Un reportaje firmado por Azam Ahmed y Nicole Perlroth y publicado en la portada del diario estadounidense The New York Times este lunes, titulado: ‘”Somos los nuevos enemigos del Estado”: el espionaje a activistas y periodistas en México’, afirma que destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje, el software Pegasus, adquirido por el Gobierno mexicano que, sólo debería ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.
Entre los blancos del programa, señaló el rotativo, se encuentran los abogados Mario Patrón y Santiago Aguirre, que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Otro espiado -junto a su esposa- fue Juan Ernesto Pardinas Carpizo, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que ayudó a redactar el proyecto de la Ley anticorrupción, la llamada “3de3”. También fueron espiados “dos de los periodistas más influyentes de México”, dice el Times: Carmen Aristegui Flores y Carlos Loret de Mola Álvarez, además de la abogada estadounidense Stephanie Brewer, quien representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.
Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y comunicadores, incluido un adolescente: el hijo de 16 años de edad de Carmen Aristegui, señaló el NYT este lunes. “La única razón por la que irían tras mi hijo es para intentar encontrar algo en contra de mí, para causarme daño”, afirmó la periodista.
Esto ha sido así aunque la empresa que fabrica el software, la israelí NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y cárteles del narcotráfico.
Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de dicha empresa, entre ellos, el software conocido como Pegasus, que se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular.
Las infiltración se puede dar en llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; es más, el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.
Sin embargo, según decenas de mensajes examinados por el NYT y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, “lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana”, señaló el medio.
“Somos los nuevos enemigos del Estado”, señaló Juan Pardinas. “La nuestra es una sociedad en la que la democracia se ha deteriorado”, afirmó.
“Este era un gobierno que pasó de establecer la agenda a ser reactivo”, dijo Loret de Mola, quien recibió ocho mensajes de texto que contenían código para infectar su teléfono con el programa “Entonces vieron a los periodistas y pensaron: ‘Estos están sacando estas cosas y nos hacen quedar mal, mejor los espiamos'”.
“Por supuesto que no se puede justificar esa intervención. Pero eso es irrelevante. En México nadie pide permiso para hacerlo”, le dijo al NYT, Eduardo Guerrero Gutiérrez, ex funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Según la ley mexicana, un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y solo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud. “Es muy poco probable que el gobierno haya recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos de los activistas y periodistas”, comentaron varios exfuncionarios de los servicios mexicanos de inteligencia al rotativo.
En el caso de Carmen Aristegui, un operador se hizo pasar por la embajada de Estados Unidos en México y le imploró darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa. La esposa de Pardinas, el activista anticorrupción, recibió un mensaje en el que le ofrecían pruebas de que su marido tenía un amorío.
El Gobierno mexicano reconoce haber recabado información de sospechosos legítimos de un modo apegado a derecho. Sin embargo, rechazó “categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial”, le dijo un funcionario al diario.
Sin embargo, no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable. El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo.
Pero los ciberexpertos pueden verificar en qué momento se ha utilizado el software en el teléfono de un objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno están involucrados, señala el NYT.
NSO Group afirma que investiga el historial de los gobiernos en temas de derechos humanos antes de venderles el software. No obstante, una vez que otorgan la licencia e instalan el hardware dentro de las agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad, la empresa dice que no hay manera de saber cómo se utilizan las herramientas espías o contra quién están siendo usadas.
La compañía simplemente le cobra a sus clientes gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar. Para espiar a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650 mil dólares, además de la cuota de instalación de 500 mil dólares, según las propuestas de comercialización de NSO Group que revisó el medio.
“Siempre hemos sospechado que nos espían y nos escuchan”, dijo Mario Patrón. “Pero tener evidencia de que somos víctimas de verdadera vigilancia confirma que nos están amenazando y que el gobierno está dispuesto a utilizar medidas ilegales para intentar detenernos”.