Todo indica que el presidente Peña Nieto no sabe qué hacer para reducir los altos índices de inseguridad en el país. Propone estrategias que no acaban de cuajar o pone y quita funcionarios –la mayoría ajenos a la materia–, mientras la delincuencia florece y la violencia aumenta. Algunos analistas señalan el principal error de las medidas presidenciales: mantener como responsable último de la seguridad a un solo hombre, el titular de la Secretaría de Gobernación.
El cambio y el incumplimiento han sido las constantes en el gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad. Recambios de funcionarios en áreas clave, estrategias fallidas, anuncios sin efecto y acciones a medias, han marcado los casi cuatro años que lleva su sexenio.
Aunque hasta ahora ha mantenido a un solo titular en la Secretaría de Gobernación como máximo responsable de la seguridad del país, ha tenido a tres encargados de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y a tres en la prevención del delito. Todos bajo la autoridad del secretario Miguel Ángel Osorio Chong, a quien Peña Nieto le dio un gran aparato de seguridad e inteligencia para reducir los niveles de violencia que tienen a México entre los países más inseguros del mundo.
Apenas había pasado año y medio de su administración cuando cayó el primer comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, en medio de desencuentros con Osorio Chong y sus complicaciones para echar a andar una de las principales propuestas de Peña Nieto contra la inseguridad: La creación de una Gendarmería Nacional, en reemplazo de la Policía Federal (PF).
El proyecto de la Gendarmería acabó en un remedo. Ni Gobernación ni las Fuerzas Armadas se pusieron de acuerdo, dejando en el desamparo el proyecto presidencial (Proceso 1970). Mondragón y Kalb salió de la CNS en mayo de 2014. Lo reemplazó Monte Alejandro Rubido García, viejo integrante de los aparatos de seguridad y uno de los colaboradores más cercanos del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
Ante el desacuerdo en el gabinete de seguridad sobre si los civiles o los militares tendrían el control de la Gendarmería Nacional, el Ejército y la Marina se replegaron. A Rubido García no le quedó más que reducir la Gendarmería Nacional a una división más de la Policía Federal, que depende de la propia CNS.
Pero Rubido sólo duró año y medio en el cargo. Lo sentenció la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, en julio de 2015.
PROPUESTA FRUSTRADA
Aunque dejó el cargo hasta agosto siguiente, Alejandro Rubido no pudo impedir su salida, pues además de tener bajo su mando a la PF, la CNS es la responsable de las prisiones federales, como la del Altiplano, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Otra propuesta de seguridad frustrada del gobierno Peña Nieto fue su oferta de anteponer la prevención a la represión. Presentada como divisa para diferenciarse de su antecesor, Felipe Calderón, y como parte de su decisión de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública federal y entregar sus funciones a la de Gobernación (Segob), impulsó la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.
Anunció entonces la creación, a cargo de esa subsecretaría, del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, concebido para prevenir los delitos a través de polígonos de seguridad municipales, sin considerar las fronteras estatales.
Pero esa subsecretaría ha destacado sólo por el cambio de funcionarios. Su primer titular fue Roberto Campa Cifrián, hoy subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, y quien estuvo en el cargo hasta abril de 2015. Fue reemplazado por el integrante del Partido Verde, aliado del PRI, Arturo Escobar.
El nombramiento fue ampliamente impugnado no sólo por el desconocimiento de Escobar en materia de seguridad, sino por sus pretensiones de operación electoral (Proceso 2032) desde ese espacio de gobierno. Su salida se precipitó cuando la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos electorales (Fepade) solicitó una orden de aprehensión en su contra como probable responsable de delitos electorales durante la campaña de Enrique Peña Nieto.
Aunque al final la Fepade se desistió, Escobar tuvo que salir de la Subsecretaría. A duras penas se mantuvo medio año en el puesto. La dependencia quedó acéfala tres meses, hasta que en febrero de este año fue designado para ella Alberto Begné Guerra, otro improvisado en materia de seguridad.
PF, BAJO LA MIRA
En ese ir y venir de los principales funcionarios encargados de reducir la violencia, el único que ha acompañado a Osorio Chong en toda su gestión es el comisionado general de la PF, Enrique Galindo Ceballos, quien, sin embargo, ahora se encuentra bajo presión debido a la ejecución sumaria de 22 civiles, presuntos narcotraficantes, en Tanhuato, Michoacán, a manos de efectivos de la Policía Federal, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Aunque la PF había librado los cuestionamientos sobre la muerte de civiles en Apatzingán, también en Michoacán, en enero de 2015, la CNDH la puso contra la pared cuando el pasado jueves 18 dio a conocer su informe sobre la matanza en el Rancho del Sol, entre los municipios de Tanhuato y Ecuandureo.
El informe y recomendación del organismo ocurrió en momentos en que la corporación es sometida a una investigación por el enfrentamiento con civiles durante un frustrado desalojo de maestros disidentes en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio, que dejó ocho muertos y decenas de heridos.
Incluso, el organismo técnico encargado de evaluar las políticas de seguridad pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ha sido objeto de los vaivenes de Peña Nieto. Hasta ahora ha tenido cinco titulares. En promedio, no han durado ni un año.
Uno de los fracasos más conocidos en el área de seguridad fue la designación de su amigo, Alfredo Castillo Cervantes, como comisionado especial de Seguridad en Michoacán. Sólo duró un año, de enero de 2014 a enero de 2015. Salió en medio del escándalo por la ejecución de civiles por parte de la PF en Apatzingán.
LA MANO DE LA SEGOB
En noviembre de 2014 el presidente propuso un decálogo en materia de seguridad en medio de la crisis por la desaparición, dos meses antes, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en la que participaron policías municipales de Iguala, y de la ejecución sumaria de al menos 15 civiles, presuntos delincuentes, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, por parte de elementos del 102 Batallón de Infantería del Ejército en junio de ese año.
Entre las medidas está la creación del Mando Único Policial para quitarle el control de la seguridad a los municipios. La propuesta, sin embargo, se encuentra detenida en el Congreso, donde se espera que sea modificada y acabe en un mando mixto; es decir, que no todos los municipios dejen de tener cuerpos policiacos.
Propuso además cambios legislativos para definir las competencias de los municipios en delincuencia y combatir la infiltración de la delincuencia organizada en ese nivel de gobierno. Las modificaciones siguen pendientes. También falta legislar la creación de un Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).
En la CNS lo único que Mondragón y Kalb concretó fue su propuesta de dividir el territorio nacional en cinco regiones para combatir a la delincuencia. Aunque esa política se mantiene, el resultado hasta ahora es que el país es tan violento como con Felipe Calderón (Proceso 2075), no obstante el periodo de un año de gracia que Peña Nieto pidió en marzo de 2013 para que ver "una reducción sensible” de la violencia y para ajustar su estrategia de seguridad.
SE MANTIENE LA VIOLENCIA
Al igual que su antecesor, Peña mide sus éxitos en seguridad por las detenciones de cabezas del narcotráfico. De una lista de 122 "objetivos”, en diciembre pasado aseguró haber atrapado a 96; aunque la violencia de la delincuencia organizada se mantiene prácticamente en todo el país.
La Segob ha replicado el esquema de las cinco regiones en otra que se anunció como una nueva estrategia del gobierno federal para combatir la delincuencia: la creación de un Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (Cenfi) con cinco centros regionales (Cerfis). El responsable formal del Cisen es Eugenio Ímaz Gispert, colaborador cercano de Osorio Chong desde el gobierno de Hidalgo. Sin conocimientos acreditados en materia de seguridad e inteligencia, Ímaz ha estado ausente del Cisen por motivos de salud.
Edmundo Salas Garza, exdirector de Análisis del Cisen, asegura que una de las fallas del gobierno de Peña Nieto en materia de seguridad e inteligencia ha sido la de reproducir el esquema de las administraciones anteriores: mantener al órgano de inteligencia del Estado en manos del secretario de Gobernación.
Un órgano de inteligencia no puede estar sujeto a los vaivenes de orden político de una dependencia como la Segob, dice Salas Garza, maestro en seguridad nacional y profesor en la materia en el Instituto Nacional de Administración Pública.
Para el especialista es mejor que no se haya presentado al Congreso la Ley de Seguridad Interior, porque a partir de una confusión sobre los efectos de las amenazas externas a la seguridad interior, se lograría el propósito de las Fuerzas Armadas de tener amplias facultades en materia de seguridad pública.