CHILPANCINGO, Gro.- Estudiantes normalistas de Ayotzinapa destrozaron la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en la ciudad de Iguala, en protesta por la sospechosa destrucción de un video clave en el caso de la masacre y desaparición de sus 43 compañeros registrada hace dos años en este lugar controlado por el narco.
El hecho violento se registró este medio día cuando los normalistas arribaron en varios autobuses al lugar ubicado sobre la carretera federal México-Acapulco, a la altura del punto conocido como El Puente del Chipote, en la parte sur de Iguala.
Enseguida, los manifestantes irrumpieron en el edificio, desalojaron a los trabajadores y comenzaron a destrozar expedientes judiciales, documentación oficial, mobiliario y computadoras.
Después de 40 minutos, los normalistas se retiraron lanzando piedras y bombas molotov contra la fachada del edificio del Poder Judicial donde dejaron pintas en las que exigen justicia a dos años del crimen de sus compañeros.
También reprocharon la destrucción del video considerado como clave en el caso para determinar el grado de implicación de autoridades de los tres niveles y el Ejército con el narco y específicamente con la desaparición de los 43.
Los estudiantes regresaron a la Normal sobre la misma vía federal que hace dos años recorrieron y se convirtió en el escenario de muerte y terror que dejó un saldo trágico de seis muertos, una decena de heridos y 43 desaparecidos.
De esta forma, los normalistas de Ayotzinapa cumplieron tres días realizando acciones de protesta a poco de que se cumplan dos años de esta barbarie que sigue impune.
La historia del video clave
En agosto de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), emitió un comunicado donde denunció la posible destrucción de un video que habría registrado el momento exacto de la desaparición de los 43 normalistas y que fue grabado por las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala.
En ese entonces, los miembros del GIEI afirmaron que el video fue enviado a la ex presidenta y actual magistrada del TSJ, Lambertina Galeana Marín, pero que al parecer habían destruido la prueba y pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar este hecho.
En su momento, Galeana Marín declaró públicamente la inexistencia del video. “No se puede destruir lo que nunca existió”, justificó.
Los especialistas de la CIDH aseguraron que esa grabación captó el momento en que al menos una veintena de normalistas fueron interceptados por agentes federales, estatales y municipales en las inmediaciones del punto conocido como el puente del Chipote, lugar ubicado justo frente a la sede del TSJ en Iguala.
El 19 de febrero, el nuevo presidente del TSJ, Robespierre Robles Hurtado, quien ha sido vinculado con el narco, anunció una investigación contra su antecesora, Lambertina Galena, para saber qué destino se le dio al video durante una reunión con padres de los 43.
Luego, el 9 de marzo, Robles Hurtado afirmó que autoridades del TSJ entregaron a la (PGR) una copia del video del caso Ayotzinapa diez meses después de ocurrida la masacre y desaparición de los 43 normalistas.
Además, aseguró que el Poder Judicial “no cuenta” con material videográfico alguno del caso Ayotzinapa.
Al respecto, indicó que la copia de la videograbación se encuentra en el expediente PGR/SEIDO/UEIDM/001/2015, y por ello actualmente, acotó, no tienen acceso a las imágenes de los hechos registrados la noche trágica de Iguala.
Ello debido a que desde el 24 de julio pasado el encargado del departamento de Informática del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Iguala, Javier Uribe Iturbe, entregó al agente del MP adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, Ernesto Ornelas Delgado, una USB que contenía “un respaldo” extraído del video del CCT correspondiente a los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
También, Robles Hurtado entregó a los familiares de los normalistas desaparecidos copias certificadas de cuatro causas penales integradas por jueces de primera instancia sobre el caso Ayotzinapa.
Los expedientes están relacionados con el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio en agravio de los estudiantes Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fontes y otras personas.
Hasta el momento, ningún funcionario del Poder Judicial en la entidad ha sido investigado o sancionado por la destrucción del video, exhibiendo el grado de protección entre autoridades de los tres niveles de gobierno en este caso que sintetiza la impunidad y violencia que se vive en Guerrero.