Nuevo León vive nuevamente una crisis de seguridad, la lucha intestina de organizaciones del crimen organizado da cuenta de múltiples ejecuciones y enfrentamientos entre bandas antagónicas y fuerzas del orden, el estado donde las policías que más que combatir a la delincuencia en ocasiones funcionan como brazo armado de grupos criminales.
El reciente escándalo por la filtración de un vídeo del penal de Apodaca pone al estado en la mira internacional por la flagrante violación de derechos humanos y el autogobierno que se vive en las cárceles de la entidad aunado a la creciente violencia en la pugna por el control del estado entre carteles del narcotráfico.
Los levantones y ejecuciones están a la orden del día, la muerte de personas ligadas a dependencias de procuración de justicia revelan nuevamente desde donde se mueven los hilos y se protege a los grupos criminales, un personaje clave en Nuevo León que opera desde la Procuraduría General de Justicia está en la mira del ejército y la marina.
El nombre de Braulio Sánchez Mantilla aparece en varias carpetas de investigación, ligado a grupos criminales Sánchez Mantilla es conocido con el alias de “El Sureño”, el tufo de la corrupción y complicidad desde gobierno aparece en la operación y protección del Cartel del Golfo en los recientes acontecimientos bajo la sombra del sureño.
Aunque cambiaron los colores de gobierno se mantienen las mismas mafias en la procuraduría, las conspiraciones y traiciones en esta pelea por el control de las plazas en Nuevo León involucran a Braulio Sánchez en la ejecución de Armando Amador García, mando de la Agencia Estatal de Investigación asesinado de tres tiros cuando circulaba por la avenida Venustiano Carranza en el centro de Monterrey en septiembre del 2016.
El nombre de Braulio Yáñez salió a relucir en un conflicto entre integrantes del Cartel del Golfo que culminó con la ejecución de Gumersindo Gámez Villareal “comandante Águila” en los límites de Tamaulipas y Nuevo León en agosto del 2016.
Como fiscal No 2 favoreció a su camarilla desde donde se protegen con el manto de la impunidad de la procuraduría de justicia, basta recordar la omisión en el caso de Ángel Contreras Valle donde no puso a disposición el arma de fuego con que amenazo a ciudadanos en un incidente de transito cuando conducía bajos los influjos del alcohol en enero del 2005 y así sucesivamente la serie de ilícitos engrosan su expediente criminal.
La renuncia del procurador Roberto Flores Treviño en febrero del 2017 se dio en en el marco de la exposición de los vínculos entre delincuencia organizada y elementos en la dependencia de gobierno. Flores Treviño forma parte del grupo del sureño a quien dejo como enlace después de dimitir de su cargo en la administración del gobernador Jaime Rodriguez Calderón.