Se pretende legislar para que los militares sigan indefinidamente en las calles y algunos gobernantes... sigan coludiéndose con criminales.
La discusión de la iniciativa de ley de seguridad interior, que persigue –supuestamente- dar un marco jurídico a la colaboración temporal y extraordinaria de las fuerzas armadas en la seguridad pública, ha servido a los enemigos del Ejército para escalar contra éste sus acusaciones e insinuaciones calumniosas.
La pieza central del discurso contra las Fuerzas Armadas es la noción de una pretendida “alta letalidad” los militares en las confrontaciones con pistoleros de los grupos criminales, esto es, una supuesta enorme desproporción entre el número de sicarios heridos y el de los que son muertos. El colofón resulta obvio: esta desproporción es la “evidencia” de que el Ejército hace un “uso excesivo de la fuerza” y opera como un gran escuadrón de la muerte, que realidad ejecuta extrajudicialmente a los criminales que mata.
Ese es el sentido del artículo “En México, la letalidad desproporcionada de sus Fuerzas Armadas genera preocupación”, publicado por el diario The New York Times, el 26 de mayo de 2016 y es también el sentido del estudio “Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad aumenta la opacidad” publicado en junio de 2015 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y que es citado en aquel artículo. En el mismo sentido está la entrega de datos por parte del CIDE a los legisladores para “que legislen con base en evidencia”.
El CIDE va todavía más lejos, acusa a la acción de las Fuerzas Armadas de ser la responsable de la escalada de violencia. De no ser porque son molestados por los malévolos militares, los narcos andarían muy tranquilos sin lastimar a nadie.
Todas estas insinuaciones e imputaciones no son más que patrañas, como vamos a demostrar a continuación.
Para ello nos basamos en información de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en respuesta a una solitud de información pública, respecto a los enfrentamientos en los que los soldados participaron entre 2008 y 2016. La SEDENA, empero, proporcionó información sólo hasta la primera semana de abril de 2014. De cualquier modo el análisis de estos datos parciales arroja mucha luz sobre la realidad de las agresiones de los sicarios contra el Ejército y la respuesta de éste.
Para la construcción del mito de la “alta letalidad” del Ejército, sus autores echaron mano de uno de los recursos más extremos de la deshonestidad intelectual y la propaganda: elegir determinadas variables de la realidad que avalaran sus tesis pero desdeñar otras que las contradijeran y anularan. Tal fue el sentido de comparar el número de criminales muertos en enfrentamientos con el Ejército con el número de heridos.
Según el escrito ya citado (“Índice de letalidad”) entre 2008 y 2014 los integrantes del Ejército mexicano dieron muerte a 10.4 “civiles (sicarios armados en realidad) por cada uno que hirieron en enfrentamientos.
Pero de acuerdo con los datos proporcionados por la SEDENA a solicitud nuestra, entre el 7 de enero de 2008 y el 5 de abril de 2014 en realidad los sicarios muertos por el Ejército fueron 3,885 y 480 los heridos. Estos sicarios heridos quedaron en calidad de detenidos y presentados ante el ministerio público, pero además de ellos 2,563 sicarios o como les dice la SEDENA “civiles agresores” que no resultaron heridos también fueron detenidos y presentados, para dar un total de 3,043 detenidos (entre heridos y no heridos).
Si se considera esta cifra y se le compara con la de los sicarios muertos, resulta entonces que la letalidad de la respuesta de las Fuerzas Armadas ante las agresiones es de 1.28 y no de 10.4, es decir 8 veces inferior a la que señalan los detractores del Ejército.
Hacer cálculos sobre la letalidad y no considerar las detenciones, que son expresión de menor letalidad que la cifra de los heridos, sólo responde al deliberado propósito de engañar, mentir, calumniar.
Pero hay otros datos altamente reveladores en la información de la SEDENA:
Entre las fechas señaladas (7 de enero de 2008 y el 5 de abril de 2014) se registraron 3,331 enfrentamientos, pero sólo en 1,605 de esos incidentes hubo muertos entre los sicarios, los 3,885 ya referidos, mientras que 101 militares fueron asesinados y 618 heridos. Esos 1,605 enfrentamientos en que hubo muertos entre los criminales representan el 48% de todos los enfrentamientos ¿En dónde quedó la pretendida letalidad del Ejército?
En los 154 enfrentamientos en los que se produjeron las 187 muertes de militares, también 294 fueron heridos, pero en contraste 315 sicarios fueron muertos y 107 detenidos entre ellos 26 heridos. Si los militares actúan como parte de un enorme “escuadrón de la muerte” que comete ejecuciones extrajudiciales y más aún cuando los soldados son asesinados o heridos ¿por qué dejaron tantos testigos que los podrían acusar precisamente de ejecutar extrajudicialmente a sus compinches? Porque simplemente estas supuestas ejecuciones extrajudiciales no tuvieron lugar.
De los 3,331 enfrentamientos en 1,726 (el 52%) no hubo muertes entre los criminales, pero 1,807 sicarios fueron detenidos (263 de ellos heridos). En cambio 86 militares fueron asesinados y 599 heridos ¿Quiénes son los altamente letales, entonces?, ¿por qué nada de eso dicen las buenas conciencias que demonizan al Ejército?
Los datos aquí revelados son información pública y los podrán descargar y consultar en nuestra biblioteca.
La verdadera alta letalidad que las buenas conciencias callan es la de los sicarios. Los narcos y sus matones asesinaron a 9 mil personas durante el sexenio de Vicente Fox, a poco más de 60 mil en el de Felipe Calderón y a 28 mil entre 2013 y 2016. La mayoría de los caídos eran delincuentes de grupos rivales, pero también había personas inocentes entre las víctimas.
Según los autores del “Índice de letalidad” entre 2008 y 2014 el Ejército, la Marina y la Policía Federal en conjunto dieron muerte a 2,598 “civiles” (en realidad sicarios que iniciaron enfrentamientos con los agentes del orden). Pero sólo entre 2008 y 2012, según los datos del INEGI, fueron asesinadas 4,696 personas que laboraban en el Ejército, la policía o la seguridad privada. La gran mayoría de estos asesinatos fueron perpetrados por sicarios de los grupos criminales.
Por razones desconocidas el INEGI ya no publicó datos de víctimas de homicidio desagregados por profesión a partir de 2013, pero podemos suponer que la cifra de los militares y policías asesinados entre 2008 y 2014 no fue menor a 6 mil. Además entre el 6 de septiembre de 2007 y el 17 de junio de 2015 un total de 193 militares fueron desaparecidos por sicarios ¿Quiénes son letales entonces?
En la presente administración la única acusación penal contra miembros del Ejército por supuesta ejecución extrajudicial es respecto a los hechos en Tlatlaya, México, el 30 de junio de 2014, cuando los soldados rescataron a víctimas de secuestro. Judicialmente ya se ha probado la falsedad de la imputación, pero el daño que ha causado esta mentira de la CNDH y otros detractores del Ejército, permanece.
Entre 2009 y 2014, los soldados, marinos y policías federales en conjunto rescataron a 7,322 víctimas de secuestro, que de no haber sido liberadas en su mayoría estarían muertas ¿Alguien lo duda? ¡Recuerden San Fernando!
Todavía en 2014 la SEDENA rescató a 1,075 secuestrados, que en su gran mayoría correspondieron al primer semestre del año, porque tras los hechos de Tlatlaya esa valiosa acción de los soldados fue decayendo. En 2015 el Ejército sólo rescató a 164 víctimas de secuestro. Este es el efecto de la calumnia.
No tenemos evidencia de vínculos orgánicos entre los detractores del Ejército y los grupos criminales. Lo que sí sabemos es que su insidia sirve a los grupos criminales.
Los militares no pidieron hacer la labor que se les ha impuesto. No corresponde con sus tareas normales. Pero ante el fracaso y corrupción extrema de las autoridades civiles, han sido el último recurso. Los menos que se puede ofrecer a la Fuerzas Armadas es un marco legal para realizar su valiosa, sacrificada y difícil labor, pero con carácter extraordinario, jamás permanente.
Pero este marco legal no puede ser uno en el que se mantenga la misma situación, donde los militares prosiguen en las calles por tiempo indefinido mientras las autoridades civiles siguen incumpliendo de manera permanente y flagrante sus obligaciones más elementales de seguridad.
En tal sentido denunciamos que el marco legal que discuten los legisladores no es más que un gran ejercicio de simulación para dejar todo igual, para mantener a las Fuerzas Armadas cumpliendo obligaciones que no les corresponden, para que sigan siendo objeto del perpetuo linchamiento político de sus enemigos.
Nada de lo prometido figura en las iniciativas que se discuten: no hay plazos perentorios para que los gobiernos de los estados se hagan de policías íntegras, eficaces y fuertes de modo que los militares puedan regresar a sus cuarteles y no vuelvan a ser utilizadas en labores de seguridad pública NUNCA MÁS.
Las iniciativas prevén una serie de formalismos para determinar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública con tiempos precisos y lugares precisos, pero oh, el diablo está en los detalles: esa participación “extraordinaria” se puede renovar una y otra vez, sin límite.
Estamos en medio de una gran farsa en la que ante el reclamo de las Fuerzas Armadas para retornar a los cuarteles los legisladores les responden: jódanse, aquí se van a quedar por tiempo indefinido para que sigan siendo linchadas por sus enemigos, para que los gobernantes civiles se sigan coludiendo con los grupos criminales y el país se hunda en la violencia y el caos.
Cada vez más los militares seguirán enfrentando el dilema de cumplir las órdenes de hacer labores que no les corresponden y que los exponen a ser acusados de crímenes atroces que no cometieron o insubordinarse y enfrentar correctivos disciplinarios menos severos, en comparación a pasar el resto de sus vidas en la cárcel y en el deshonor.