Un oficial del Ejército pasó más de 10 años en la cárcel, acusado de complicidad con narcotraficantes para dejar pasar un tráiler con 16.3 toneladas de mariguana en un puesto de control en Sonora; sin embargo, era inocente.
El cabo de sanidad Domingo del Ángel Coronel abandonó el Campo Militar Número 1, después de que el Octavo Tribunal Colegiado Penal echó abajo una condena de 15 años de prisión por delitos contra la salud en la modalidad de fomento al narcotráfico.
La sentencia del amparo directo 233/2016 exhibe un caso plagado de irregularidades y abusos, pues en principio Del Ángel ni siquiera estaba en el lugar, día, ni hora en que arribó el vehículo con mariguana, el cual además fue asegurado. El militar estaba en Hermosillo, a 134 kilómetros del retén.
La captura
El 16 de junio de 2006, elementos del 60 Batallón de Infantería aseguraron en el puesto de control Estación Oroz, en Guaymas, un tráiler del servicio público federal que transportaba 16.3 toneladas de mariguana.
De acuerdo con el testimonio del capitán primero de Infantería Víctor Manuel Contreras Zaragoza, la intercepción había sido posible gracias a que, cuatro días antes, el sargento primero de Infantería Juan Javier López Sánchez le informó que el sargento segundo Sacrovir Hernández Hernández se había acercado a otro sargento, Juan José Gómez Carreón, para preguntarle si se aventaba un "jale", es decir, dejar pasar un cargamento. El oficial respondió que no y avisó a su compañero.
La Procuraduría Militar señala que un traficante, de nombre Iván, ofreció a tres soldados el pago de 100 mil pesos, de los cuales 30 mil eran para Hernández y 35 mil para el subteniente Efraín Romero Antonio y el cabo Del Ángel, respectivamente, todos ellos del mismo Batallón.
El presunto intermediario entre el narco y los militares era Ángel Martínez Cruz, "El Mopet", quien supuestamente había desertado del mismo batallón como cabo apenas un mes antes.
Los acusados fueron detenidos el mismo día del aseguramiento de droga.
Dichos y torturas
De acuerdo con un certificado suscrito por el jefe de la oficina administrativa del 60 Batallón de Infantería, el día del aseguramiento de la droga el cabo Del Ángel no estaba en el retén, sino en un curso de vectores para fumigación, en las instalaciones del Hospital Militar Regional de Hermosillo.
Los detenidos manifestarían tiempo después que los elementos de la Policía Judicial Militar los torturaron para hacerlos firmar declaraciones autoinculpatorias que desconocían y que además contienen errores de hecho.
El sargento Hernández, por ejemplo, en ese primer testimonio dice haberse coordinado vía telefónica con Del Ángel para permitir el paso del cargamento, dicho que luego desmintió.
"Me obligaron a que hiciera una falsa declaración en contra del subteniente de Infantería Efraín Romero Antonio y del cabo Domingo del Ángel Coronel", declaró.
El primer testimonio de Del Ángel -firmado bajo coacción- refiere que él estaba de vacaciones cuando ocurrieron los hechos, pese a que fue detenido saliendo del hospital donde tomaba el curso.
Cuando la justicia federal revisó ese aspecto, anuló la validez de los testimonios como prueba, por las violaciones a las garantías denunciadas por los acusados.
A Del Ángel también lo refieren en sus testimonios el subteniente César Augusto Hernández, el coronel Moctezuma Ilhuicamina Cepeda y el ya referido capitán Contreras.
Pero los tres dicen que otra persona les comentó que el cabo buscaba cómplices para dejar pasar el tráiler. Es decir, son testigos de oídas a los que no les constan los hechos, según el fallo judicial.
'Me han mancillado'
El 24 de marzo de 2015, cuando compareció ante un Consejo de Guerra, Del Ángel reclamó que se hubiese permitido un proceso plagado de injusticias.
"Hasta ahorita se me ha mancillado de falsedades y mentiras, como lo ha hecho el agente investigador del Ministerio Público que elaboró la averiguación previa, la cual hizo en menos de 48 horas", declaró.
Concluido el Consejo de Guerra, el cabo fue condenado a 15 años de cárcel, al pago de poco más de 7 mil pesos, a la baja definitiva del Ejército, inhabilitación por 10 años, decomiso de su celular y la negativa del beneficio de libertad preparatoria.
Desde entonces comenzó a litigar contra el castigo, y hasta el pasado 16 de febrero consiguió que el Octavo Tribunal Colegiado le otorgara un amparo directo.
"Fue incorrecto que se tuviera por acreditada la plena responsabilidad penal del aquí quejoso, con base en lo expuesto por los testigos aludidos, ya que, como se advierte, (los hechos) no los apreciaron por sí mismos y, por ende, no debió de concedérseles valor probatorio suficiente para acreditar lo que manifestaron por referencia de tercero", sentenció el tribunal.