Cuando tres policías intentaron detenerlo afuera de la discoteca Mandala de Cancún, Héctor usó toda su fuerza para zafarse de ellos.
Acababa de comerse un hot dog en la calle acompañado de su amigo Maximiliano, y se disponía a regresar a la fiesta, dentro del Mandala, Héctor se dio cuenta de que Maximiliano no había podido escapar y decidió salir a buscarlo, -¿Por qué quieren detenernos? -preguntó a los policías, -Es una revisión de rutina. Si no traen nada, los soltamos -respondió un agente.
Maximiliano ya estaba a bordo de una patrulla modelo Avenger y Héctor tuvo que subirse a ella, eran las 3:30 de la madrugada del sábado 16 de marzo de 2013. Fue la última vez que Héctor pisó la calle en libertad, año y medio después, Héctor Manuel Casique Fernández está en la cárcel. La Procuraduría de Justicia de Quintana Roo lo acusa de pertenecer a Los Zetas.
Y lo involucra en el asesinato de siete personas ocurrido días antes de su detención en un bar llamado La Sirenita, en la zona popular de Cancún. La prensa local lo apoda El Diablo.
Héctor cumplirá 28 años en febrero próximo. De niño fue campeón de Tae Kwon Do. A los 20 años fue policía municipal en Benito Juárez, Cancún. Se especializó en artes marciales, defensa personal y manejo de armas. Tras cinco años de servicio, se retiró de la corporación y montó su propio negocio como instructor en acondicionamiento físico y protección de personas. Eventualmente, laboraba como escolta al servicio del gobierno estatal. En los días en que fue detenido, estaba negociando su ingreso a la Policía Judicial del estado.
Después de su arresto, Héctor sufrió todo el catálogo de castigos físicos y psicológicos contenido en la Convención de la ONU contra la Tortura: golpes, toques eléctricos, asfixia, aislamiento, abuso sexual. Fue obligado a declarar en esas condiciones para inculparse en el multihomicidio y contribuir a que las autoridades fabricaran la captura de un peligroso líder de Los Zetas.
Algunos de los policías con los que convivió, algunos de sus alumnos en cursos de defensa personal y manejo de armas, fueron sus torturadores.
Su caso está siendo investigado por la CNDH, Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos