La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) investiga a candidatos a gobernadores, entre otros aspirantes, por el presunto uso de dinero de procedencia ilícita, rumbo a las elecciones del 4 de junio.
En la Fepade existen 30 carpetas abiertas por financiamiento ilícito de las campañas en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz; incluidas cuatro de candidatos a gobernador; diez de las carpetas corresponden a presuntos delitos que pueden derivar en lavado de dinero.
En las investigaciones de la Fepade están tanto candidatos con partido como los llamados independientes.
Autoridades ministeriales y electorales fueron alertadas por el Banco de México (Banxico) de que en tiempos de campañas el flujo de dinero en efectivo aumenta hasta seis veces de lo habitual, debido a que, con transacciones de ese tipo, algunos aspirantes pretenden evadir el sistema financiero.
Entre los casos ya conocidos de candidatos bajo investigación de parte de la Fepade destaca el de Hilario Ramírez Villanueva, Layín, aspirante sin partido al gobierno de Nayarit, quien se hizo famoso hace tres años cuando confesó públicamente que siendo alcalde robó, “pero poquito”.
Ramírez regaló pantallas planas, estufas, refrigeradores y diversos enseres domésticos a los electores, lo que fue denunciado por sus contrincantes electorales.
Layín gasta cuatro veces más de lo que ingresa, de acuerdo con un reporte que el Instituto Nacional Electoral dio a conocer el 22 de mayo.
Advierten de dinero sucio
Según Integralia, el Banco de México tiene documentado que en los meses de campañas el flujo de efectivo aumenta hasta en seis veces y luego retoma su curso normal, como lo han demostrado algunos comicios.
Por primera vez, las elecciones en México tienen visos preocupantes del uso de dinero de procedencia ilícita, al grado que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene diez carpetas de investigación abiertas en las cuatro entidades donde habrá comicios el 4 de junio, relacionadas con sospechas de crimen organizado, de entre las 30 que investiga por financiamiento ilícito.
Alertadas por el Banco de México de que en época electoral el flujo de efectivo crece hasta seis veces, las autoridades electorales y ministeriales mexicanas trabajan junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, para investigar las denuncias por el uso de dinero de procedencia ilícita en las campañas electorales en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, que involucran incluso a algunos candidatos a gobernador, quienes tienen cuatro carpetas de investigación abiertas.
Lo hacen, sin embargo, con dificultad, pues los candidatos, partidos políticos y ahora también los candidatos independientes evaden el sistema financiero justamente para no dejar huella del ilícito y evitar la aplicación de la justicia, que de comprobarse delitos como lavado de dinero del crimen organizado sale de la esfera electoral para entrar al ámbito criminal y castigarse como delito grave.
Sospechas
De acuerdo con las denuncias públicas que se conocen gracias a la información de los medios de comunicación locales, son hasta ahora cuatro los casos públicos que son investigados por el delito de lavado de dinero, a partir de denuncias originadas por los regalos que hacen los candidatos a los ciudadanos.
Lorenzo Menera Sierra, candidato independiente a la alcaldía de Piedras Negras, Coahuila, hace regalos a los ciudadanos, entre ellos enseres domésticos. La alerta se agudizó, porque este candidato es hermano de Daniel El Danny Menera Sierra, arrestado en el año 2015 con la acusación de ser uno de los jefes regionales de Los Zetas.
La información pública de los medios de comunicación estatales da cuenta de que el sábado 6 de mayo, Lorenzo Menera fue citado a declarar ante el Ministerio Público en Coahuila, por la denuncia en su contra, presentada por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), quien lo acusa de ingresar a sus instalaciones acompañado de personas armadas.
Otro caso que fue denunciado públicamente y que también está difundido por medios de comunicación, involucra a otro candidato independiente, Hilario Ramírez Villanueva, conocido como Layín, candidato al gobierno de Nayarit y quien se hiciera famoso hace tres años cuando confesó públicamente que como presidente municipal robó “pero poquito”.
Ramírez Layín regaló pantallas planas, estufas, refrigeradores y diversos enseres domésticos a los electores, lo que fue denunciado por sus contrincantes políticos.
El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN), Celso Valderrama Delgado, informó el 15 de mayo que la Fepade abrió una carpeta de investigación en contra de Layín por la entrega de estos enseres domésticos y que el propio instituto revisa “con lupa” los ingresos y gastos del candidato.
En su reporte de gastos, difundido por el Instituto Nacional Electoral (INE) el 22 de mayo, Hilario Ramírez registra un gasto por nueve millones 297 mil 868.12 pesos, cuando sus ingresos son por dos millones 103 mil 529.90 pesos.
Nayarit también es origen de otra carpeta de investigación por uso de dinero de procedencia ilícita, en la modalidad de lavado de dinero. Se trata del exfiscal Édgar Vey-tia, detenido en los Estados Unidos acusado de ser integrante del crimen organizado, y que según las denuncias financió a diversos candidatos de procesos anteriores y ofreció respaldos económicos a algunos de los actuales competidores electorales.
Y a esos casos públicos se agrega el de Eva Cadena, excandidata a una alcaldía en Veracruz, que apareció en unos videos cuando recibe dinero para entregarlo al partido Morena.
Los castigos
Como consecuencia de la existencia de candidaturas independientes en el país, en la construcción de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, los senadores acordaron introducir por primera vez el tipo penal del uso de dinero de procedencia ilícita al ámbito electoral, aunque no entregaron a la Fepade todas las herramientas ministeriales para comprobarlo.
El artículo 15 de la Ley destaca que “se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.
“La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral”, ordena.
De acuerdo con las 30 carpetas de investigación abiertas, hay denuncias en las tres vertientes de este supuesto, que se agrupan como financiamiento ilícito, como son las que involucran el descuento de salarios a los trabajadores de los gobiernos estatales y municipales para fondear una campaña.
Está el rebase de los topes de campaña, que se documenta con las revisiones del INE y están las denuncias también del uso de fondos de procedencia ilícita, con sospechas de relación con el crimen organizado.
Las alertas
La primera alerta que tuvieron las autoridades fue en el año 2015, relata a Excélsior el fiscal para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto.
“La primera denuncia estuvo relacionada con un caso en las elecciones de la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, donde uno de los candidatos presuntamente había recibido dinero en una campaña electoral.
“A partir de ahí los casos se empezaron a multiplicar en estas vertientes: por un lado los recursos que están prohibidos por la ley y que se exhiben de fuentes de financiamiento formal, digamos la Federación, estados, los municipios, los empresarios; y por otro lado, las fuentes de financiamiento de procedencia ilícita que vienen del ámbito de la ilegalidad y de la informalidad, en este caso estamos hablando del posible financiamiento ilícito de campañas electorales a partir de recursos procedentes de la delincuencia organizada.
“Inició esto en 2015; en 2016 tuvimos denuncias relacionadas con los estados de Veracruz y Tamaulipas, y en 2017 ya tenemos denuncias en varias entidades federativas.
“Tenemos un total de 30 denuncias por violación al artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; actualmente, respecto del financiamiento ilícito en campañas. Estos 30 casos incluyen desde desvío de recursos por parte de los estados o los municipios a los partidos políticos, hasta la posible intromisión de grupos de la delincuencia organizada, específicamente en dos casos: Nayarit y Coahuila”, revela.
Pero también hay dos elementos que han contribuido a que las autoridades electorales del país estén alertas.
El Banco de México tiene documentado que en las entidades donde se realizan elecciones el flujo de efectivo aumenta hasta en seis veces, sobre todo a partir del mes de enero. Ese fenómeno también aplica en las elecciones federales, lo que hace suponer a los especialistas que los partidos políticos y los candidatos evaden el sistema financiero y usan el efectivo para hacer transacciones.
Además, la organización Integralia, que encabeza Luis Carlos Ugalde, hizo toda una investigación en torno al flujo de dinero en efectivo en épocas electorales, que dio a conocer en junio del año pasado.
“En 2012, año de elección presidencial, el flujo de efectivo aumentó 37 mil 374 millones de pesos de febrero a junio, equivalente a un crecimiento de 5% de M1, que es el flujo de billetes y monedas en circulación del público.
“El aumento es desproporcionado y sale de los patrones normales de demanda de dinero. Un año antes el flujo había disminuido dos mil 958 millones de pesos en el mismo periodo y un año después, en 2013, el flujo también disminuyó, ahora en cinco mil 119 millones de pesos. Todo ello sugiere que una porción significativa del aumento del flujo de efectivo en 2012 puede deberse a actividades relacionadas con el proceso electoral.
“En 2015, año de elecciones intermedias, el flujo de efectivo creció 28 mil 956 millones de pesos (crecimiento de 3% de M1); un año antes el incremento había sido de 11 mil 459 millones de pesos. Aunque son muchas las variables que intervienen para determinar la demanda de dinero, el aumento de 2015 también muestra un patrón fuera de norma y sugeriría un aumento neto del flujo de efectivo debido a la celebración de elecciones (si se hiciera una simple resta el posible efecto electoral sería de más de 17 mil millones de pesos).
“Esta tendencia a la alza en la demanda de efectivo durante años electorales cae siempre después de junio”, dice Intergralia.
Santiago Nieto precisa que la investigación del fenómeno del uso de dinero de procedencia ilícita es nuevo en México, no porque ese delito no se cometiera antes, sino porque no estaba dentro del catálogo de delitos electorales.
Explica que la Fepade trabaja de manera estrecha con el INE, que le da alertas, producto de la fiscalización constante que hace a los gastos de campaña de los partidos políticos y los candidatos; pero este año también se observa que 62% de los partidos y los candidatos no entregan a tiempo sus reportes, con lo cual reducen el tiempo del INE para hacer estas alertas.
“Y esto se verifica a partir, incluso, de los propios discursos que tienen los candidatos a los cargos de elección popular. Los casos más paradigmáticos que tuvimos en 2017 se encuentran focalizados en Coahuila y en Nayarit, donde hay candidatos, en temas de recursos, de los cuales se desconoce hasta este momento su procedencia.
“Tiene que ver con candidatos que están repartiendo refrigeradores, televisiones o algún candidato que señala que va a hacer cierres de campaña con grupos musicales cuando su tope de gastos de campaña es de 500 mil pesos para esa elección de carácter municipal”, detalla.
Pero incluso las autoridades electorales y ministeriales revisan otros aspectos que los lleven a la comprobación del delito: “Tenemos casos en donde hay candidatos que entre sus promesas de campaña están planteando que se vuelvan a abrir los casinos, que se abran discotecas para menores de edad y que se permitan las peleas de gallos, ese tipo de discurso de naturaleza política que no corresponde con los valores de una sociedad democrática y que en gran medida pueden estar influenciados por personas que están financiando las campañas a partir de recursos de procedencia ilícita o proveniente de la delincuencia organizada o ilegal, proveniente de algunos entes, empresas e inclusive Federación, estados o municipios que no pueden financiar las campañas electorales de los partidos políticos”, dice.
Javier Humberto Domínguez, director general adjunto de Averiguaciones Previas de la Fepade, explica que existen 30 carpetas de investigación abiertas por el uso de financiamiento ilícito; de ellas, diez tienen que ver con la hipótesis del uso de dinero de procedencia ilícita.
“De las 30 carpetas de investigación, diez que tenemos con esta hipótesis en particular, que es de aportación de recursos de procedencia ilícita. La investigación está en curso. No podríamos decir ahora que efectivamente provienen de la delincuencia organizada, porque finalmente puede la investigación arrojar que sí tiene un origen ilícito, pero que deriva de la comisión de un delito común, de un delito ordinario”, afirma.