Hace ocho años, el estado más violento del país era un dechado de tranquilidad. Hoy, Colima encabeza la lista de homicidios dolosos, es el escenario de una batalla entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, y la violencia ya se desbordó a toda la sociedad. Las estrategias de seguridad –si existen– no han servido de nada, y políticos de primer nivel y sus familiares están señalados de tener vínculos con la delincuencia organizada.
COLIMA, Col.- La tarde del pasado 20 de abril, Alma Hernández y su novio, Pedro Navarro –ambos de 21 años de edad–, fueron a comer a un establecimiento del centro comercial Walmart Tecnológico de esta ciudad. Tras finalizar, y cuando ya iban a subirse a la motocicleta del joven, fueron asesinados a balazos en el estacionamiento del lugar.
Alma era estudiante de octavo semestre de la carrera de arquitectura en el Instituto Tecnológico Regional de Colima (ITRC) y Pedro era cobrador de una tienda departamental. Para ganar un dinero extra se habían asociado para instalar un puesto de hotdogs, que colocaron afuera del domicilio de la muchacha, en el municipio conurbado de Villa de Álvarez.
Las hermanas de Alma se enteraron del doble asesinato a través de las redes sociales, cuando vieron fotografías de los cadáveres tirados boca arriba, todavía con el casco puesto. Su madre, una mujer que hace dos años perdió a su esposo y que actualmente se dedica a limpiar casas, supo de la tragedia cuando agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fueron por ella para que identificara el cuerpo de su hija.
Pedro y Alma son dos de las 287 víctimas mortales en lo que va de 2016. En menos de una década, esta entidad pasó de ser una de las más seguras del país a ocupar el primer lugar en homicidios dolosos.
Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) así lo demuestran: en 2008 Colima ocupó el lugar 25 en ese delito, con una tasa de 5.23 asesinatos por cada 100 mil habitantes. En los primeros sitios estaban Chihuahua (56.19), Sinaloa (41.48), Guerrero (28.13), Baja California (27.47) y Durango (26.41).
La realidad se transformó notablemente en el primer semestre de 2016, cuando Colima rebasó a las entidades antedichas y alcanzó una tasa de 39.01 asesinatos por cada 100 mil habitantes, seguida de lejos por Guerrero (29.32), Sinaloa (17.41), Morelos (14.41), Baja California (14.23) y Chihuahua (13.67).
La cantidad de homicidios dolosos en 2016 ya igualó a la de todo 2012, el año más sangriento de las últimas dos décadas en Colima, según los registros del SNSP.
Durante su campaña, el actual gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, prometió que los colimenses vivirían felices y seguros. Pero desde los primeros meses de su administración –iniciada en febrero pasado– aumentó la inseguridad.
Se ve y se siente… el terror
En el segundo trimestre del año, además, Colima fue la ciudad con el mayor incremento en la percepción de inseguridad pública en todo el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Esa medición, aplicada durante junio en 43 urbes mexicanas, mostró que 72.7% de la población colimense se siente insegura, cifra que superó en casi 13 puntos porcentuales a la de marzo pasado. En el mismo lapso, el promedio nacional se mantuvo estable, al pasar de 69.9 a 70%.
Aunque el gobierno de Peralta continúa con la estrategia de su antecesor, Mario Anguiano Moreno, de censurar la información sobre actos violentos –casi nunca se emiten comunicados oficiales en torno a homicidios– no ha podido impedir que trasciendan los hechos delictivos.
Así, los medios locales están llenos de reportes sobre ejecuciones, feminicidios y desaparición de personas, hallazgos de fosas clandestinas y de cuerpos descuartizados. Las notas se multiplican en Tecomán, Manzanillo, Colima, Armería y Cuauhtémoc.
Esta etapa violenta tiene sus antecedentes en octubre de 2015, en las últimas semanas del sexenio de Mario Anguiano. Ese mes se perpetró un atentado contra el exgobernador Fernando Moreno Peña, quien recibió cuatro balazos mientras desayunaba en un restaurante, y sobrevivió.
Ya en enero de este año fue ejecutado un sobrino de Moreno Peña, el abogado Samuel Rodríguez Moreno, quien años atrás había sido representante legal de una empresa de Gerardo Mendoza Chávez, identificado por las autoridades como operador de La Familia Michoacana en Colima y estaba acusado de ser el autor intelectual del asesinato del exgobernador Silverio Cavazos Ceballos, en 2010.
La noche del 6 de julio pasado fue ultimado el empresario Jaime Ernesto Vázquez Montes, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuando circulaba en su vehículo.
Hermano del exgobernador Gustavo Alberto Vázquez Montes –quien en 2005 murió al caer el avión del gobierno estatal en que viajaba–, Jaime Ernesto recibió siete de los 29 balazos de rifle R-15 disparados contra su camioneta desde otro vehículo, que al día siguiente apareció quemado entre Colima y Jalisco.
La razón de la sinrazón
De acuerdo con Eduardo Guerrero Gutiérrez, experto en seguridad de Lantia Consultores, el repunte de la violencia en Jalisco, Colima, Guanajuato, Zacatecas y Aguascalientes se relaciona con la expansión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Citado por el portal de noticias Sinembargo.mx, el especialista señala que en Colima la crisis se debe principalmente a que el CJNG y el Cártel de Sinaloa rivalizan por el control del puerto de Manzanillo.
Después de comparecer ante el Congreso del estado el 8 de junio anterior, el almirante Eduardo Villa Valenzuela, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, explicó las razones por las que –a su juicio– se multiplicaron los asesinatos:
“Esto es una guerra irregular en la que no vemos a los homicidas; están confundidos entre nosotros. Entonces vienen las ejecuciones cuando no hay policía, en que no hay procuraduría. Hay grupos delictivos muy fuertes, que vienen de otros estados, y las ejecuciones son entre ellos.”
Para el general José Francisco Gallardo Rodríguez, en Colima quedó evidenciada la incapacidad de las autoridades para enfrentar la violencia y la inseguridad.
En entrevista con Proceso, el militar retirado expone: “Aquí hay un vacío de poder; desde el punto de vista castrense es un territorio utilizado por esos grupos como un teatro de operaciones que les va a permitir disputar sus espacios, sus rutas comerciales, sus mecanismos de distribución”.
–¿Es casualidad que Colima sea un territorio de disputa? –se le pregunta.
–No. Estamos en occidente, un área muy importante geopolíticamente: tenemos el puerto de Manzanillo y el de Lázaro Cárdenas. Ese territorio sirve para extraer minerales, transportar drogas, trata de blancas.
Gallardo resume el problema: “Son reacomodos de estructuras de poder que operan en un estado, de carácter político, económico, social, criminal”.
Hace notar que pese al tiempo transcurrido no se han aclarado los delitos de alto impacto ni se ha informado a la sociedad sobre los móviles: “Podría ser que algunos de esos casos no tengan relación con el crimen organizado, sino con otras cosas; pero cómo podemos saberlo si la autoridad no ha informado con claridad al respecto”.
Desde las primeras semanas de su gubernatura, Peralta ubicó la seguridad como prioridad de su administración, aunque responsabilizó del problema a su antecesor, Mario Anguiano.
El corresponsal pidió una entrevista con el procurador de Justicia, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, para obtener su versión sobre la violencia que sufre Colima, pero no hubo respuesta a la solicitud.
En declaraciones realizadas al noticiero radiofónico Ángel Guardián el 8 de julio pasado, el fiscal deslindó de posibles vínculos con el crimen organizado a Jaime Ernesto Vázquez, quien había sido asesinado horas antes.
Frente a la ola de violencia que a más de cinco meses del inicio de la actual administración estatal no ha sido controlada, el Congreso del estado emitió el 13 de julio anterior un exhorto al mandatario para que sustituya al titular de la SSP, Eduardo Villa Valenzuela, “debido a los pésimos resultados en materia de seguridad”.
Presentado por la diputada panista Martha Leticia Sosa Govea, el punto de acuerdo también instó al jefe del Ejecutivo a definir nuevas políticas y estrategias de seguridad ciudadana.
Aprobado por mayoría, con el voto en contra de la fracción priista, el documento también planteó la comparecencia del procurador y el secretario de Seguridad Pública ante el Congreso.
Para la representante en Colima de la Red Nacional de Abogadas y Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida (Radar 4°), Adriana Ruiz Visfocri, el asesinato de la estudiante Alma Hernández, que no ha sido aclarado, es un caso emblemático porque “desmiente la postura que ha tenido el gobierno de que la violencia es resultado de ajustes de cuentas entre narcos, que es gente de fuera que anda en malos pasos y por eso le ocurre eso.
“Alma era una chica sana, era hija de familia, estudiante aplicada en sus estudios, era un apoyo para su familia y la asesinaron cobardemente.”
El presidente del Comité de Derechos Humanos no Gubernamental, Efraín Naranjo Cortés, urge al gobierno estatal a replantear la estrategia de seguridad, pues desde su punto de vista no se han hecho bien las cosas:
“Estamos ante un panorama muy complicado para todos. Los ciudadanos ya no salimos como lo hacíamos antes. Vemos que a cualquiera le puede suceder lo que le ha pasado a mucha gente: hay cientos de asesinados, desaparecidos y mujeres muertas. Hay miles de delitos y no hay una solución a la vista.”