En México, el robo de combustible es controlado por cinco cárteles del narcotráfico como resultado de la diversificación de sus fuentes de financiamiento y una forma de resistencia frente a los embates del Ejército y las distintas corporaciones policiales, asegura José Ignacio Montero Vieira, del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).
“Los continuos golpes policiales y militares han provocado que el crimen organizado abra nuevas vías de financiación, como el robo de combustible, estrategia que les confiere mayor resistencia frente a la actuación de los cuerpos de seguridad pública”, señala.
El robo de combustible en nuestro país asciende a 20 mil millones de pesos por año, equivalente a 27 mil barriles de gasolina y diésel diarios, siendo los estados de Puebla, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz donde se concentra el ilícito, de acuerdo con datos proporcionados por la Gerencia de Información de Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Se trata de una realidad preocupante, ya que tan solo en el 2012, el robo de combustible generó pérdidas a Pemex por valor de 497 millones de dólares; en 2013 aumentaron hasta situarse en los 545 millones de dólares, y en 2014 la situación empeoró notablemente, dado que se llegaron a registrar pérdidas por valor de 1 mil 159 millones de dólares”, establece Montero Vieira.
En entrevista, el investigador del IEEE explica que la tendencia de este ilícito es muy grave, en especial si se atiende a las estimaciones de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), la cual afirma que el crimen organizado podría estar controlando un 20 por ciento del mercado nacional de combustibles.
La explosión de las tomas clandestinas detectadas por Pemex entre 2011 y 2012, coincidió con la incorporación del crimen organizado a esta actividad, advierte Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), al participar en el foro Energy México, celebrado a inicios de marzo.
Entre 2009 y 2016 Pemex perdió al menos 160 mil millones de pesos, equivalentes a unos 50 mil barriles de promedio al mes por cada oleoducto, de acuerdo con estimaciones de Dwight Dyer, consultor independiente en seguridad del sector energético, dadas a conocer en la misma tribuna.
“En muchas ocasiones los grupos criminales involucrados en el robo de gasolina, así como el personal de Pemex, de los municipios y hasta estatales, obligaron tanto a las estaciones y las asociaciones de gasolineros a comercializar el combustible robado. A veces era a las buenas, a veces a las malas”, señaló Dyer.
La tendencia del número de tomas clandestinas entre 2004 y 2015 es preocupante, señala por Montero Vieira, quien advierte que se ha incrementado hasta niveles alarmantes.
Este crecimiento se produce a pesar de las acciones del Grupo de Coordinación Interinstitucional de Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Hidrocarburo, creado en 2015 e integrado por Pemex, la Procuraduría General de la República, las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), la Policía Federal, la Gendarmería y autoridades locales.
De acuerdo con el reporte de los sistemas de medición de Pemex, las tomas clandestinas de combustible se han registrado en gran medida en los poliductos de Topolobampo-Culiacán, Cadereyta-Brownsville, Salamanca-Vista Alegre-Zacatecas, Salamanca-Guadalajara, Madero-Cadereyta, Salamanca-León, Salamanca-Morelia, Minatitlán-México y Minatitlán-Dos Bocas-Villahermosa.
El investigador del IEEE precisa que los responsables del robo de combustible varían en función de la zona del país donde operan, ya que esta actividad ilícita puede estar en manos de un solo cartel o, como suele ocurrir, en un mismo estado, donde varios cárteles se disputan la hegemonía del negocio lo cual se traduce en violencia.
Los cárteles
En su estudio El robo de combustible en México en el contexto del narcotráfico, Montero Vieira precisa que Los Zetas, el Cartel del Golfo, Los Caballeros Templarios, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación, controlan el robo de hidrocarburos en el país, en complicidad con empleados de Pemex, de acuerdo con la zona de influencia de cada organización criminal.
Explica que el radio de acción del cartel de Los Zetas es muy amplio, ya que sus actividades relacionadas al robo de combustible se extienden por Tabasco, Campeche, Veracruz, Puebla, Tamaulipas y Nuevo León. “Es tal la importancia que esta organización le da al robo de combustible que ha establecido una extensa y compleja red criminal dedicada a esta actividad y a eludir la acción de la justicia y proteger su nueva fuente de financiación”, acota.
El Cártel del Golfo tiene menor presencia en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, en virtud de las acciones del gobierno y de las pugnas internas por el poder, y ha reparado en el robo de combustible como una actividad de bajo riesgo y gran rentabilidad. Además, al igual que los Zetas, el hecho de operar en un estado fronterizo con Estados Unidos les permite vender más fácilmente el combustible robado al otro lado de la frontera.
Respecto al cártel de los Caballeros Templarios, señala que su zona de actuación se limita al estado de Guanajuato, en donde el número de robo-extracción de combustible es muy elevado. Esta organización opera igual que Los Zetas, en el sentido de apostar por la diversificación de fuentes de financiación, como estrategia para poder resistir los ataques de las fuerzas de seguridad.
En el caso del Cártel de Sinaloa, con presencia en 50 países y una compleja estructura difícil de combatir, el narcotráfico es su actividad imperante, y el robo de combustible lo ha relegado a un segundo plano. De igual forma que otros cárteles, y como si de una multinacional se tratara, también apuesta por una “política” de diversificación económica.
Sin embargo, desde su feudo en el estado de Sinaloa, ha sido responsable del 13 por ciento de las tomas clandestinas de todo el país durante los últimos seis años. Además, destaca que esta organización tiene una capacidad de penetración muy notoria en la administración pública, para corromper a los servidores públicos.
Con mucha menos importancia, tanto por las organizaciones en sí, como por el volumen de negocio que manejan, existen otros cárteles que también participan del robo de combustible, como los cárteles regionales del Milenio y La Resistencia, cuya zona de actuación se centra en el estado de Jalisco.
Precisamente en este estado se encuentra presente el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo potencial de desarrollo ha venido acaparando el control del robo de combustibles, no sólo en la entidad, sino también en otros estados donde tiene presencia.
Fuera del mundo de los cárteles del narcotráfico, advierte Montero Vieira, también existen bandas organizadas dedicadas, casi en exclusiva, al robo de combustible. Tienen presencia en todos los estados, aunque sus acciones son bastante más limitadas, puesto que no cuentan con la capacidad para operar que tienen los principales cárteles.
Licenciado en Geografía y Ordenación de Territorio por la Universidad Complutense de Madrid, Montero Vieira explica la forma en que participan empleados y extrabajadores de Pemex en el robo de combustible, en complicidad con los grupos delincuenciales, quienes son un activo valioso para los cárteles, puesto que poseen la tecnología para poder realizar sustracciones con éxito, previniendo riesgos.
Y es que la corrupción es uno de los factores que contribuye al desarrollo del robo de combustible en el país y a la cada vez mayor expansión por el territorio mexicano, así como la complejidad de la infraestructura de los conductos de Pemex, subraya.
Pemex cuenta con una red de 57 mil kilómetros de oleoductos y gasoductos que atraviesan territorios muy diversos y complejos, desde zonas de llanura, montaña, de selva o desierto por donde pasan los ductos, situación que aprovechan las bandas de chupaductos para sustraer el combustible con mayor impunidad.
Las organizaciones criminales involucradas en el robo de combustible han ido variando los modos de sustracción, desde el robo de pipas hasta el más sofisticado robo directo en oleoductos. Debido a la gran extensión de la red de carreteras del territorio mexicano, que cuenta con 379 mil kilómetros, el robo de pipas es relativamente fácil de poner en marcha, a pesar de que los camiones cuentan con localizadores GPS.
La sustracción directa en oleoductos es la modalidad que más pérdidas le genera a Pemex, puesto que se realiza en áreas rurales, donde las condiciones favorecen a los chupaductos, quienes utilizan la tecnología, retroexcavadoras, válvulas, camiones y sobre todo, cuentan con la complicidad de expertos de Pemex.
Para almacenar los cargamentos de combustible, los cárteles utilizan áreas recónditas del mundo rural y para la venta han encontrado cuatro formas: la venta directa de garrafas en carreteras y pueblos; venta al mayoreo a consumidores medios (fábricas o empresas de transporte); venta a gasolineras registradas y en gasolineras piratas.
La venta del combustible se lleva a cabo en el eje económico más importante del país y que concentra la mayor parte de los robos, formado por un lado, por los estados de Campeche y Tabasco, con ramificaciones en Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, y por el otro, por Puebla, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa.
Una parte importante del combustible robado es reservado por el propio crimen organizado, que tiene a su disposición miles de vehículos, embarcaciones y aeronaves, cuyo mantenimiento necesita un soporte, siendo esta actividad uno de los pilares.
El sector petrolero se ubica en el Golfo de México, extendiéndose por los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, estados que concentran la infraestructura de exploración, producción y refinamiento de Pemex, y también amplias zonas industriales que requieren gran demanda de combustible.
La escalada de robo de hidrocarburos contribuye a proyectar una imagen negativa de México en el exterior, sobre todo en lo que respecta a la reforma energética, la cual podría no llegar a obtener los resultados previstos, debido al clima de inseguridad que vive el país y en especial el sector petrolero.
El robo de combustible supone una actividad ilícita en crecimiento y que ocasiona importantes pérdidas económicas. Por ello y por otros efectos negativos, tanto Pemex como el gobierno mexicano han comenzado a adoptar una serie de medidas encaminadas a disuadir y abortar intentos de robos que se pudieran producir.
Dejar de transportar combustible listo para el consumo. A partir de ahora, el producto transportado estará tratado a medias. De esta manera se pretende atajar la sangría que supone para Pemex el robo de combustible. Además, esta medida representa un reto para las estructuras logísticas de las organizaciones criminales, en el sentido de si sabrán adaptarse o no a esta nueva coyuntura.
El gobierno de México y Pemex han llegado a un acuerdo para reforzar la seguridad de las líneas de oleoductos de la compañía petrolera. Esto se traduce en un aumento de las patrullas terrestres y aéreas, especialmente de la Policía Federal y la Marina. Esta medida trata de disuadir o abortar posibles intentos de robos.
La lucha contra la corrupción debe ser un eje central en la estrategia que se diseñe para atajar este problema. Uno de los activos más importantes para las organizaciones del crimen, ya que son trabajadores de Pemex quienes poseen conocimientos necesarios para llevar a cabo los robos.
El impacto del robo de combustible alcanza a la reforma energética, ya que Pemex tendrá que demostrar que tomó todas las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar el transporte y almacenamiento de los combustibles, para que los costos que se generen por la ordeña de sus ductos sean trasladados a las empresas que utilicen su infraestructura.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) informó que las pérdidas no operativas que queden fuera del control de Pemex Logística, tales como robos de combustible por los usuarios y el transportista, “podrán ser transferidas a los usuarios del sistema a través de un costo trasladable en la tarifa”, para lo cual Pemex deberá demostrar que se tomaron las medidas necesarias en la operación y seguridad de los sistemas de transporte por ducto.
La CRE aseguró que trabaja en el desarrollo de mecanismos complementarios que le permitan a Pemex Logística realizar las inversiones necesarias para mitigar los efectos de incidentes por tomas clandestinas; así como reducir pérdidas de combustible en sus sistemas, aunque dichas inversiones también se trasladarán a la tarifa por la prestación de servicios.
Detalló que hasta la fecha son 20 las empresas precalificadas para participar en la temporada abierta de Pemex Logística, mediante la cual buscarán obtener una asignación para la renta de capacidad de almacenamiento y transporte de combustible de la empresa productiva del Estado, entre las que destacan Shell, Chevron, Gulf, British Petroleum y CFE Energía.