Los abogados de Jesús Raúl Beltrán León, integrante del Cártel de Sinaloa extraditado desde México y juzgado en Chicago, Estados Unidos, por tráfico de drogas, pidieron ayer martes que se anule la declaración de culpabilidad de su defendido, porque habría sido extraída mediante torturas por las autoridades mexicanas.
Durante una audiencia de la causa que se adelanta desde 2009, y que involucra al capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, así como a otros 19 miembros del Cártel, los abogados entregaron una carta de 26 páginas a la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois, en la que piden ser informados a detalle de la detención de su cliente.
Sostienen que Beltrán, de 33 años de edad, fue capturado el 16 de noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Marina Armada de México (Semar), que además se llevaron a su esposa y a su hija, una bebé. El detenido habría sido golpeado, sometido a ahogamiento con una bolsa de plástico en la cabeza y mediante el llamado “submarino”, practicado con un barril de agua.
Según los abogados, fue así que Beltrán León admitió en un vídeo haber cargado un avión con drogas con destino a Estados Unidos y que después entregó a dos hijos de “El Chapo”, identificados como Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar.
En la detención de Beltrán León -quien es ciudadano estadounidense- habrían participado agentes federales de Estados Unidos, uno de los cuales lo habría interrogado en español y admitido que trabajaba para la Agencia Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés).
En la carta de los abogados se afirma que Beltrán fue detenido en México a pedido de las autoridades federales de EU, mismas que deberían aclarar si autorizaron la tortura, y si estuvo presente físicamente algún funcionario del Gobierno o alguna otra persona “actuando como agente libre”.
Además, indicaron los abogados, a Beltrán no le fueron leídos sus derechos, como es obligatorio cada vez que actúan agentes policiales estadounidenses como parte de un “emprendimiento conjunto”, dice la carta, que solicita la Fiscalía y al juez de la causa, Rubén Castillo, que se anule la confesión.
Asimismo, la carta señala que el uso de la tortura, coerción física, psicológica u otro tipo de brutalidad “puede rendir evidencias que no pueden ser admitidas, y que pueden resultar en la anulación de todo el caso debido a la conducta indignante del Gobierno”.
Beltrán fue extraditado a Chicago en enero pasado para responder los cargos en su contra, como traficante de drogas y guardaespaldas de uno de los hijos de “El Chapo”, capo que el mismo mes fue extraditado a Nueva York.