La crisis penitencia en México ha quedado nuevamente al descubierto tras una serie de fugas, riñas y motines que han ocurrido en las últimas semanas. A pesar de que en junio pasado entró en vigor una nueva ley en la materia que buscaba poner orden en las cárceles del país y mejorar las condiciones de los internos, los problemas se han intensificado. Expertos en reinserción social consideran que estos hechos son una muestra del control que tiene el crimen organizado sobre las cárceles del país y que las autoridades no han podido revertir.
El lunes unos 600 reos se amotinaron en una cárcel de Nuevo León, donde seis de ellos resultaron heridos. El jueves pasado 29 internos se escaparon de un penal de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, a través de un túnel, como lo hizo Joaquiín El Chapo Guzmán en 2015. Dos días después, una riña en la misma cárcel dejó tres muertos y un herido de gravedad. El viernes en Cancún, en el caribe mexicano, un reo murió y otros tres quedaron heridos tras una riña. A mediados de mes, Juan José Esparragoza Monzón, hijo de uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, y otros cuatro reos escaparon de un penal en Culiacán. Con la fuga quedaron al descubierto las condiciones de privilegio en las que vivía en la cárcel estatal.
A diez meses de que entró en vigor la nueva ley, los incidentes al interior de las cárceles federales han registrado un incremento. En enero de este año hubo 204 incidencias en los penales controlados por el Gobierno federal, donde estuvieron involucrados 365 reos. La mayoría de los disturbios fueron riñas, mientras que el resto de los casos registrados correspondieron a agresiones, huelgas de hambre, decesos y suicidios. En enero del año pasado la cifra fue menor: 180 incidentes y 337 involucrados, de acuerdo a las últimas estadísticas difundidas por la Comisión Nacional de Seguridad.
Las cárceles mexicanas están rebasadas por los criminales. En el 60% de los centros hay autogobierno –donde la autoridad no puede hacer cumplir los reglamentos del penal, y son los grupos hegemónicos de reclusos quienes imponen su poder–, lo que pone en una situación de vulnerabilidad al resto de los reclusos, señala Guillermo Zepeda Lacuona, especialista en temas penitenciarios. "En promedio hay un custodio para 35 internos y no se han desarrollado sistemas de videovigilancia o celdas electrónicas para tener una mejor vigilancia de los reclusos", explica.
El 70% de los internos vive en condiciones de hacinamiento, dice Zepeda Lecuona, lo que genera violaciones a los derechos humanos. Según la ONU superar el 120% de ocupación carcelaria está considerado un trato cruel, ya que esto impide establecer condiciones dignas y garantizar la integridad física de las personas. "El hacinamiento diluye la eficacia de las políticas de reinserción como las tareas educativas y ocupacionales necesarias para la readaptación", acota.
En el último diagnóstico penitenciario dado a conocer el año pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se encontró que tras revisar 130 prisiones estatales, 21 federales y tres militares, en la mayoría de estas impera el hacinamiento, la sobrepoblación, las malas condiciones de higiene, y que el personal de seguridad es insuficiente para hacer frente a los motines o riñas. La saturación es uno de los mayores problemas que enfrenta el sistema penitenciario mexicano, ya que desencadena brotes de violencia.
Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), menciona que entre 2005 y 2016 los penales disminuyeron al pasar de 455 a 389, pero la población carcelaria –sobre todo la relacionada a la delincuencia organizada– aumentó por la lucha emprendida contra el narcotráfico. "Estas personas han llegado a imponer su control y hay una respuesta de la gente que no está de acuerdo. Esto provoca que haya motines y fugas", destaca. Los escapes que han ocurrido recientemente, tanto en Sinaloa como en Tamaulipas, evidencian que los narcotraficantes tienen el poder de sobornar a toda la estructura, desde los custodios hasta el director del penal.
En junio pasado entró en vigor la Ley de Ejecución de Sanciones que busca cambiar el sombrío panorama en los centros de reclusión. El objetivo es contar con un esquema que garantice la reinserción social en condiciones dignas y seguras, apegadas al respeto de sus derechos humanos, y que acabe con los actos arbitrarios y la corrupción. La norma también se propone modernizar el sistema carcelario y lograr la gobernabilidad en las prisiones. Barrón considera que la ley no acabará con el autogobierno, el problema estructural que impera en las cárceles. "La prisión necesita una reingeniería completa que no se resuelve con una ley, el problema viene de años atrás y se deben buscar alternativas para brindar efectivamente la reinserción a los internos", afirma.
La nueva ley prevé medidas de seguridad de vigilancia especial. El artículo 37 establece que las personas en prisión por delitos de delincuencia organizada compurgarán sus penas en espacios especiales y con vigilancia permanente. Cuando exista riesgo o amenaza inminente que ponga en peligro la seguridad del centro penitenciario, se decretará estado de alerta máxima. Estas medidas resultarán insuficientes mientras no se resuelva el problema de sobrepoblación y corrupción penitenciaria, coinciden los especialistas en el tema.