La Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (FEBPD) de la Procuraduría General de la República (PGR) integra cinco expedientes por desaparición forzada que involucran a personal del Ejército, Marina y policías municipales.
Los expedientes se iniciaron del 1 de septiembre de 2015 al 30 de junio del presente año.
En dos de los cincos casos se indaga la participación de militares; en igual número se investiga a marinos y en uno a policías municipales.
Lo anterior consta en el Cuarto Informe de Labores de la PGR, en el que se menciona que los estados donde se denuncia un mayor número de personas desaparecidas con presunta responsabilidad de autoridades federales o locales son Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Baja California.
La fiscalía, que depende de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, reportó que las entidades federativas con mayor incidencia de desaparición de personas que se investigan son Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas.
La FEBPD trabaja con 29 agentes del Ministerio Público Federal y cuenta con 25 oficiales ministeriales y 58 elementos adscritos de la Policía Ministerial.
A comienzos del presente mes, el juez noveno de distrito en Guanajuato, con residencia en Irapuato, exigió a la PGR iniciar una investigación “seria y exhaustiva” para que busque en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en ese estado al civil Juan Flores Solorio, quien fue desaparecido por militares el 25 de noviembre de 2015 en Pénjamo.
De acuerdo con el informe de la PGR, de septiembre de 2015 al 30 de junio del presente año la fiscalía empezó a investigar la desaparición de otras 276 personas en 243 expedientes de búsqueda.
En el mismo periodo la fiscalía localizó a 20 personas; las condiciones de localización fueron de 13 personas con vida y siete muertas.
Las entidades con mayor número de localizaciones que ha llevado a cabo la FEBPD son Michoacán, Guerrero y Estado de México.
En ese mismo lapso, el organismo comenzó a trabajar la integración de ocho expedientes de búsqueda por la desaparición de ocho personas de nacionalidad extranjera: dos colombianos, un cubano, un estadunidense, un francés, un kuwaití, un suizo y un trinitrense.
La semana pasada, la Secretaría de Gobernación envió al Senado el Informe Anual del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en el que se menciona que hasta diciembre de 2015 en México hay 27 mil 887 personas en esa condición, de las que 26 mil 898 corresponden al fuero común y 989 al fuero federal.
El 20 de julio de 2015, la Sedena inició una investigación contra personal castrense por su “probable participación” en la desaparición de siete jornaleros el 7 de julio de julio de ese año.
La PGR también inició la indagatoria correspondiente a partir de la notificación que recibieron por parte de las autoridades militares.
La Procuraduría General de Justicia Militar “identificó indicios de una probable participación de personal” castrense en la desaparición de las siete personas.
La Sedena dijo que “cooperaría con las instancias correspondientes”, a fin de que se esclarezcan los hechos y reiteró “su compromiso” con la sociedad, enfatizando “que de ninguna manera tolerará actos contrarios a las leyes”.
