El cuerpo de Zenén Santiago Ojeda quedó tendido debajo de una camioneta negra donde intentó protegerse de las balas. La tarde del martes 7 de febrero se dirigía con un amigo a una tienda de refacciones y ambos quedaron en medio de una refriega. En una gasolinera ubicada en un crucero de Villa Juárez —un poblado de Sinaloa donde residen los trabajadores agrícolas de la región— dos grupos armados emprendieron un tiroteo que acabó con la vida de los dos jornaleros y de otra mujer que también pasaba por el lugar abordo de una motocicleta con su esposo.
En la casa de Zenén, una modesta vivienda construida a retazos tras varios años de trabajo en el campo, hay un altar con flores rojas y una imagen de la virgen de Guadalupe. En los últimos días de angustia, la fe ha sido el mejor refugio para Eva González, que sigue hablando de su esposo en presente porque no se acostumbra a su inesperada ausencia. “Él quería superarse, acababa de terminar la primaria abierta porque le deba pena que nuestro hijo le preguntara cosas de la escuela y él no se las pudiera contestar”, dice la mujer de cabello canoso.
Zenén, de 41 años, trabajaba en el campo desde hace más de 30 años, en un principio como jornalero y después como conductor de un autobús que transportaba a la gente que labora en esa zona, una de las regiones agrícolas más importantes de Sinaloa. “Ese día, después de llegar del campo, él llevó a un amigo a comprar unas refacciones y allá los agarró la balacera. Él estaba en el momento equivocado y le tocó”, cuenta Eva, mientras se frota el vientre abultado producto de varios meses de embarazo.
Villa Juárez —perteneciente al municipio de Navolato, contiguo a Culiacán— es una de las localidades del Estado donde ha habido un aumento de hechos delictivos desde principios de año. Los homicidios en la cuna del cártel de Sinaloa tuvieron un repunte del 30% en comparación con el 2016. En enero y febrero de este año se han registrado 235 asesinatos, mientras que en los mismos meses de 2016, ocurrieron 180, según datos proporcionados por el subsecretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda. El funcionario explica que la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán Loera avivó la violencia en la entidad, ya que ocasionó una reestructuración del cártel que ha provocado pugnas internas.
La entidad vive una de sus peores crisis de seguridad y el actual mandatario Quirino Ordaz Coppel --quien asumió el cargo el primero de enero-- no ha podido contenerla. Los policías locales no pudieron poner orden y se tuvo que recurrir a la última carta del Gobierno en materia de seguridad: el Ejército y la Marina, que tampoco han logrado aminorar la violencia, dice Alejandro Sicairos, especialista en temas de seguridad.
Culiacán, la capital de Sinaloa, es uno de los tres municipios que concentró la mayor cantidad de homicidios el primer bimestre del año. La racha continuó los primeros cinco días de marzo: un promedio de tres personas fueron asesinadas en la ciudad. En las balaceras —ocurridas también en zonas residenciales— han muerto menores de edad, civiles, presuntos delincuentes y militares. El 24 de febrero un hombre disparó indiscriminadamente su fusil de asalto AK-47 en contra de los asistentes a un bar: tres personas murieron y cinco resultaron heridas. “En Culiacán y en el valle agrícola la gente está muy temerosa, no mandan a los niños a la escuela o no van a sus actividades productivas porque hay una guerra intestina que no sabemos cuándo va a acabar”, expone Sicairos.
El municipio de Navolato (154.300 habitantes) ha sido otra de las zonas más afectadas por la disputa que se ha desatado entre dos facciones del cártel de Sinaloa: un grupo liderado por Dámaso López, antiguo socio de Joaquín Guzmán, y el otro grupo comandado por Aureliano Guzmán, hermano del capo, y los hijos de este, conocidos como Los Chapitos. El 21 de febrero un grupo armado amagó al conductor de un autobús que transportaba jornaleros y le quitó la unidad. Tras realizar varios disparos al aire y quemar el camión, los empistolados huyeron por las brechas de la localidad.
En unos de los enfrentamientos entre bandas antagónicas ocurrido en Villa Juárez, Norberto Salazar —otro jornalero— perdió la vida, pero las autoridades lo identificaron ante su familia como un sicario. Su madre Blandina Ponce asegura que su hijo trabajaba en los campos agrícolas y tenía vida de campesino: “No traía ropa de marca, teléfonos de lujo, carros del año”. Según testimonios que la familia ha recogido, el joven fue baleado por los policías al no querer detener su auto cuando intentaba resguardarse de una balacera. “A su papá le enseñaron una foto donde aparece él muerto con un arma, pero es mentira, esa pistola se la pusieron los mismos policías”, afirma la señora que también trabaja en el campo. “Por qué mancharlo de esa forma, si toda la gente lo conoce y sabe que él trabajaba de forma honrada”, cuestiona anegada por el dolor.
Blandina Ponce muestra la foto de su hijo asesinado en Villa Juárez. Sinaloa. C. PALMAUna cacería de policías
Reyes Yosimar García se casaría en mayo y pensaba abandonar la policía municipal después de cinco años de servicio. El 26 de enero hombres armados llegaron a su domicilio y se lo llevaron a punta de pistola frente a su novia y su hermano. Su familia cuenta que cerca de las 7.00 de la tarde había llegado del trabajo cuando tocaron a la puerta de la vivienda y comenzaron a preguntar por él. Yosimar se asomó por la ventana y uno de los hombres apuntó hacia su rostro y gritó: “Ese es, el de los lentes”.
Al abrir la puerta le pegaron en las costillas y lo subieron a una camioneta. Desde entonces nadie lo ha vuelto a ver. “Nos hemos reunido con el procurador, subprocurador, pero hasta ahora nada. Ellos lo buscan muerto y nosotros queremos que lo busquen vivo, que me lo devuelvan sano”, exclama María Isabel, la madre del joven de 28 años.
Él es uno de los cinco agentes locales que desde el 21 de enero han sido presa de la delincuencia organizada. A la fecha tres policías continúan desaparecidos y dos han sido asesinados. Tres de ellos prestaron ayuda a un convoy de militares que en octubre pasado fue brutalmente atacado a balazos por miembros del cartel de Sinaloa. Esa teoría del rescate es una hipótesis que las autoridades han contado a los familiares para explicar las desapariciones. Según fuentes de seguridad del Estado, citadas por medios locales, hombres armados intentaron secuestrar a dos agentes más, pero estos lograron escapar.
Para Alejandro Sicairos este ataque a policías por parte del crimen organizado busca amedrentar a las corporaciones y mandar un mensaje al Gobierno estatal para que cedan el control de los mandos policiacos al crimen, como ocurría en el sexenio anterior. La actual administración colocó a militares al frente de los mandos policiales, lo que ha ocasionado la molestia de la delincuencia organizada. “Intentan recuperar el control de las policías que ya no tienen y tratan de decir al Gobierno que si no ceden, ellos van a continuar atacando a los agentes”, afirma Sicairos.