La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó una reparación integral del daño y que se indague a servidores públicos por el caso de militares que cometieron “ejecución arbitraria en agravio de seis personas”, dos de ellas menores, en Técpan de Galeana, Guerrero, en 2012.
En un comunicado, la CNDH informó sobre una recomendación dirigida al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos Zepeda.
En ella se señala que en el caso elementos del Ejército cometieron cateo ilegal, detención arbitraria y ejecución arbitraria.
“Tras concluir sus investigaciones, este Organismo Nacional encontró evidencias que confirman que con tales acciones se violaron los derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad personal”, indicó este lunes 26 de septiembre, en un comunicado.
“Así como el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la vida, acceso a la justicia y a la verdad, de las seis personas ultimadas”, agregó.
En septiembre de 2012, recordó la Comisión, “mientras se festejaba el cumpleaños de una de las víctimas, 20 militares armados llegaron en dos vehículos oficiales y se introdujeron violentamente” en un domicilio.
“Sacaron a las dos personas menores de edad y cuatro adultos, uno de los cuales carecía de movilidad en ambas piernas, como consecuencia de un accidente automovilístico y a quien también en ese entonces se le practicó una colostomía”, detalló.
Citando a testigos, la Comisión apuntó que los agraviados “fueron subidos a los vehículos militares que partieron con rumbo al poblado El Guayabo, donde cerca de las 15 horas fueron privados de la vida con disparos de armas de fuego”.
Visitadores y peritos realizaron diversos trabajos de campo para recopilar testimonios y documentos, según la CNDH.
“La SEDENA fue la única autoridad que admitió haber participado en los hechos”, relató la Comisión.
“De las declaraciones de los 20 elementos del Ejército ante el Agente del Ministerio Público Militar se desprenden contradicciones e inconsistencias en relación con su versión de un enfrentamiento armado”, agregó.
En este caso, indicó la CNDH, el uso de la fuerza letal fue injustificado.
“Las víctimas, al encontrarse sometidas y desarmadas, no representaban una amenaza al personal de las fuerzas armadas, pues no portaban armas de fuego, objetos, instrumentos o herramientas que pusieran en peligro la vida de los militares o de terceros”, señaló la Comisión.
“Por todo lo anterior, la CNDH solicita al titular de la SEDENA la reparación integral del daño, que contemple atención médica y psicológica a los familiares, en calidad de víctimas, afectados por la privación de la vida de los seis agraviados, para restablecer su salud física y mental, así como una compensación y/o indemnización justa”, agregó.
De acuerdo con la CNDH, la Secretaría de la Defensa ya había realizado acciones de reparación, como entregar “alguna cantidad de dinero, cubrir los gastos funerarios y brindar atención psicológica a los familiares de las víctimas”.
Sin embargo ahora la Comisión insistió con una reparación “integral”, y otras medidas.
“Que se investiguen los delitos”
En su comunicado, el organismo de derechos humanos pidió “que se investiguen los delitos contra la disciplina militar que se pudieran desprender de la conducta que motivó esta Recomendación y por la colocación de armas de fuego en el lugar de los hechos”.
También que se dé una “colaboración amplia con la Comisión Nacional en la queja y denuncia de hechos que promueva ante la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, y la Procuraduría General de Justicia Militar, respectivamente, para que se investiguen los delitos contra la disciplina militar que se pudieran desprender de la conducta que motivó esta Recomendación y por la colocación de armas de fuego en el lugar de los hechos”.
En otro punto, la CNDH solicitó la colaboración del Ejército para “la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que formule ante la Procuraduría General de la República”.
Esto a fin de que se investigue a los servidores públicos federales que intervinieron en los hechos, y la procedencia de las armas involucradas en el caso.