CHILPANCINGO, Gro. - Saira Hernández Chino, de 15 años de edad, desapareció en marzo de 2015. Nueve meses después su cadáver fue localizado junto al de otra jovencita en una fosa clandestina ubicada en las inmediaciones de esta capital.
El calvario de la madre de Saira, Bellanira Chino Ocampo, no terminó en ese momento, pues comenzó un largo peregrinar para reclamar legalmente la entrega del cuerpo de la adolescente, identificada por los rasgos y la vestimenta.
Después de la tragedia, que hasta ahora sigue impune, la mujer ahora es víctima de la burocracia, indiferencia y corrupción gubernamental, denunciaron integrantes de un comité de personas desaparecidas en Chilpancingo, que tiene un registro de 400 casos documentados y denunciados formalmente ante autoridades ministeriales.
Destacaron que tras confirmar la identidad de la víctima con los resultados de ADN, autoridades de la Fiscalía General del estado (FGE) se hicieron omisas y nunca notificaron formalmente a la madre de Saira Hernández.
La protesta de Bellanira Chino y familiares de otras personas desaparecidas en el estado llegó a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) para demandar la intervención de las autoridades federales ante la indolencia del gobierno de Héctor Astudillo Flores frente al tema de los desaparecidos en Guerrero.
Luego de prolongados ayunos, marchas y bloqueos en la Ciudad de México, las autoridades atendieron a las víctimas, y este jueves 20 decidieron entregar a sus familiares el cuerpo de Saira Hernández, uno de los 185 que se encuentran en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en “condiciones indignas”.
Al respecto, miembros del colectivo de familiares de personas desaparecidas en esta capital, denunciaron que ninguna autoridad federal o estatal apoyó a la familia de Saira Hernández.
Y criticaron el hecho de que Astudillo pretenda destinar más de 47 millones de pesos a la fundación Teletón para el próximo ejercicio fiscal y, en contraste, sólo contempla nueve millones para la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de la violencia (CEAV), como lo dio a conocerApro.
También señalaron que el presidente de la CEAV, José Luis Gallegos Peralta, les informó que este organismo público carece de recursos económicos para ayudar a las personas que buscan a familiares desaparecidos.
La familia de Saira narró que el comisionado de la Policía Federal, Luis Cabían, sufragó los gastos funerarios de la víctima, que desde anoche es velada en una precaria vivienda ubicada en la colonia Primero de Mayo, en la periferia de esta capital.
La madre de la jovencita victimada expresó que después de observar la forma como tienen los cuerpos en el Semefo capitalino, no tiene certeza de que los restos que le entregaron sean los de su hija, y reprochó el burocratismo que provocó que el cadáver estuviera 10 meses en la morgue junto a otras víctimas.
Por ello, los familiares de personas desaparecidas exigieron a las autoridades ministeriales que realicen una base de datos con el perfil genético de los más de 400 cuerpos que se encuentran depositados en las unidades de los Semefo de Chilpancingo, Iguala y Acapulco, y que en los próximos días serán inhumados en una fosa común que construye el gobierno estatal en esta capital, en medio de la opacidad y la falta de información a las víctimas.
Pese a que se ha solicitado información vía transparencia, la Secretaría de Salud y la FGE se han negado a informar el costo de la obra, así como la empresa beneficiada y el proceso que se seguirá en la inhumación de los cuerpos.