Enero de 2017 es el mes con más ejecutados por el narcotráfico en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto: 3 mil 6 muertos.
El crecimiento de las estructuras del narcotráfico y el crimen organizado; el asentamiento de cárteles como el de Jalisco Nueva Generación en el norte del país; los enfrentamientos en el de Sinaloa, producto de la lucha por el poder luego de la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán; y una evidente incapacidad del gobierno federal para investigar, detener y desactivar estas bases criminales dan como resultado 90 mil 694 ejecutados en 50 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, de diciembre de 2012 a enero de 2017.
Incluso hay estados que pierden prácticamente .08% de su población al año por asesinatos. Es el caso de Colima, que tiene la tasa más alta de homicidios dolosos (81.17 por cada 100 mil habitantes en 2016).
Según documentos oficiales y bases de datos consultados, sólo en enero de 2017 en México hubo 3 mil 6 víctimas de homicidios dolosos. Es la cifra que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende de la Secretaría de Gobernación.
Los asesinatos en México han escalado prácticamente cada año del gobierno de Peña Nieto, incluso por encima de los documentados en el sexenio del panista autor de la “guerra contra el narco”: Felipe Calderón Hinojosa.
Según bases de datos de la Secretaría de Gobernación, de procuradurías estatales y los reportes de defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en lo que va del gobierno se suman 90 mil 694 muertes violentas, la mayoría relacionadas con el crimen organizado.
Es decir que juntando las cifras de muertes que han dejado los dos últimos sexenios, México ha sufrido 212 mil 377 víctimas de la violencia y de la incompetencia gubernamental.
Los más violentos
El Estado de México se coloca en la primera posición con 11 mil 604 ejecutados en los 50 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto; Veracruz ocupa el número siete, con 4 mil 309.
Los estados con mayor número de muertes violentas en ese lapso son: el Estado de México, con 11 mil 604; Guerrero ocupa el segundo lugar, con 8 mil 986; Chihuahua, 7 mil 240; Jalisco, 5 mil 292; Sinaloa, 4 mil 914; la Ciudad de México ocupa el sexto lugar, con 4 mil 629; Veracruz, con 4 mil 309; Michoacán, 4 mil 259; Baja California, 3 mil 757, y en décimo lugar Guanajuato, con 3 mil 680.
Si la tendencia se mantiene, Peña Nieto dejará un país igual o más ensangrentado que el que dejó Calderón.
La estadística de ejecutados en lo que va del sexenio de Peña Nieto se integra así: en diciembre de 2012, mil 999; en todo 2013, 23 mil 63; en 2014, 20 mil 10; en 2015, 20 mil 525; en 2016, 22 mil 935 (el año más violento del sexenio), y enero de 2017, 3 mil 6 víctimas fatales. En total: 90 mil 694 homicidios dolosos.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública modificó su manera de documentar su información. Hasta 2015 la dependencia únicamente cuantificaba los expedientes de los delitos, entre ellos los de homicidio, pero no el número de víctimas. Había, por ejemplo, “multihomicidios” en un solo expediente.
Ahora la información es más precisa, alimentada con formatos homologados de las procuradurías estatales. Para dar una idea, en 2013 el secretariado registró una incidencia de18 mil 332 carpetas de homicidios dolosos, mientras el Inegi dio cuenta de 23 mil 63 muertes violentas. Lo mismo en 2014, cuando el primero documentó 15 mil 653 y el segundo, 20 mil 10.
Aunque el secretariado proporciona datos a razón de víctimas, en 2015 sólo cuantificaron 17 mil 28, mientras el Inegi arrojó 20 mil 525.
Al ser la entidad más poblada, el Estado de México siempre está a la cabeza de la lista de violencia. Guerrero, Veracruz y Michoacán, independientemente de su población, sufren crisis de seguridad e ingobernabilidad.
De Calderón a Peña, “es lo mismo”
“Vamos a cumplir dos sexenios con una misma política que nos ha llevado a los peores números en materia de homicidios en la historia contemporánea de este país”, dice Ernesto López Portillo, consultor en Seguridad Ciudadana y Reforma Policial en la Ciudad de México.
El también fundador de la asociación civil Instituto para la Seguridad y Democracia sostiene que la tendencia habla de un “riesgo de que México pase del umbral de violencia endémica y se vaya a un umbral más grave, que es el de conflicto armado, como ocurrió en El Salvador”.
El especialista en instituciones policiales asegura que “el Estado mexicano no ha publicado ni ha dado a conocer alguna metodología con evidencia empírica sobre cómo reducir el homicidio”. En todo caso, el crecimiento o la disminución de las ejecuciones caminan independientemente de las acciones de gobierno.
Advierte que México padece una violencia endémica en materia de homicidios de acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, “y no tenemos la medicina. Puede ser que la autoridad militar entienda de una manera, las procuradurías lo entiendan de otra, la policía de otra, pero nadie muestra una metodología”.
El activista, con más de 20 años estudiando el fenómeno, asegura que “la violencia homicida y lo que hace el Estado para enfrentarla se mueven de manera independiente. No tenemos información de que la autoridad modifique el comportamiento de los homicidios”.
Por su parte Santiago Roel, directivo del proyecto Semáforo Delictivo, dedicado a estudiar el comportamiento de la inseguridad en México, declara: “En el cierre de 2016, se incrementaron 51% las ejecuciones del crimen organizado”.
“Publicamos un estudio de homicidios desde 1945; vimos que iba descendiendo la tasa de homicidios desde 1995, pero en 2007, cuando arrancan la Iniciativa Mérida y la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, se dispara esto exponencialmente. Para 2011 tocamos un récord de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes, cuando habíamos logrado bajar hasta casi ocho”, afirma.
Para el experto en el tema queda claro que la llamada guerra contra las drogas y la Iniciativa Mérida “nos han incrementado toda la violencia en México”, sobre todo porque, abunda, “cuando suben los homicidios, tienden a subir otros delitos de alto impacto y se conforma lo que llamamos la tormenta perfecta: el crimen organizado bien posicionado y las autoridades caen en la ley de plata o plomo”.
A decir de Roel: “La perspectiva de la nueva relación con Estados Unidos, de que cada quien cuide sus fronteras y territorios, creo que es una oportunidad dorada para que México regule las drogas y termine la guerra que solamente nos ha creado más violencia”.
El paso para la legalización daría la oportunidad de apagar las peleas violentas entre los cárteles: “Las drogas no deben estar en manos de las mafias; el Estado es responsable por el manejo de las drogas pero evade esta responsabilidad, crea este mercado negro muy lucrativo para las mafias, con las cuales nos hacen una guerra tremenda y algunos narcopolíticos se benefician de esto. No hay que olvidar que podrán atrapar capos y extraditarlos, pero el negocio y el mercado ahí están y ahí van a estar”.
Explica que mientras Estados Unidos y Canadá siguen regulando el uso de la mariguana médica y recreativa, y así haciendo dinero, en México se sigue matando a miles de personas.
El especialista refiere que “el otro tema es la regulación del cultivo de la amapola. Estados Unidos nos prohíbe que cultivemos amapola bajo el pretexto de que México es incapaz de controlar su cultivo con fines médicos. Es muy cómoda su postura de decir que todo el problema que tiene Estados Unidos, lo causan los bad hombres, los mexicanos. No. Es un mercado y su demanda está creciendo por razones económicas, familiares y sociales”.
Las entidades productoras “podrían ser estados ricos, vivos, en paz, con una gran capacidad de exportación de mariguana y del derivado de la amapola. No entiendo qué estamos esperando para defender los intereses de México y para encontrar la paz. Peña Nieto y su administración no están haciendo nada al respecto”, refiere.
Concluye Roel: “Peña Nieto está haciendo exactamente lo mismo que Calderón. No veo nada nuevo. Me preocupa”.