Los gobernadores de apellido Duarte, Javier en Veracruz y César en Chihuahua, acusados de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias y desvíos de recursos públicos para beneficio propio y de parientes y amigos, vuelven a ocupar las primeras planas de la prensa por supuestas investigaciones penales que, ahora sí, dice la Procuraduría General de la República (PGR) ejecutarán en su contra.
Es sabido que ambos mandatarios priístas han sido protegidos desde Los Pinos para evitar que fueran destituidos por su pésima administración y sus malos manejos del presupuesto en esos estados. Por ello se impidió, por largo tiempo, que la PGR abriera averiguaciones en su contra por las varias denuncias penales que presentaron ciudadanos y organizaciones sociales. Todas las acusaciones que se habían presentado ante el Ministerio Público federal eran enviadas al archivo, y lo mismo sucedía con todos los señalamientos que hacía la Auditoría Superior de la Federación (órgano responsable del Congreso para auditar el dinero público) por malos manejos y desvíos del presupuesto en esos estados. Año con año se hacían públicos los señalamientos del órgano fiscalizador sin que las autoridades federales hicieran algo al respecto.
La protección política y legal a Javier y César Duarte no ha sido sólo por su filiación priísta –pues si pisaran la cárcel sería otro golpe a la credibilidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI), golpeada duramente en los últimos años–, sino porque los dos gobernadores fueron importantes donantes a la campaña presidencial del PRI en 2012, cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República. Por eso las supuestas investigaciones que sigue la PGR en contra de esos mandatarios parece sólo una distracción mediática para quitarle presión social y política al presidente. Es previsible que al final de su gobierno ninguno de los Duarte sea encarcelado.
Eso explicaría porque ambos gobernadores están tan tranquilos y sonrientes en sus estados, siguiendo sus agendas de trabajo, a grado tal que dan entrevistas periodísticas y hablan en actos públicos: cínicamente aseguran que no le temen a alguna acción de la justicia. Tienen la seguridad de que Peña Nieto no se atreverá a ordenar a la procuradora Arely Gómez que actúe en su contra y haga valer todas las evidencias del robo que han hecho del presupuesto público y de los abusos que han cometido en los estados que aún gobiernan y que les ha permitido enriquecerse ilícitamente.
Ahora, los medios de comunicación vuelven a documentar las arbitrariedades y corruptelas de los Duarte y, con ello, aumentan la presión y “el malestar social”, como lo califica Peña Nieto. De estos ilícitos tiene pleno conocimiento la PGR: según el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, José Guadalupe Medina Romero, al gobernador de Veracruz se le investiga por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.
Pero aunque los mexicanos esperamos por fin un acto de justicia en contra de estos burócratas saqueadores del país, las condiciones en que se encuentra el jefe de la nación, con nula credibilidad y desconfianza en su gobierno (miles de mexicanos desean y otros en las calles exigen su renuncia), se ve casi imposible que asuma su responsabilidad y ordene que sean juzgados.