La Procuraduría General de la República (PGR) no logró acreditar tres de los cuatro delitos que presentó en contra de Víctor Geovanny González Sepúlveda, señalado como presunto operador financiero de Dámaso López Núñez, el Licenciado, de acuerdo a información de Aristegui Noticias.
Durante la audiencia inicial celebrada ayer en el Reclusorio Sur, dos abogados de oficio pusieron en jaque a los fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Seido), quienes fueron apercibidos por leer en un proceso que debe ser oral y que ni siquiera lograron el permiso para que el imputado fuera trasladado a un Penal Federal de Alta Seguridad.
Además, no se presentó ninguna imputación formal por los delitos de delincuencia organizada ni por lavado de dinero en contra del supuesto operador financiero de Dámaso López Núñez, lo que al final repercutió para que se negara a la PGR una autorización para trasladar al acusado a un Cefereso.
Desde el arranque de la audiencia presidida por la Jueza de Control, María Elena Cardona Ramos, los abogados de oficio, que prefirieron mantenerse en el anonimato y pusieron en evidencia las deficiencias cometidas por la Seido para procesar a Víctor Geovanny, quien renunció a ser representado por un abogado particular al ver que este no llegaba “por problemas de tráfico”.
La defensa logró anular tres imputaciones relacionadas con las armas de fuego y los cartuchos que le fueron encontrados a su cliente, gracias a que los fiscales de la PGR no presentaron una prueba técnica o peritaje especializado para acreditar que las tres armas encontradas en la casa del Chómpiras, eran de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Los Ministerios Públicos adscritos a la Seido tampoco presentaron este tipo de peritajes para acreditar que los 264 cartuchos y alrededor de 15 cargadores encontrados en una vivienda de la colonia Tezozómoc, en Azcapotzalco, eran de los equipamientos que están reservados para el uso exclusivo del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.
Los abogados de oficio acusaron a la PGR de retardar la puesta a disposición de su cliente, mediante argumentos “legaloides”, y solicitaron la invalidación de una prueba adicional presentada por el Ministerio Público: una confesión de Víctor Geovanny en la que éste reconocía ser propietario de las drogas y las armas encontradas en su casa.
El argumento es que el cateo empezó a las 3:00 de la mañana del martes de 2 de mayo, y que la Procuraduría reconoció que a las 9:00 horas de ese mismo día, ya había concluido la búsqueda de indicios y datos de prueba.
Sin embargo, fue hasta las 14:00 horas del 2 de mayo, cuando los agentes aprehensores pusieron al imputado a disposición del Ministerio Público de Seido, bajo el argumento que pasaron cinco horas llenando las actas y los informes policíacos de la diligencia.
La defensa consideró que esa tardanza era motivo suficiente para calificar la detención como “ilegal” y liberar a su cliente, mientras que el Ministerio Público negó que durante ese lapso de tiempo, el imputado haya sido detenido contra su voluntad.
La falta de argumentos y motivaciones de los fiscales de PGR para exponer su teoría del caso, derivaron en un último aprieto para la dependencia: en lugar de seis meses para cerrar la investigación complementaria, la jueza Cardona Ramos les impuso un plazo de un mes.