En Michoacán durante el año 2008 se decía que Nazario Moreno era “el loco”, un drogadicto mesiánico con suficiente poder para influir en sus socios para darle un cariz esotérico a la organización criminal que se escindió de la Familia para llamarse “Caballeros Templarios”. El “hombre de negocios” era Enrique “Kike” Plancarte, dueño del mercado de mantanfetaminas en Texas e interlocutor con los socios de la organización del Golfo en Tamaulipas. Dionisio Loya Plancarte “el Tío”, era el viejito al que todo mundo le daba su lugar pero casi nadie escuchaba. Y Servando Gómez Martínez era el mediático, el que le gustaba la cámara y quien copió esa práctica de grabar políticos y empresarios, como hizo el argentino Carlos Ahumada con funcionarios del gobierno del Distrito Federal años antes, para chantajear, negociar y tender un tablero de ajedrez que le serviría en un futuro para administrar los “golpes” con quienes le darían la espalda.
En Apatzingán, Tepalcatepec y otros municipios de la Tierra Caliente michoacana se sabía de años atrás que “la Tuta” tenía grabado a políticos que iban a pedirle favores para sus campañas políticas. También al menos desde el año 2008 cuando su padre era alcalde de Morelia, grabó al “Gerber” en diferentes reuniones.
Tiempo atrás los mandos de los “Templarios” habían adquirido el hábito por acumular información, procesarla para un futuro “explotarla”. Por lo ocurrido en días recientes con los videos de “la Tuta”, varios columnistas y editorialistas de la prensa nacional coincidieron en señalar que la partida de Gómez Martínez con los políticos del PRI y del PRD en Michoacán va más allá de exhibir los vínculos e intereses. Se trata en el fondo de dejar en claro cómo operaba la narco política que hizo de Michoacán un modelo de “narco estado”.
La situación empeoró con la llegada de fuerzas federales en diciembre del 2006 al iniciar el gobierno de Felipe Calderón. Si antes había un modelo de complicidad con el gobierno del estado, dice un general hoy retirado que estuvo en esos años en la comandancia de la 21 zona militar en Morelia, donde existían reglas no escritas que se respetaban, tras el arribo de la Policía Federal y el incremento del número de tropas del ejército, la situación de desbordó. Fue sintomático el llamado de auxilio al gobierno federal del entonces gobernador perredista Lázaro Cárdenas Batel, quien fue rebasado por las organizaciones criminales quienes habían hecho del estado un campo de batalla divido en feudos con intereses muy marcados.
El arribo de Leonel Godoy como gobernador no cambió nada, por el contrario, vía su primo el entonces diputado federal Julio César Godoy Toscano, quedó exhibido que no estaba exento de mantener una vía de comunicación con la delincuencia organizada ya que su familiar había recibido apoyo de “la Tuta” para llegar al congreso de la Unión. Las granadas que explotaron en la celebración del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre del 2008 en Morelia, eran un aviso contra el gobernador perredista que un sector de la delincuencia organizada no estaba de acuerdo que el gobierno se hubiera decantado por una facción. Era evidente que había protección oficial cada vez más abierta a la extorsión, el secuestro y los asesinatos.
Nadie se movió cuando comenzaron a aparecer en Internet mensajes de auxilio grabados en video, de funcionarios municipales con el rostro cubierto que denunciaban el acoso de los grupos criminales y el nivel de complicidad que tenían con el gobierno. No había diferencia entre el perredista Leonel Godoy y el priista Fausto Vallejo, decían.
Tuvo que ocurrir la movilización de autodefensas en varios municipios para que la situación revirara. Tras el desmantelamiento de las redes de complicidad que permitían operar con absoluta libertad a los “Templarios”, el líder “prófugo” dejó una baza de información en esos videos que se encuentran desde abril en manos de fiscales de la PGR. El ajedrez de “la Tuta” mueve el tablero de la narco política.