Entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de agosto de 2010 tuvo lugar, en una carretera ubicada en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, una de las masacres que más han conmocionado a la opinión pública sobre la violencia que desgarra a México desde hace ya más de una década. Setenta y dos viajeros –esa fue la cifra oficial, se aseguró que todos ellos eran migrantes [1] en busca de cruzar la frontera hacia Estados Unidos– fueron asesinados brutalmente por una célula de Los Zetas –la organización delictiva de corte paramilitar que surgió a finales de los noventa como el ala armada del Cártel del Golfo, grupo del que se escindió hacia 2010 y que desde entonces ha sido protagonista de hechos de violencia inenarrables.
Los cadáveres de 58 hombres y 14 mujeres fueron encontrados por efectivos de la Secretaría de Marina un día después, en una bodega en el ejido de El Huizachal. Todos ellos maniatados y posteriormente asesinados, algunos de ellos tenían señales de haber sido torturados, otros mostraban un tiro de gracia en la frente.
La versión oficial es que los migrantes se negaron a un reclutamiento forzoso por parte de Los Zetas que, ante su negativa, los habrían matado. [2] Las investigaciones fueron –al igual que ocurre de manera consuetudinaria en el sistema penal mexicano– poco claras y siempre con la celeridad de un procedimiento que busca dar pronto carpetazo al asunto. Nunca quedó claro, por ejemplo, la razón por la que no fueron sujetos a secuestro extorsivo, como ha sido el caso de muchos otros indocumentados; tampoco si se trataba de una operación de tráfico de migrantes del grupo criminal contrario.
Según las notas de prensa, alrededor de la mitad de los cuerpos fueron identificados por los servicios forenses mexicanos. Unos días después de la masacre, el director de Seguridad Pública de San Fernando y el agente del ministerio público del fuero común que conducía la investigación desaparecieron. Sus cadáveres fueron encontrados pocos días después. [3]
Pero a este hecho ya de por sí atroz se sumó otro que daba cuenta de dimensiones de violencia aún más preocupantes. Pocos meses más tarde, el 1 de abril de 2011, 59 cuerpos más fueron hallados en ocho fosas clandestinas también en San Fernando. En este caso, también Los Zetas interceptaron un autobús de pasajeros del que obligaron a descender a determinados viajeros y, tras someterlos a torturas, los asesinaron. Este hallazgo dio lugar a una búsqueda más amplia de cadáveres en la zona. En total, se encontraron restos de 183 personas asesinadas por Los Zetas. La mayor parte de ellas, por traumatismo craneoencefálico, es decir, a golpes. [4]
Las autoridades mexicanas detuvieron a los responsables operativos de estas masacres: Martín Omar Estrada Luna, El Kilo, quien dirigía la célula que cometió los asesinatos en San Fernando; Edgar Huerta Montiel, El Huache, un exmilitar convertido en zeta, encargado de supervisar la zona y transmisor de las órdenes del encargado regional, Salvador Alfonso Martínez Escobedo, La Ardilla, quien recibiría la orden directa de Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, entonces jefe supremo de Los Zetas. La instrucción era detener camiones de pasajeros que se dirigieran hacia la frontera tamaulipeca, para obligar al descenso de determinados pasajeros a quienes se estableciera que constituían nuevos elementos al servicio de la organización contraria.
A seis y cinco años respectivamente de estas masacres, y más allá de las detenciones mencionadas e incluso de la muerte del propio Lazcano, es claro que el panorama de seguridad en San Fernando –y en general en Tamaulipas– no ha mejorado.
Hechos de horror semejantes han obligado a muchas familias a abandonar sus inmuebles en un proceso furtivo de desplazamiento forzado. Otros tantos, los que permanecen, viven en la angustia de mantener la esperanza viva, mientras aguardan en silencio –entre el temor a los delincuentes y a la complicidad de las instituciones de seguridad– a sus seres queridos que no han vuelto a sus hogares. Aquí la situación no permite siquiera la incipiente organización de los deudos que ya comienza a hacerse presente en otras regiones del país. Aquí, “Los Malitos” –como suelen llamar los pobladores en voz baja a los delincuentes, con ese diminutivo que busca congraciarse en la familiaridad y reverencia con aquellos de quienes desean evitar la ira– siguen dominando. A pesar de la presencia de múltiples fuerzas de los diversos órdenes de gobierno, Tamaulipas se ha convertido en tierra de nadie. Con procesos electorales en los que los ciudadanos parecen no tener la oportunidad de escoger entre dos caras del mismo problema, con las múltiples evidencias que apuntan a vínculos igual de impresentables.
Tamaulipas. San Fernando. Seis y cinco años de la misma receta que detiene delincuentes operativos a granel sin desmantelar el sistema que los auspicia, que los protege. Se inaugura la alternancia con las mismas instituciones de la impunidad emblemática. Cada vez más insustanciales, cada vez más diluidas. Todo ello, en medio de la continuidad de prácticas de violencia extrema, herencia perdurable de las tácticas de guerra no convencional en las que se especializaba el núcleo original de Los Zetas.
San Fernando, el punto de paso obligado para los tráficos de todo tipo, por ser el vértice que bifurca la ruta a Matamoros o a Reynosa. El asiento de cacicazgos de nexos turbios que arrancaron con los procesos de institucionalización del poder en el siglo pasado y perduran desde entonces. Pero también la zona rica en recursos energéticos ahora disponibles al mejor postor. ¿Quién trafica ahora la droga por ahí, si ésta no ha cesado de fluir por la región, a pesar de todos los operativos realizados? ¿Quiénes son y qué se disputan los ahora contendientes? ¿Quién se erigirá ganador cuando acabe esta guerra sin propósito discernible, por lo menos en lo público? ¿Quién está tomando provecho de esa transferencia masiva de recursos que la violencia ha significado, con el abandono de tierras y propiedades y apuesta ahora a nuevas ventanas de negocios de dimensiones trasnacionales?