Durante 20 años, el Licenciado César Gutiérrez Priego ha enfocado su vocación de abogado a defender a militares y marinos procesados y/o sentenciados, quienes no tienen los recursos ni la capacidad económica para contratar a un especialista en justicia castrense.
Tal es su determinación, que ante los terribles hechos ocurridos el pasado 30 de septiembre en Culiacán, Sinaloa, en donde cinco soldados perdieron la vida en cumplimiento de su deber durante una emboscada perpetrada por integrantes del crimen organizado, Gutiérrez Priego interpuso una queja -hasta entonces inédita- ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para salvaguardar los derechos humanos de los elementos de las Fuerzas Armadas, así como asegurar que cada soldado cuente con las condiciones adecuadas mientras cumplen su labor de coadyuvar en operaciones de seguridad pública.
Es en este escenario que el Presidente de la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo, Militares y marinos Procesados A. C. sostuvo una conversación con Estado Mayor MX y así dar a conocer su perspectiva sobre diversos temas que nublan la actualidad castrense.
En una primera instancia, Gutiérrez Priego hace evidente la falta de un marco legal, el cual justifique y proteja al personal militar cuando realiza tareas de seguridad pública:
Con la falta de un marco legal como contexto, el abogado entra de lleno al tema de la emboscada perpetrada por integrantes del crimen organizado a un convoy del Ejército Mexicano, la cual significó la pérdida de cinco vidas:
Dicha queja puso en la agenda pública un tema poco tratado: ¿quién salvaguarda las garantías individuales de nuestros soldados?. En ese sentido, organizaciones como Alto al Secuestro y el propio Comisionado Nacional de Seguridad Nacional, Renato Sales, han dado su visto bueno para la creación de un Ombúdsman Policial, no obstante tanto la Sedena como la Semar ven innecesaria la creación de dicho puesto al argumentar que solo debilitaría la disciplina de las Fuerzas Armadas:
Ante dicho escenario, el cual a todas luces resulta poco claro, es imposible no preguntar: ¿qué sucede cuándo algo sale mal?, ¿quiénes resultan responsables ante una orden mal diseñada?, César Gutiérrez tiene su propia respuesta:
Hasta el momento, es claro que el soldado mexicano vive una incapacidad total para defenderse a nivel jurídico y el esfuerzo hecho por la clase política en esta materia es mínimo, pero ¿qué hay de los Generales?, ¿el Alto Mando ha cabildeado suficiente el tema? y si la respuesta es negativa ¿es tiempo de un Secretario de la Defensa nacional de corte civil?:
Por último, podría parecer que la labor de Gutiérrez Priego tiene todo el apoyo por parte de las autoridades de la Sedena. Sin embargo el hacerse cargo del caso de su padre, el General Gutiérrez Rebollo, y de algunos militares procesados de manera injusta, levantó y levanta cierta suspicacia en algunos sectores del Ejército Mexicano:
¿Quién es César Gutiérrez Priego?
César Gutiérrez Priego tomó la defensa de su padre, el General Jesús Gutiérrez Rebollo, al percatarse de los problemas para poder defenderlo aunado a la falta de abogados capaces en temas militares. Recalca como su padre antes de morir hablaba con compañeros suyos y personal militar, encontrando un común denominador: problemas legales derivados de labores en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico junto al abandono por parte de sus superiores.
Poco a poco, los militares se acercaban a su padre quien los refería a él y a su madre, comenzando el camino del apoyo legal. Entre las últimas palabras del General Rebollo, estuvo el pesar de que los militares que entregan su vida a una institución como el Ejército podían quedar abandonados y en el olvido por cumplir órdenes, generales abandonando a su tropa. Justo en el sepelio de su padre en Jonacatepec, Morelos, se decide crear la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo, Militares y Marinos Procesados AC.
Con un semblante firme, dice “los abogados de la SEDENA hacen las cosas mal, violando todos los derechos humanos de los militares y el debido proceso”. La Fundación ha tomado casos de gran renombre como el del General Martínez Perea, labor que ha incomodado ciertas esferas en el Ejército, incluso al grado de abrir nuevas averiguaciones en contra de sus defendidos, so pretexto de “cómo es que personal de tropa puede pagar abogados particulares”. El apoyo y ayuda brindada por la Fundación es completamente gratuita, no cobran “siquiera por las copias”. O bien, presiones por parte de la justicia militar, a muchos de sus defendidos los trasladaban a penales federales en los lugares más remotos de la República para evitar que la Fundación los siguiera defendiendo, aún sin estar sentenciados en primera instancia.
Él mismo culmina “Gracias a Dios los hemos sacado absueltos. Y gracias a personas, periodistas y a mi equipo, hemos podido seguir trabajando y apoyando a la raza, a los oficiales, a los jefes, que son la columna del Ejército”.