con la participación de expertos en el tema, académicos, legisladores y, por supuesto, los representantes de las propias Fuerzas Armadas y de los distintos cuerpos policiacos.
Estoy seguro de que, con la participación de todos, lograremos hacer una buena ley que proporcione seguridad a los mexicanos, que fortalezca y dignifique a las policías y que reconozca el compromiso y la lealtad de los soldados y marinos con su país.
Las Fuerzas Armadas lo dan todo sin pedir nada, por eso lo menos que podemos hacer es otorgarles la seguridad de que, en su noble labor, siempre encontrarán la protección y el apoyo de la ley.