Al menos desde Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), alrededor del cuarto informe de gobierno se inicia el debilitamiento del poder presidencial y ocurren eventos y decisiones negativos para el país. En algunos sexenios la crisis se evidencia antes, pero en los últimos ocho los estragos se manifestaron en la parte final del mandato y dejaron profunda huella en la vida nacional.
Todavía está fresca en la memoria la matanza del 2 de octubre de 1968, justo un mes después del cuarto informe de Díaz Ordaz y prácticamente en vísperas de la inauguración de los Juegos Olímpicos.
Las secuelas de la represión estudiantil se hicieron patentes con el surgimiento de la guerrillera Liga Comunista 23 de Septiembre, cuyas acciones empezaron a sacudir a la comunidad alrededor de la mitad del sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976); las primeras acciones violentas que conmovieron a la sociedad mexicana fueron, entre otras, los asesinatos de los empresarios Eugenio Garza Sada, el 17 de septiembre de 1973, y de Fernando Aranguren, así como el secuestro del cónsul inglés en Jalisco en octubre del mismo año.
Esos acontecimientos afectaron la relación del gobierno con los empresarios (particularmente los regiomontanos) y las diferencias se hicieron más evidentes tras las reformas constitucionales que dieron paso a la Ley General de Asentamientos Humanos, en febrero de 1976, cuando el presidente los calificó como “los encapuchados de Chipinque”, y en las invasiones de tierras y posterior expropiación en los valles de los ríos Yaqui y Mayo.
Antes Echeverría orquestó el golpe contra la dirección del periódico Excélsior y concluyó su gobierno con el país sumido en una crisis económica manifiesta en la devaluación de casi 80% del peso en septiembre de 1976, tras 22 años de paridad estable.
José López Portillo (1976-1982) intentó sanar las heridas con la iniciativa privada y estabilizar la economía nacional con un pacto denominado Alianza para la Producción, que aunado a la riqueza petrolera y los altos precios de los hidrocarburos permitió reimpulsar el crecimiento y mantener bajo control la inflación durante los primeros años.
Sin embargo, el desplome del precio del petróleo en la segunda mitad de 1981 fue el inicio de una nueva crisis que se manifestó, entre otras cosas, en la beligerancia del sindicalismo universitario; la intentona de emitir la legislación secundaria sobre el derecho a la información; la embestida contra el periodismo crítico, que se reflejó el 7 de junio de 1982, cuando López Portillo sentenció: “No pago para que me peguen”; la devaluación de febrero de 1982 –tras haber afirmado meses antes: “Defenderé el peso como un perro”–, y la nacionalización bancaria el 1 de septiembre de 1982.
Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) empezó el sexenio con la firma de pactos con empresarios y obreros para estabilizar la economía. Pero el efecto de las crisis recurrentes y las reformas electorales empezaron a reflejarse en las urnas y el PRI comenzó a perder las alcaldías de varias capitales estatales e incluso gubernaturas –fue el caso de Chihuahua en julio de 1986–, con lo cual el gobierno recurrió a lo que llamó el “fraude patriótico”.
Una nueva caída de los precios del petróleo desató otra crisis en las finanzas públicas que finalmente se reflejó en la economía nacional y se plasmó en el desplome del índice de precios de la Bolsa Mexicana de Valores, que en poco más de un mes perdió 75% de su valor y proyectó el precio del dólar hasta 2 mil 700 pesos.
El surgimiento de la Corriente Democrática en el PRI –la cual provocó una ruptura en este partido– preparó el escenario para las fraudulentas elecciones presidenciales del 6 de julio de 1988.
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), quien asumió la Presidencia fuertemente cuestionado por la legalidad de su elección, se abocó nuevamente a tratar de estabilizar la economía, lo que logró mediante el reforzamiento del modelo neoliberal, que insertó a México en el mundo globalizado. Sin embargo, el nuevo modelo económico impactó en los ámbitos político y social, y emergió la violencia… El 24 de mayo de 1993 el país se cimbró con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en Guadalajara.
El 1 de enero de 1994 el país amaneció con la noticia del alzamiento zapatista en Chiapas; el 23 de marzo asesinaron al candidato priista Luis Donaldo Colosio, en Tijuana, y el 28 de septiembre a quien se perfilaba como coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, José Francisco Ruiz Massieu.
Aunque el sucesor de Colosio, Ernesto Zedillo (1994-2000), vivió sus peores momentos en los primeros meses de su gobierno tras el llamado “error de diciembre” , luego de su cuarto informe, ya con una Cámara de Diputados sin mayoría absoluta del PRI, también hubo acontecimientos y acciones que impactaron negativamente, como fue la aprobación del Fobaproa, que entre otras cosas permitió eludir las acciones legales para castigar el desvío de recursos de empresas privadas y paraestatales hacia su campaña presidencial. En el terreno político le estalló la crisis por las cuotas en la UNAM.
Ni siquiera la alternancia de partido en el gobierno modificó esta constante, pues Vicente Fox Quesada (2000-2006) inició el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, en mayo de 2004 (se concretó casi un año después, el 7 de abril de 2005) y ya en plena campaña electoral de 2006 promulgó la llamada Ley Televisa para consolidar y ampliar los privilegios de los concesionarios.
En el caso de Felipe Calderón (2006-2012) las cifras más elocuentes son las relacionadas con los índices delictivos. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los años con mayor número de delitos reportados fueron 2010 y 2011 (cuarto y quinto de su gobierno), cuando superaron el millón 800 mil denuncias, y los llamados de alto impacto superaron la mitad del total de los reportados a partir de 2010. Los homicidios del crimen organizado pasaron de 9 mil 614 en 2009 a 22 mil 485 en 2012.
Algunos de los eventos más impactantes entonces fueron el de las narcofosas de San Fernando, Tamaulipas, encontradas el 6 de abril de 2011, y el incendio del Casino Royale, en Monterrey, el 25 de agosto de ese año.
La próxima semana el presidente Enrique Peña Nieto rendirá su cuarto informe y lo hará en peores condiciones que sus antecesores. Sin pretender ser exhaustivo, es evidente que el país vive una crisis de derechos humanos, como hizo evidente la CNDH –la semana pasada dio a conocer que 22 de los 42 fallecidos en Tanhuato el 22 de mayo de 2015 fueron ejecutados extrajudicialmente por policías federales–; él, su familia y miembros de su equipo de gobierno protagonizan casi permanentemente escándalos de corrupción, conflictos de interés o faltas éticas como el plagio de múltiples párrafos de su tesis de licenciatura, y las reformas estructurales no alcanzan los resultados prometidos.
Además, diversos grupos de poder litigan sus demandas en las calles o en los medios de comunicación masiva; el magisterio, particularmente los miembros de la CNTE, se opone a la reforma educativa; la jerarquía eclesiástica rechaza la iniciativa de ley para permitir los matrimonios igualitarios; la iniciativa privada cuestiona las reformas a la Ley 3de3 y lo que ellos llaman su debilidad para enfrentar las protestas sociales. Es un gobierno cercado e incapaz de atender las demandas ciudadanas, hacer valer los derechos humanos e instaurar el estado de derecho.
Y todo esto cuando apenas va a empezar el fatídico tramo final del gobierno peñanietista.