En mi pasada columna escribía sobre la necesidad de detener, procesar y llevar ante la justicia a Javier Duarte. La Procuraduría General de la República anunció tanto las investigaciones que le permitió esfumarse. No es el único. Un recuento de la actividad criminal de los exgobernadores en los últimos años, no solo daría para decenas de procesos judiciales sino también sería un excelente motivo para la crónica literaria. En este espacio me limitaré a señalar algunos casos más escandalosos de los últimos.
La alternancia en México no terminó con la corrupción de los gobernadores acaso la diversificó. Estos dictadorzuelos regionales han sido comparados con los virreyes de la corona española que lejos del control férreo de la rey, hacían y deshacían a su antojo en una versión del poder como licencia para el despojo.
Legendarios por criminales, son los gobernadores históricos del PRI como Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí (1943 – 1949) o Maximino Ávila Camacho en Puebla (1951 – 1957), quienes no solo disponían a voluntad del erario sino de la vida o la muerte de las personas, en especial la de sus enemigos políticos. Esa era la norma del sistema porque estos personajes seguían el modelo del presidente. El control férreo de los medios y la información dejaban solo para los historiadores el recuento de sus tropelías. De cuando en cuando el sistema defenestraba a estos caciques locales pero a cambio les garantizaba impunidad y riqueza en su retiro.
Pero la época en que las caídas de gobernadores eran dictadas desde la presidencia, obedecidas disciplinadamente en los estados y presentadas como transiciones ordenadas ante la opinión pública, terminaron con la detención, proceso y extradición de Mario Villanueva Madrid del PRI Gobernador de Quintana Roo (1993 – 1999) quien desde el 2010 purga una condena de 30 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y crimen organizado.
A Villanueva Madrid le han seguido en la última década una amplia lista de políticos de todos los partidos lo que confirma nuestra afirmación sobre la existencia de un pacto de impunidad que unifica a la clase política mexicana. A continuación hago un recuento ilustrativo más no exhaustivo.
Tomás Yarringtón del PRI Gobernador de Tamaulipas (1999 – 2004). El 12 de mayo de 2012 el gobierno de Estados Unidos formuló cargos en su contra solicitando la confiscación de sus propiedades en Texas presuntamente adquiridas con dinero del narcotráfico proveniente principalmente de su acuerdo con el cartel de Los Zetas. A pesar de las varias investigaciones en México y EU, Yarringtón se encuentra en libertad.
Pablo Salazar Mendiguchía del PRD Gobernador de Chiapas (2000 – 2006). Fue detenido en 2011 por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y asociación delictuosa entre otras acusaciones por desviar 104 millones de pesos del erario público. En 2013 salió de prisión por un acuerdo con Gobernador Juan Sabines según su propio testimonio.
Luis Armando Reynosa Femat del PAN Gobernador de Aguascalientes (2004 – 2010). Terminó su gestión cuestionado por el manejo de las finanzas estatales. En junio de 2015 fue detenido por ejercicio indebido del servicio público y peculado. Se le acusó de compras simuladas y de desaparición de un equipo de alta tecnología para la intervención de las comunicaciones. Una línea de investigación apunta a sus vínculos con el crimen organizado.
Humberto Moreira del PRI Gobernador de Coahuila (2005 – 2012). Durante su gobierno Coahuila se hundió en la violencia generalizada, el asesinato y la desaparición de personas con masacres como la de Allende mientras el estado alcanzaba un endeudamiento histórico y él se catapultaba a la dirigencia nacional del PRI dejando en manos de su hermano la gubernatura. En 2015 autoridades en EU iniciaron investigaciones contra Moreira por lavado de dinero y en bajo cargos de malversación de fondos fue detenido en Madrid y liberado en días. Mientras los cargos en su contra se fortalecen, Moreira ha dedicado su atención en demandar al prestigiado analista Sergio Aguayo por difamación, en un acto claro de persecución legal de la libertad de expresión.
Andrés Granier Melo del PRI Gobernador de Tabasco (2007 – 2012). En diciembre de 2012 provocó la mayor crisis en el sistema estatal de salud cuyos hospitales quedaron sin posibilidades de atender a la población ante la falta de los más mínimos recursos, mientras él se jactaba de tener 400 pares de zapatos y mil camisas y le encontraban más de 88 millones de pesos en efectivo. En 2013 la PGR inició un proceso en su contra por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En ese mismo año fue detenido y aunque ha ganado varias batallas legales, aún purga prisión preventiva en la Ciudad de México.
Jesús García Reyna del PRI Gobernador interino de Michoacán (abril – octubre 2013). En 2014 es detenido por la Procuraduría General de la República acusado de pertenecer al cartel de Los Caballeros Templarios. Actualmente permanece recluido en Morelia.
A la lista de corruptos sobre quienes pesan procesos penales en curso y/o investigaciones administrativas, podemos sumar a Arturo Montiel del PRI en el Estado de Mexico, Fidel Herrera del PRI en Veracruz, Juan Sabines del PRD en Chiapas, Fausto Vallejo del PRI en Michoacán, Rodrigo Medina del PAN en Monterrey, Angel Aguirre Guerrero del PRD en Guerrero, Marcelo Ebrard del PRD en la Ciudad de México, César Duarte del PRI en Chihuahua y Guillermo Padrés del PAN en Sonora, que como Duarte actualmente se encuentra en fuga, lo que nos recuerda que desde hace muchos años al panismo se le fugaron también sus principios.
La lista es larga por lo que pregunto a mis lectores ¿A quienes más incluirían? De la misma manera una tarea pendiente es hacer el mismo recuento de los presidentes municipales corruptos lo que quizá nos llevaría años o como me dijo taxista al comentarle esta idea. “Menos esfuerzo sería hacer una lista de los honestos. Bastaría con los dedos de una mano y yo creo le sobrarían varios”.
El problema radica en que el actual modelo a seguir para los políticos mexicanos tiene como características principales, la creencia que los cargos de representación popular son en realidad patrimonio propio, presentan una ausencia total de principios tales como conflicto de intereses o rendición de cuentas y tienen la convicción en que la medida de todo político es el dinero.
Contra lo que pensamos millones de mexicanas y mexicanos, para ellos el modelo corrupto es un modelo exitoso dado que el más acabado ejemplo del ideal de político ocupa actualmente el más alto cargo del país.
