Uno de los fenómenos sociales ocasionados por la guerra contra el narcotráfico, por la violencia cotidiana con la que grupos del crimen organizado se adueñan de pueblos, comunidades y pequeñas ciudades, y por la incapacidad de las autoridades en dar seguridad, es el de los desplazados.
Este suceso que ya tiene una década apenas empezó a ser tomado en cuenta por las autoridades. Por ejemplo, según la CNDH, desde el 2014 a la fecha se tienen registrados 90 mil desplazados por razones de violencia e inseguridad. Pero recientemente el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó un estudio donde detectó que aquéllos ya rebasan el millón 700 mil.
El fenómeno de desplazamiento interno por causas de conflictos armados, como el generado por el crimen organizado y la guerra que en 2006 lanzó Felipe Calderón en contra de aquél, ha provocado que miles de familias o más de un millón y medio de mexicanos se vean obligados a salir de sus lugares de origen ante el temor de ser asesinados, desaparecidos, amenazados, extorsionados o forzados a trabajar para las agrupaciones criminales.
Antes de este fenómeno México ya había registrado un caso de desplazamiento forzado por cuestiones de violencia e inseguridad en Chiapas. Entre 1994 y 1995 cerca de ocho mil familias fueron desplazadas a raíz de la declaración de guerra del EZLN. En 1998 hubo otro desplazamiento por la presencia de grupos paramilitares en la región de Los Altos y norte del estado. El pueblo de Polhó se convirtió en un refugio para 8 mil familias y hoy sigue siendo una comunidad de desplazados.
Pero en la actualidad el número de desplazados es mayor y se presenta en varias regiones del país por los altos riesgos de inseguridad e incertidumbre que corre la ciudadanía en sus hogares.
Informes internacionales, como el de la ONU o el Informe Global sobre Desplazamientos Internos, realizado por el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), han dado a conocer esta situación de desplazamiento forzado de miles de mexicanos, algunos de los cuales han llegado a la frontera con Estados Unidos o a las representaciones diplomáticas de Canadá a solicitar asilo.
Recientemente, a la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, han llegado miles de familias de Guerrero y Michoacán a pedir asilo político al gobierno de Estados Unidos, argumentando que es imposible vivir en sus comunidades gobernadas por el crimen organizado.
Sin embargo las cifras de los desplazados varía, pues en una encuesta del INE sobre la población mayor de 18 años (82 millones 419 mil 351 ciudadanos) se encontró que 2%, equivalente a un millón 648 mil 387 ciudadanos, fue víctima de desplazamiento forzado.
El IDMC por su parte informó recientemente un dato similar, que en México 1.7 millones de personas se vieron obligadas a emigrar entre 2006 y 2011, debido a la amenaza o riesgo de violencia causada por el crimen organizado, asociado con el narcotráfico.
Si estos datos son correctos, estaríamos hablando de una parte importante de la población de algunos estados, como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y Baja California, donde sus residentes ya no pueden seguir viviendo en sus hogares y se ven obligados a ir a otros lugares, dentro o fuera de la propia entidad, e incluso del país.
Hay desplazamientos internos que a veces no son registrados, como ocurrió después de los enfrentamientos en la región de Tierra Caliente, Michoacán, que ocasionaron que habitantes de ocho comunidades acudieran a albergues temporales. De acuerdo con Protección Civil de la entidad, entre el 23 y 24 de mayo más de 10 mil personas huyeron de sus hogares por la violencia, aunque los conteos varían.
Casos similares ocurrieron en San Fernando, Tamaulipas; en Allende, Coahuila, y en la sierra de Guerrero, regiones que han sufrido los embates de la violencia del narcotráfico.
La vulnerabilidad, inseguridad e incertidumbre entre la población que habita las regiones controladas por el crimen organizado crecen día a día ante la indolencia de los partidos políticos que apenas empezaron a discutir el tema con miras a crear una ley de protección a desplazados o del gobierno federal, que apenas voltea a ver a esta parte de la población mexicana que sufre las consecuencias de una guerra convencional donde hay miles de muertos, desaparecidos y desplazados.