La desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, la masacre de Acteal, los feminicidios y otras formas de la violencia exacerbada le costará a México años de “dolor social”, aseguraron expertos nacionales e internacionales.
Especialistas de México, Chile, Venezuela, Colombia y Francia reflexionaron sobre la violencia en el país en las Jornadas de Estudio “Metamorfosis de los cuerpos violentados. Técnicas, política y artes”, que se llevaron a cabo el lunes 17 y el martes 18 en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA).
Pablo Piccato de la Universidad de Columbia, explicó que la aceptación de la violencia en México –una “infamia nacional”, como la llamó–, ha dejado una gran cantidad de víctimas inocentes porque ha privilegiado el uso de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales por encima de los procesos judiciales formales.
Según el historiador esta forma de operar, que no es atribuible a la guerra contra el narcotráfico sino que se remonta al siglo pasado, ha permitido a los gobiernos justificar sus acciones: “No importa que haya 100 mil muertos, son todos criminales”.
Para Sabrina Melenotte, del Institut Interdisciplinaire D’anthropologie du Contemporain, la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, fue un caso inédito de violencia política en el país: “No hay antecedente de los métodos perpetrados sobre mujeres, niños y ancianos como en Acteal”.
Al contrastar las diferentes versiones del ataque, la antropóloga retomó el testimonio de una niña sobreviviente en el que da cuenta de la agresión de que fueron víctimas los cuerpos de cuatro mujeres indígenas que se encontraban embarazadas y cuyos fetos fueron extraídos por sus agresores.
En su opinión, esa conducta se asemejó a las prácticas paramilitares usadas por los kaibiles guatemaltecos en los años 80, durante la lucha contrainsurgente en América Latina.
Melenotte recordó que documentos del gobierno estadounidense, desclasificados por la investigadora Kate Doyle, demostraron su colaboración en la capacitación y formación de grupos paramilitares en Chiapas desde 1994.
A pesar de tales evidencias, dijo la especialista, la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) excluyó las lesiones postmortem infligidas a las mujeres por “su interés en esconder su responsabilidad y la de muchos actores en esas violencias”.
Irene Gil Ramos, del Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social de Santiago de Chile (COES), se refirió al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace dos años en Iguala, Guerrero.
La imagen del rostro desollado de Julio César Mondragón, dijo, “pone de manifiesto la crueldad y el odio con que los estudiantes fueron atacados y sus cuerpos ultrajados”.
Agregó que la ausencia del rostro de Julio César significó la anulación de su calidad de persona e hizo visible la violencia con la cual se buscó deshumanizarlo. “Con esta última escena aterradora el grupo criminal indica su dominio y su mensaje en la marca que deja la violencia infringida al cuerpo”, subrayó.
En su ponencia, la socióloga se refirió también al impacto psicológico que provocó en los familiares de los estudiantes desaparecidos la versión de la PGR sobre la presunta calcinación de los cuerpos de los muchachos en el basurero de Cocula y cuyas cenizas fueron arrojadas al río.
“Esa versión expresa una violencia descarnada”, sostuvo.
La desaparición de las evidencias en el caso Iguala, dijo, rememora lo que sucedió en Colombia y en México con la Operación Cóndor, donde se utilizaron métodos más sofisticados para borrar todo rastro de las víctimas. “Tirar al agua equivale a deshacerse de esos cuerpos dejándolos abandonados a merced del caudal”.
Desaparecidos, el reto
Roxana Enríquez, directora del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), habló acerca de los retos que enfrenta actualmente la antropología forense en el contexto de violencia que vive México.
Cómo hacer que la antropología aporte más datos, dijo, cuando existe una gran cantidad de crímenes de lesa humanidad en México de los 70 a la fecha. Además, agrega, se suman factores complejos de migración, género y crimen organizado el cual actúa en contubernio con el Estado.
“Esto repercute en los perfiles de identificación. Hay decenas de miles de desaparecidos y al mismo tiempo hay muchos cadáveres que se han estado inhumando en fosas legales, muchas veces esos protocolos para la identificación no se llevaron tal cual, hay factores que no se tomaron en cuenta”, remachó.
La antropóloga forense puntualizó también que la búsqueda de desparecidos se hace sin ningún protocolo ni estrategia: “no hay una recuperación de datos con perfiles vida de a quién estamos buscando, no hay registro o un trabajo planeado, y la recuperación de escenas se llevan acabo sin ninguna metodología”.
Según la experta, estamos ante un escenario de “desintegración” de evidencias cada vez más perfeccionado. “Existen técnicas más deshumanizadas pero que a nivel de criminalidad han tenido éxito para deshacerse de evidencias, tanto de objetos como de cuerpos, además es sistemático el procedimiento.”
Roxana Enríquez visualizó un panorama sombrío para la antropología forense y la sociedad en su conjunto: “Tendremos que estar preparados para ver cómo va a ser ese proceso de restitución de restos, es el reto más grande en el que se encuentra la antropología forense, cómo vamos a dar respuesta aún cuando la técnica está desarrollada, después cómo será esa restitución no de los restos sino de identidad cómo la vamos a trabajar con las personas.”
No hemos resuelto como hacerlo, creemos que va a venir en gran escala y que va a ser un golpe muy fuerte de aquí en adelante para la sociedad mexicana, que es un trabajo que se tiene que hacer desde la antropología, la psicología, la sociología, que tenemos que empezar a prepararnos como cuerpos académicos para hacerle frente a este dolor social que está por venir.