Comienzan a salir a la luz pública hechos que involucran a funcionarios de primer nivel en actos de corrupción y delitos como narcotráfico. Esto se está logrando no gracias al trabajo de instituciones como la Procuraduría General de la República, sino a pesar de ellas.
Mientras en México se oculta información, en el extranjero se abre la caja de Pandora con revelaciones sobre crimen organizado, sobornos y paraísos fiscales. Tan solo en los últimos días:
—Estados Unidos detuvo el 27 de marzo a Édgar Veytia, quien fuera nada más y nada menos que fiscal en Nayarit. Está acusado de importar y distribuir drogas. El encargado de perseguir delitos es el sospechoso de formar parte de la mafia.
—El 9 de abril fue detenido en Florencia, Italia, el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington.
Ricardo Raphael, en su columna de ayer en EL UNIVERSAL, sacudió al recordar el papel de Yarrington en la violenta historia del país: impulsó el surgimiento de uno de los grupos más devastadores, Los Zetas. Este cuerpo del crimen organizado se fundó con 20 integrantes del Ejército formados en EU y se asoció con los kaibiles guatemaltecos, también soldados de élite entrenados en el país vecino.
La confirmación de los señalamientos contra Veytia y Yarrington sería la sentencia condenatoria de un país que pasó de la infiltración al Narco-Estado.
—En otro escándalo, el Supremo Tribunal brasileño consignó la acusación que Hilberto Mascarenhas, ex director de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, hizo en contra de Emilio Lozoya, ex director general de Pemex. En un documento publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fechado el 4 de abril, Mascarenhas denunció que en noviembre de 2014 recibió la petición de pagar a Lozoya 5 millones de dólares.
Para variar, el asunto no fue develado por autoridades mexicanas. Al contrario, el procurador Raúl Cervantes decidió reservar la información por cinco años.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló pagos a funcionarios de 12 países. De acuerdo a la indagatoria, en México Odebrecht entregó durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña (entre 2010 y 2014) 10.5 millones de dólares para ganar contratos de obras de Pemex.
Las preguntas que surgen a raíz de las últimas detenciones y acusaciones son muchas. Van tres:
1.— ¿Se puede comprender el nivel de corrupción sin la colusión de presidentes de la República, gobernadores, legisladores, alcaldes, jueces, militares, procuradores?
2.— ¿Alguno de los mandatarios priístas detenidos, en fuga o en proceso (Tomás Yarrington, Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Eugenio Hernández, Rodrigo Medina) se vieron beneficiados o beneficiaron al Ejecutivo federal?
3.— Si grupos criminales se conformaron con miembros de las Fuerzas Armadas y policías judiciales, ¿mantienen vínculos con personal al interior de quienes dicen combatir al narco?
Lo cierto es que el índice global de impunidad de 2016 colocó a México en el lugar 58, de 59 países.